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Mueren tres al caer mata de javilla en vivienda en Salcedo; ya son 13 los fallecidos por lluvias

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Los frecuentes aguaceros que han afectado a República Dominicana en este mes de noviembre han segado la vida de 13 personas, ocho de ellas menores de edad, según los reportes de las autoridades.

Las víctimas de las últimas 24 horas son el niño José Miguel, de 11 años; los adolescentes José Antonio Reynoso, Carlos Manuel y Katherine Martínez, así como el joven Leudy Ramón Santana, de 27 años.

Los dos primeros fueron arrastrados por las crecidas los ríos Haya, en San Francisco de Macorís, y Jayabo, en Villa Tapia, Hermanas Mirabal, y los restantes tres al caer una mata de javilla a su vivienda de madera en Salcedo.

Algunos de los decesos de los adolescentes tuvieron como origen la osadía de la infancia de no calcular riesgos lejos de un adulto, al jugar al nado con otros compañeros en los afluentes.

Así lo demuestran los casos de Ángel David Rijo, de 12 años, arrastrado por el río Soco, en San Pedro de Macorís, cuando jugaba con otros niños tirándose a la corriente desde el puente Eugenio Miches, y de José Antonio Reynoso, también mientras realizaba una competencia con jóvenes de su edad.

Otra de las víctimas es el niño Biannel Rafael, de ocho años y quien residía en la comunidad de las Yerbas. Cayó el pasado sábado a las aguas del río Bacui, tratando de recuperar un juguete que se le había caído, cuando jugaba con otros infantes.

Las lluvias también segaron la vida, el pasado 6 de noviembre, del menor Yeimy Hiciano, de cinco años, quien residía con sus padres en Quebrada Honda, en Moca, y cuyo cuerpo fue rescatado de las aguas de una cañada por los organismos de socorro.

Una semana antes del deceso de Hiciano, también en Moca, se había ahogado Luis David Grullón, de siete años, también por la corriente de una cañada en la comunidad Boca Ferrea, del distrito municipal Las Lagunas, después de fuertes aguaceros en ese municipio.

Asimismo, permanecen heridos de gravedad el niño Leudy Santana Martínez, de un año, y su madre Rosa María Martínez, de 38 años, parientes de los adolescentes fallecidos Carlos Manuel y Katherine Martínez y del joven joven Leudy Ramón Santana.

El Gobierno calculó la pasada semana los daños por las lluvias a infraestructuras por más de cinco mil millones de pesos, sin incluir los causados a la agricultura. Ayer, los desplazados a casas de familiares y amigos, así como a refugios oficiales superaban la cifra de los 9,200.

Cinco adultos
Además de Leudy Ramón Santana, de 27 años, el pasado fin de semana, un joven haitiano fue encontrado en La Poza, Jarabacoa, y no fue identificado. También, durante una reunión con el presidente Danilo Medina, el día 14, los gobernadores dieron la cifra de que otros tres adultos habían muerto, pero no los identificaron.

Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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VIDEO: Fuertemente armados seis hombres asaltan estación de gas

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A plena luz del día, con pasamontañas, en una camioneta doble cabina y con armas de distintos calibres. Así llegaron seis delincuentes y asaltaron una estación de expendio de Gas Licuado de Petróleo en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este.

Un video de la cámara de seguridad del establecimiento capta la acción de los asaltantes, mientras el tránsito continuaba normal, y los conductores estaban ajenos a lo que allí ocurría, publica el Listin Diario.

Llegan en la camioneta, el conductor permanece en ella y bajan cinco hombres con armas largas y cortas. Entran y solo se observa su movimiento sin captar el momento en que los empleados son atados con tairrá.

Primero sacan una bolsa plástica que se presume tenía dinero, luego uno de los hombres armados cierra a la mitad el portón de hierro y sacan una caja.

Mientras el asalto se escenificaba, en un colmado ubicado al frente, del otro lado de la calle, un grupo de personas que observó la acción salió despavorido. Cerraron el negocio y desaparecieron como por arte de magia.

Se dijo que hubo disparos en el interior de la estación de GLP, pero no hay informes de heridos.

El video tiene fecha del 21 de mayo, pero dicen que ocurrió ayer 23 en horas de la tarde.

Aunque la noticia es tendencia en las redes sociales, no hay informes de la Policía Nacional.

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Inspectoría MP pide suspensión de fiscal SFM solicitó cambiar coerción a acusado de matar a su pareja

El inspector del MP también solicitó la suspensión del procurador de la corte Antonio de Jesús Báez Tapia, de Montecristi

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polanco Henríquez de la provincia Duarte y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez Tapia de Montecristi por incurrir en “faltas graves” y “muy graves”.

El procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general, presentó la solicitud a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.

“Engels Luis Polanco Henríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”, explica la instancia relacionada con el caso de una mujer asesinada de 351 cuchilladas.

La petición se hace luego de que este solicitara la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica para Eusebio Rosario Hernández (Eddy), acusado de matar a cuchilladas a Carmen Paulino Gabriel (Rafelina) en un hecho ocurrido en junio de 2021 en San Francisco de Macorís.

La Inspectoría General del Ministerio indica que la postura del fiscalizador se «aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Rosario Hernández (Eddy), imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen.

Señala que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.

Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.

El inspector Medina de los Santos señala además, en una nota enviada por Procuraduría General, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva. Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido, máxime en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa”.

Caso Montecristi
En cuanto al procurador de corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia, el inspector Medina de los Santos solicitó el pasado 16 de mayo la suspensión de dicho representante del Ministerio Público, por ejercer sus funciones indebidamente, “al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.

Plantea que Báez Tapia incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.

Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.

La exfiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos son procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un video conocido por casi toda la población.

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