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Haitianos matan capitán del ejército dominicano

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Un grupo de haitianos que ingresó de manera ilegal por la frontera al país mató a un oficial del Ejército de República Dominicana e hirió a otro mientras realizaban labores de patrulla, en el lugar conocido como Los Rieles del municipio Manzanillo.

En horas de la noche el Ministerio de de Defensa informó que fueron apresados tres de los cinco haitianos indocumentados que las autoridades han identificado como los autores del asesinato del capitán del Ejército de la República Dominicana, Nelson Manuel Belliard Felipe, de 49 años, y las heridas causadas al sargento mayor, Jeremías Mateo Espinal, de 34, ocurrido ayer en la comunidad de Los Rieles de Copey, municipio Manzanillo, provincia Monte Cristi.

El comunidado dado a conocer por la institución precisa que ambos soldados patrullaban juntos la zona.

La víctima presenta múltiples heridas de arma blanca en el tórax posterior, según diagnóstico ofrecido por la médico legista, Rosibel Grullón.

Los oficiales militares fueron agredidos en momentos en que la patrulla de la cual formaban parte detuvo a los haitianos ilegales, quienes desoyeron la orden y respondieron de manera violenta, despojándolos de un fusil de la institución militar y otras pertenencias.

En cuanto al capitán Belliard Felipe, fue llevado moribundo a una clínica de Monte Cristi, donde antes de fallecer dijo que tanto él como su compañero fueron atacados por haitianos que estaban escondidos en el monte y los sorprendieron por la espalda propinándoles varias puñaladas.

Su cadáver fue depositado en la morgue del centro de salud para ser entregado a sus familiares.

Uno de los apresados se encontraba cerca de donde ocurrió el incidente. Las autoridades informaron que el arrrestado, quien estaba escondido en las malezas que bordean la comunidad Copey, está siendo investigado.

Los haitianos fueron apresados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Transporte (Cesfront) y entregados al ministerio público de Monte Cristi.

A finales de junio pasado en Dajabón, una turba de haitianos hirió de gravedad a un capitán y a un sargento del Ejército de la República Dominicana, quienes formaban parte de una patrulla en esta comunidad.

En ese entonces, los militares heridos por arma blanca y objetos contundentes fueron el capitán Berto Ramírez Tejada, quien terminó con un trauma craneal, fractura de la base del cráneo, herida craneal, faciales y nasal; mientras que el sargento Santo A. Peña Plata, sufrió una herida en la frente.

En octubre pasado, luego de la fuga de más de 100 presos de la cárcel de Arcahaie, al Noroeste de Puerto Príncipe, Haití, las autoridades dominicanas dispusieron el reforzamiento de la frontera, para lo cual aumentaron el número de soldados.

La disposición estuvo a cargo del ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, quien impartió instrucciones al Ejército de la República Dominicana (ERD) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), para que aumentaran la vigilancia en los diferentes puntos ubicados en la franja fonteriza entre ambos países.

La medida fue dispuesta para evitar que los reos haitianos, que se escaparon de la cárcel tras el paso del huracán Matthew, pudieran ingresar a territorio dominicano por los principales puntos fronterizos.

Sin embargo, pese a todas las medidas de seguridad y los esfuerzos que hace el Gobierno dominicano para evitar la entrada de haitianos ilegales hacia el país, éstos siempre encuentran los mecanismo para penetrar.

El Cesfront ha informado que mantiene operativos continuos en la frontera.

Listin Diario

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría dice indaga supuestas irregularidades en allanamiento realizado a oficina de Abel Martínez

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento realizado la mañana de este viernes en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que opera la oficina política delalcalde de esa ciudad.

El inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (DICTCI) y la división Santiago de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El allanamiento se realizó con una orden expedida por Cirilo Salomón, juez de la instrucción de este distrito judicial.

El alcalde Abel Martínez Durán denunció supuestas irregularidades en el procedimiento, una denuncia que busca esclarecer el inspector Medina de los Santos.

El fiscal de Santiago comunicó, luego del allanamiento, que no se trató de una operación en contra de Abel Martínez, como lo reportaron algunos medios informativos y que, aunque el allanamiento se ampara en el Auto No. 00217-2021, de fecha 13-1-2021, no fue dirigido en contra del alcalde.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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