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Ministerio Público someterá y pedirá prisión contra personas que lanzaron excrementos a Suprema
La Procuraduría General de la República identificó a los autores de la acción, apresados en flagrante delito
El Ministerio Público identificó a los miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) que lanzaron el lunes heces fecales a la edificación que aloja la entidad y a la Suprema Corte de Justicia. Dijo que los someterá a la justicia y pedirá prisión preventiva contra ellos.
Además de los excrementos, los imputados lanzaron piedras a la edificación, de acuerdo al Ministerio Público.
Los apresados son Manuel Robinson Morillo Martínez, Juan Antonio Martínez Paredes, Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Báez Jacobo, Cristian Ismael Jiménez Rosario, Richard Hernández Peralta y Gabriel Sánchez Rosario, quien se identificó como vocero del grupo y reinvindicó la acción cuando fueron detenidos.
Fueron detenidos en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional, indica Diario Libre.
El Ministerio Público calificó los hechos de violación a los artículos 265, 266, 222, los cuales tipifican la asociación de malhechores, el ultraje y violencia a la autoridad pública, así como los artículos 17 y 18 de la Ley de los Símbolos Patrios, además de los artículos 1 y 2 de la Ley 5797 sobre Destrucción de Propiedad Pública.
El lanzamiento de los excrementos al edificio, ubicado en el Centro de los Héroes, del Distrito Nacional, fue escenificado la mañana del unes mientras se realizaban actos conmemorativos por el Día del Poder Judicial.
El procurador instruyó a la fiscal de Distrito Nacional, Rosalba Ramos, comprobar los hechos y que dentro de sus atribuciones, en las próximas horas le sea solicitada medida de coerción consistente en prisión preventiva al grupo infractor del orden público.
En declaraciones ofrecidas en una nota de prensa, Rodríguez manifestó “que no permitirá que se generen daños a la propiedad pública, se le falte el respeto a los símbolos patrios, ni que sean ultrajadas las instituciones del Estado”.
El grupo será sometido bajo acusación de alteración del orden público y ultrajar la Bandera Nacional, así como generar daños al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
