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Madre de Carla Massiel denuncia Procurador no quiso recibirla

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La madre de la niña Carla Massiel, Diolandita Cabrera, denunció este jueves que el procurador general de la República,  Jean Alain Rodríguez, no quiso recibirla y en consecuencia exigió que se investigue a Liliana Santana por la muerte de su hija.

“Quiero que me la estén investigando y la quiero presa, porque es una asesina”, dijo.

Liliana Santana es hija del dueño de la clínica Integral, Hipólito Santana, presuntamente incluida en una investigación, por la acusación de tráfico de órganos.

Cabrera, quien acudió a la Procuraduría en compañía de su abogado, Plutarco Jáquez, señaló que fue al despacho del Procurador a exigir los documentos por el caso de Carla y que éste se negó a darle la cara y a atenderla.

“Yo quiero que él me atienda y que me entregue todos los informes que tiene que entregarme, porque tiene todo secuestrado”, resaltó.

Reiteró que en varias ocasiones ha ido al despacho de Jean Alain Rodríguez y no ha sido recibida y que necesita saber qué fue lo que pasó realmente con su hija.

“El imputado lo dice todo y hay muchos allanamientos que se han hecho y tienen la finca acorralada para que no hallen más pruebas y ahí hay pruebas de más. Yo le pido a ese señor (el Procurador) que desbaraten esa finca completamente que van a hallar muchos huesos de niños de más. Hay muchos niños que ellos han destruido y le han sacado los órganos”, resaltó.

Destacó que el dueño de la clínica que inicialmente estaba siendo investigada, ha hecho muchos cambios en su físico, “Hipólito Santana no tenía cabello y se trasplantó cabello, él cogió los órganos de mi hija para ponérselos él y está vivo, que lo busquen porque lo mandaron a sacar de donde estaba. Yo quiero justicia, yo quiero que lo agarren preso”, expresó.

Carla Massiel Cabrera Reyes, desapareció el 25 de junio de 2015, de la comunidad La Guáyiga. Desde entonces sus padres nunca más supieron de ella hasta el mes de agosto de este año, cuando investigadores encontraron sus restos en La Cuaba, del kilómetro 23 de la autopista Duarte.

El Caribe

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría dice indaga supuestas irregularidades en allanamiento realizado a oficina de Abel Martínez

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento realizado la mañana de este viernes en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que opera la oficina política delalcalde de esa ciudad.

El inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (DICTCI) y la división Santiago de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El allanamiento se realizó con una orden expedida por Cirilo Salomón, juez de la instrucción de este distrito judicial.

El alcalde Abel Martínez Durán denunció supuestas irregularidades en el procedimiento, una denuncia que busca esclarecer el inspector Medina de los Santos.

El fiscal de Santiago comunicó, luego del allanamiento, que no se trató de una operación en contra de Abel Martínez, como lo reportaron algunos medios informativos y que, aunque el allanamiento se ampara en el Auto No. 00217-2021, de fecha 13-1-2021, no fue dirigido en contra del alcalde.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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