Noticias
Envían por un mes a prisión agente AMET que trató de multar a una fiscal
La magistrada Evelyn Rodríguez, jueza del Tribunal de Atención Permanente, ordenó un mes de prisión preventiva contra el al agente de la Autoridad Metropolitana del Trasporte, Richardson Sabá Núñez. Cumplirá su condena en Najayo.
Sabá Núñez supuestamente agredió a la fiscal Surelis Jáquez, al momento de multarla por estar mal parqueada en una acera de la avenida Anacaona.
La fiscal Surelis, al salir de la audiencia, expresó que ahora teme por su vida ya que ha recibido llamadas amenazantes por parte de desconocidos.
Por otro lado, los abogados del agente de AMET, y su familia han rechazando la prisión.
El agente de la AMET no habló con la prensa cuando salió del tribunal.
El incidente entre Richardson y la fiscal fue grabado por el agente con un celular. Pero lo que alega la fiscal de que el Amet la agredió, no está grabado.
Mira el video
Nuestra opinión
Vamos a analizar esto. Lo primero es que siendo usted una fiscal lo que debe hacer primero es poner el ejemplo y no andar violando las leyes de tránsito, por las que debe velar.
Si usted estaba mal parqueada, obstaculizando la vía del peatón, acepte su falta, pida disculpas o acepte la multa humildemente. No se llene de soberbia solo porque es una autoridad.
Además ¿con qué moral va a pedirle cuentas a un infractor en un tribunal si usted está haciendo lo mismo que éste en las calles?
De ninguna manera estamos de acuerdo con que el agente de AMET haya agredido a la dama fiscal, sí es que lo hizo, porque en el video eso no se ve muy claro, por lo que a mi entender la justicia actuó a la ligera, sin investigar a fondo.
¿Y aquí se investiga nada? Claro que no. Es evidente que los compañeros de la fiscal encargados de administrar «justicia» quisieron darle un espaldarazo mandando a su supuesto agresor a la cárcel y ahora ella dice que no puede pasar por donde hayan agentes de AMET porque se siente amenazada ¡válgame Dios! ¡cuántas cosas!
Pero asi son las cosas en este «ensayo de país», usted sale a velar a que la gente cumpla con la ley y como premio recibe prisión mientras el infractor queda libre solo porque tiene poder.
Este país es una mierda, este país hay que cerrarlo.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
Noticias
Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
