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DJ dominicano acusado de violar menor de 13 años, enfrenta nuevos cargos de una tercera víctima

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NUEVA YORK. Los fiscales de Lawrence (Massachusetts), adicionaron nuevos cargos por abuso sexual al DJ dominicano Angel Rafael Mateo Valera, conocido también como “DJ La Rabia”, después que una presunta segunda víctima, denunció que también fue violada por el acusado.

Mateo, de 21 años de edad, fue detenido después que la menor denunció que él la llevó por la fuerza a un apartamento de la calle Phillips, la retuvo contra su voluntad y la violó varias veces.

El hecho ocurrió el 20 de octubre y después de la detención y cargos originales a Mateo, quien también es investigado por abusar de una mujer de 27 años, apareció una tercera víctima alegando haber sido sexualmente abusada.

La mujer, identificada sólo como “Doe”, para su protección, le dijo a la policía que fue atacada el 11 de junio por Mateo en el área de la calle Phillips.

La edad de la tercera denunciante, no se especifica en el expediente, y ella dijo que después que estacionó su carro temprano esa mañana, vio a Mateo caminando por la zona, según un informe presentado por el detective Maurice Aguiler después de entrevistar a la presunta víctima el 27 de octubre .

La mujer dijo que mientras se acercaba para agarrar sus libros del asiento trasero de su coche, Mateo presuntamente la empujó hacia el asiento trasero a punta de cuchillo y luego se puso encima de ella.

La víctima relató que pateó y gritó y Mateo le dijo que se callara. Luego le puso una cerradura en la cabeza y le dio una bofetada muy fuerte.

“Me resistí y él (Mateo), me golpeó un par de veces en la cara, estaba sangrando por la boca, pensé que quería tocar mis pechos, así que puse una carpeta en mis senos”, relató ella a los investigadores.

A continuación, dijo que la arrastró desde el carro, al otro lado de la calle donde finalmente logró escapar de él.

“Pensé que me iba a violar y luego me mataría, así que luché duro y grité para llamar a la policía”, contó la mujer al oficial Aguiler.

El oficial le preguntó que si era posible que Mateo, estuviera tratando de robarle.

“No realmente porque le grité ¿qué quieres? y él acaba de ponerse encima de mí”, respondió la mujer.

Ella dijo que llevaba su bolso a través amarrado a la cadera y que tenía las llaves del carro y Mateo no trató de coger nada de eso.

“Él nunca me pidió dinero ni nada, simplemente me empujó hasta el asiento trasero del carro y se puso encima de mí”, agregó, según el informe policial.

Como resultado de esa denuncia, Mateo también fue acusado de agresión sexual con la intención de violar y secuestrar.

Mañana martes será instruido de los nuevos cargos en la Corte del Distrito de Lawrence.

Además de los casos de las tres víctimas actuales, una amplia investigación policial sobre Mateo continúa y más cargos podrían serle achacados, dijeron los investigadores.

Después de su arresto el 20 de octubre, la policía obtuvo el teléfono celular de Mateo, el cual contenía numerosas fotos y videos de “mujeres jóvenes en circunstancias sexualmente explícitas”, según el reporte policial.

Un video mostraba a una mujer haciendo un acto sexual bajo lo que parece ser “coacción”.

“Ella está llorando a través de video”, según el informe de la policía de Lawrence.

Mateo ya ha sido acusado de secuestro, violación de una niña con aplicación de fuerza, agresión con intención de violación y asalto y otros delitos relacionados.

En abril, Mateo también fue arrestado y acusado de extorsión, difusión ilegal de material obsceno y amenazas.

Esos cargos fueron levantados después de que el DJ supuestamente amenazó a su ex novia, advirtiéndole que si ella no realizaba un acto sexual con él, publicaría un vídeo de sexo entre ambos en redes sociales y arruinaría su imagen.

Después de su procesamiento por esas acusaciones, Mateo fue liberado pero con un brazalete de monitoreo GPS.

El 20 de octubre, la niña de 13 años dijo a la policía que el hombre que la violó llevaba “un brazalete de recluso”.

Después de que la fotografía de Mateo apareció en Facebook, la mujer de 27 años fue a la policía y dijo que inmediatamente reconoció a Mateo como el hombre que la agredió sexualmente el 28 de mayo.

La mujer dijo que había salido de una fiesta y poco después de que ella aparcó, un hombre se le acercó, diciéndole que su nombre era “Angel” y que era un DJ en la calle Essex.

La mujer dijo que trató de alejarse, pero Mateo la agarró por el brazo, la atrajo hacia él y trató de besarla por la fuerza.

A medida que luchaba para escapar, el hombre la amarró usando un cerrojo y la arrastró hasta las calles Boxford y Phillips.

La mujer dijo que logró agarrarse a una valla de alambre con cadena y golpear al DJ con un zapato, que se sacudió, lo que ella aprovechó para huir a su casa.

Diario Libre/ Miguel Cruz Tejada

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría dice indaga supuestas irregularidades en allanamiento realizado a oficina de Abel Martínez

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento realizado la mañana de este viernes en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que opera la oficina política delalcalde de esa ciudad.

El inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (DICTCI) y la división Santiago de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El allanamiento se realizó con una orden expedida por Cirilo Salomón, juez de la instrucción de este distrito judicial.

El alcalde Abel Martínez Durán denunció supuestas irregularidades en el procedimiento, una denuncia que busca esclarecer el inspector Medina de los Santos.

El fiscal de Santiago comunicó, luego del allanamiento, que no se trató de una operación en contra de Abel Martínez, como lo reportaron algunos medios informativos y que, aunque el allanamiento se ampara en el Auto No. 00217-2021, de fecha 13-1-2021, no fue dirigido en contra del alcalde.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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