La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó esta noche el anteproyecto de ley de regularización de documentos que propuso la diputada Maribel Almánzar de Ogando, de esa misma organización política, por considerar que es la Junta Central Electoral que debe definir estos procesos que deben ser siempre rigurosos.

Durante una reunión de la Dirección Ejecutiva del PRM, su máximo organismo, el vicepresidente ejecutivo Deligne Ascención puntualizó que: “como partido político nosotros rechazamos de manera contundente esta propuesta de esta legisladora y pedirles a nuestros legisladores y a ella también como miembro de nuestro partido que desista de esta iniciativa”.

Asimismo, al finalizar la reunión Eddy Olivares, también vicepresidente de esa organización política destacó que la propuesta de la referida diputada no había sido conocida por el partido ni por el Bloque, por lo que se sumó al rechazo a la misma.

“Todos lo tomamos en serio. Pero se trata de un anteproyecto. Como hay miles de anteproyectos que no llegan a ser proyectos en la Cámara de Diputados. Y esa no es la posición de nuestro partido. De manera que la rechaza el partido. Pero fue un anteproyecto que ni siquiera ha conocido el Bloque. Tendría que pasar por el bloque y de seguro que terminaría ahí. De manera que eso nunca tuvo posibilidad de ser discutido en la Cámara de Diputados”, advirtió Olivares.

En el mismo sentido señaló Roberto Fulcar, presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM: “A nosotros no nos parece sensato ni presentar ni abordar un tema de esa naturaleza en el contexto presente de la República Dominicana y lo que estamos viviendo casi en vísperas de un proceso electoral. No compartimos esa idea, no compartimos ese proyecto y tampoco es un proyecto del Partido Revolucionario Moderno y que dudo que el PRM lo pueda asumir”.

A principios del próximo año, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) pondrá en marcha el sistema de Inspección Técnica Vehicular (ITV), conocido popularmente como “revista”, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 63-17 de movilidad en República Dominicana.

El artículo 166 de esta legislación estipula la obligatoriedad de que todos los vehículos de motor del país se sometan a una revisión técnica anual.

Esta iniciativa, coordinada por el Intrant, busca garantizar que las unidades en circulación no representen un peligro para los usuarios de las vías públicas.

Cabe recordar que en 2025 se anunció un proyecto para materializar el ITV mediante una inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares.

No obstante, el mes pasado, Andrés Lugo Risk, director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), informó que dicho plan estaría listo para operar formalmente en el país en el año 2030.

El funcionario indicó, además, que el costo de la inspección rondaría los 2,000 pesos anuales por vehículo.

La verificación se realizaría una vez al año y tendría una duración estimada entre 10 y 15 minutos.

Habitualmente, el debate sobre el caótico tránsito dominicano se centra de forma casi exclusiva en las imprudencias de los motociclistas, choferes de autobuses urbanos (guagueros) y carros de concho.

No obstante, existe un problema estructural y una tarea pendiente igual de crucial: la ausencia de un sistema de inspección técnica vehicular, una carencia que convierte a miles de automóviles en auténticas bombas de tiempo sobre ruedas.

Ante esta realidad, el director del Intrant, Juan Manuel Méndez, consciente de la urgencia del problema, ha preparado un plan para inspeccionar las condiciones de los vehículos que circulan por las calles, carreteras y autopistas de todo el país.

La decisión de adoptará casi 10 años después de aprobarse la Ley 63-17, al cual fue aprobada en el 2017.

Vía El Nacional