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Imponen impedimento de salida a mujer que ultrajó el Himno Nacional con letras LGBTQ+
Presentación periódica e impedimento de salida fueron impuestos como medida de coerción a Alicia Anabel Santos Díaz, acusada de alterar las letras del Himno Nacional Dominicano, en violación a varios artículos de la Ley 210-19.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Paz de Ciudad Nueva, luego de que el Ministerio Público sometiera a la mujer, de 54 años, quien fue apresada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) cuando se disponía a salir del país.
De acuerdo con el expediente presentado por el órgano acusador, Santos Díaz violó los artículos 37 y 39 de la referida normativa, que sanciona el delito de ultraje al Himno Nacional Dominicano.
La detención se produjo tras una investigación previa realizada por las autoridades, luego de que circularan en redes sociales y plataformas digitales contenidos audiovisuales en los que presuntamente se alteraban las letras del Himno Nacional, hecho que generó reacciones y denuncias públicas.
Ministerio Público explicó
Según explicó el Ministerio Público, antes de proceder con el arresto se realizaron diligencias investigativas, entre ellas la recopilación de evidencias digitales y el seguimiento a la imputada, lo que permitió establecer su presunta responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
Tras su arresto en el AILA, la imputada fue trasladada ante la jurisdicción correspondiente, donde se conoció la solicitud de medida de coerción, resultando en la imposición de presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras continúa el proceso judicial en su contra.
Ultraje al símbolo patrio
Las autoridades sostuvieron que el acto constituyó un ultraje a un símbolo patrio, ya que la Constitución dominicana establece que el Himno Nacional es único e invariable.
De acuerdo a la acusación, violaron los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios y sanciona cualquier acto que implique su irrespeto o alteración.
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Dictan tres meses de prisión a mayor del Ejército por muerte de Perla Yokasta
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra el mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, imputado por la muerte de la joven Perla Yokasta Santos Pacheco.
La muerte ocurrió en el sector Los Guandules la madrugada del pasado 26 de diciembre de 2025.
El juez Rigoberto Sena determinó que el oficial representa peligro de fuga y lo envió a cumplir la medida a Las Parras.
Ante la medida de coerción, el defensor de la familia de la víctima, Narciso Martínez Castillo, aseguró que el juez acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y la parte afectada para dar el veredicto.
“Ha quedado demostrado que la intención era matar. El disparo era a matar”, sostuvo el abogado, al tiempo que puntualizó que “el juez pudo comprobar y constatar que no existe ni pudieron presentar pruebas que demuestren que se trataba de un atraco”.
Asimismo, Castillo indicó que, por la condición de militar del imputado, la prisión preventiva resulta necesaria para preservar la investigación y evitar cualquier posible interferencia en el proceso.
“El juez comprobó que se utilizó su arma de reglamento y que el proyectil que causó la muerte de Perla salió de esa arma”, aseguró el abogado.
Inconformidad de la defensa del imputado
Rolando Corniel, abogado del imputado, reaccionó indignado ante el dictamen y dijo que su defendido tiene 31 años en las filas del Ejército.
“Entendemos que tanto la Policía, que hizo un expediente desconsiderado, como el Ministerio Público, son enemigos del glorioso Ejército Nacional, así que yo llamo a los altos mandos a que reflexionen porque lo que tenemos es enemigo de la Patria”, dijo el abogado.

Sobre la solicituD del MP
De acuerdo con la solicitud presentada por el Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) y el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, el hecho en horas de la madrugada, en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, del sector Los Guandules, Distrito Nacional, cuando el imputado Mesa Arismendy ultimó a Santos Pacheco de un disparo con su arma de reglamento.
La víctima se desplazaba por la referida avenida a bordo de una motocicleta, junto a su prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a la estación del combustible de la Av. Padre Castellanos del Ensanche Luperón, Distrito Nacional. Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Féliz Cornel y un adolescente de 17 años, a bordo de otra motocicleta.
Durante el trayecto, los acompañantes de la víctima escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento, marca Colt, cal. 45, serie Núm. 230457; el proyectil impactó a Santos Pacheco en la cabeza. Luego el imputado siguió caminando, siendo visto por un testigo en la zona.
El Ministerio Público, que inició de inmediato las investigaciones junto a miembros de la Policía Nacional, levantó varios videos donde se puede observar al imputado, Mesa Arismendy, caminando por la dirección indicada con su arma de reglamento en la mano.
El Ministerio Público obtuvo, mediante entrega voluntaria, el arma de reglamento, marca Colt, calibre 45 mm, serie Núm. 230457, con su cargador y cinco (5) cápsulas.
Dicha arma fue analizada, pudiéndose concluir que el casquillo levantado en la escena donde falleció Santos Pacheco corresponde en todas sus características con el obtenido al disparar el arma de fuego del imputado Mesa Arismendy.
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Jueza autoriza salida del país a imputado del caso Coral y Coral 5G para cita médica
La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, autorizó la salida del país hacia los Estados Unidos de Alejandro José Montero Cruz, imputado en la red de corrupción administrativa de los casos Coral y Coral 5G, con el objetivo de asistir a una cita médica por problemas de salud.
La autorización fue concedida para el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025. Debido a esta situación, el tribunal, integrado además por las magistradas Tania Yunes y Jissell Naranjo, decidió recesar la audiencia hasta el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que continuará el juicio seguido a los imputados de la estructura criminal del caso Coral y Coral 5G.
Esta red está compuesta por militares y policías acusados de estafar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, mediante nombramientos irregulares y otras anomalías administrativas.
Medidas judiciales y notificaciones oficiales
En la resolución, el tribunal ordenó a la secretaría notificar la autorización de salida a la Dirección General de Migración, a la parte solicitante, al Ministerio Público y a la parte querellante constituida en actor civil.
Montero Cruz cumple actualmente medida de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, la cual fue flexibilizada de manera temporal debido a su condición médica.
Según lo expuesto por las juezas, el imputado requiere atención médica especializada fuera del país, razón por la cual se decidió posponer el cronograma judicial, a fin de garantizar su derecho a la defensa y su presencia en el proceso.
Próxima audiencia y fase final del juicio
Para la próxima audiencia se espera que el tribunal retome la fase de conclusiones, así como las declaraciones finales de los imputados que decidan hacer uso de ese derecho en la sala de audiencias.
Será la oportunidad para que los acusados que así lo deseen se dirijan directamente a las juezas, una vez queden formalmente cerradas las constituciones de las partes.
Imputados del caso Coral y Coral 5G
En el caso Coral figuran como imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado financiero del Cusep; Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, colaborador principal del Ministerio Público.
En la Operación Coral 5G, derivada del caso Coral, están acusados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
También figuran como imputados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, todos bajo medidas de coerción.
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