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Procurador cancela a la fiscal de Higüey que abofeteó a conserje

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La Procuraduría General de la República informó que se dispuso la cancelación de la fiscalizadora del municipio de Higüey, Elizabeth Rijo, luego de confirmarse que protagonizara una agresión física contra una conserje de la institución.

La denuncia de la agresión fue recibida a través de diversos medios, y de inmediato el procurador general instruyó a la Inspectoría General del Ministerio Público para que realizara una investigación al respecto y entregara un informe cuanto antes.

Una comisión encabezada por el procurador general adjunto, Bolívar Sánchez, el magistrado Domingo Cabrera y la magistrada Miriam Cordones, practicaron entrevistas e interrogatorios a varios miembros del Ministerio Público incluyendo testigos y a las involucradas en el incidente, tras lo cual se comprobó la veracidad de la agresión contra la señora Juana Dilia Paniagua Hidalgo.

En ese sentido, el jefe del Ministerio Público, Jean Rodríguez aseguró que bajo ninguna circunstancia permitirá que servidores del Ministerio Público se vean involucrados en hechos que atenten contra la moral y las buenas formas en el ejercicio de sus funciones, y mucho menos que se produzcan agresiones físicas entre miembros de la misma organización.

“Es inaceptable este tipo de conductas en donde ha sido afectada una conserje de nuestra institución, víctima del abuso de poder de quien como superiora inmediata, debía ser el ejemplo de un accionar basado en el respeto mutuo, apegada a las normas que rigen a todo servidor público. No podemos ser indiferentes ante esta lamentable y deplorable acción. Quien no respete a sus compañeros de labores, tampoco respetará a los usuarios que acuden diariamente en busca de apoyo y asistencia por parte del Ministerio Público y bajo ninguna circunstancia estas conductas encontrarán impunidad ni respaldo en nuestra gestión”, expresó Jean Rodríguez a través de un comunicado de prensa.

La desvinculación de Elizabeth Rijo se realiza de forma administrativa, considerando las recomendaciones del informe presentado por la Inspectoría General, en donde se estableció la veracidad de la agresión denunciada, el cual indica, además, que Elizabeth Rijo violentó el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica del MP (Ley 133-11), que típica como “falta grave incurrir en conducta inmoral en el trabajo o en algún acto que afecte gravemente al Ministerio Público”, así como la Ley 4108 sobre Función Pública, que en su artículo 84 numero 4, que expresa “incurrir en falta de probidad, vía de hechos, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órganos o entidades.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Desalojan vendedores de la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un desalojo la mañana de este jueves a vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

En el lugar hay varias maquinarias y personal de la institución en las labores de remoción de los comercios ambulantes ubicados en las aceras y avenida.

El desalojo, según las autoridades, se debe a la remodelación del lugar y los vendedores habían sido notificados con antelación.

Asimismo, según informó Salutiano Pichardo, abogado del departamento de avalúo, de los 24 vendedores del área solo faltan 4 por el pago de la indemnización.

Sin embargo, en el lugar aquellos que sostienen que no han recibido la indemnización y que tampoco les han brindado información sobre esta se mantienen en el lugar esperando respuestas.

«Llegaron, nos rompieron las mesas y no nos dan respuestas», manifestó Ramón Ortega, quien tenía un puesto de venta de accesorios telefónicos en la parada.

Al igual que Ortega, los demás vendedores arrastran las mesas que hasta el momento del desalojo utilizaban para sus negocios para evitar que los agentes se las retengan.

En este lugar funciona una parada de autobuses que tienen como destino la región norte del país y es donde el Gobierno ejecuta un plan de ampliación de vías para facilitar el ingreso y a la salida a la capital dominicana.

Vía Listín Diario

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Minerd: 32 profesores fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual en el año escolar 2023-2024

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) desvinculó a ocho docentes y mantiene a 24 suspendidos «por acoso sexual» en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024, conforme a reporte de esta entidad emitido este domingo.

Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con y en Santiago, Regional 08, con 4.

Los nombres de los profesores no fueron suministrados por Educación.

De acuerdo a una nota de prensa del Minerd, de los 32 docentes separados de las escuelas públicas por acoso sexual, «ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación. Actualmente, hay seis profesores sometidos a la acción de la justicia».

El Minerd dijo que esta medida es parte de su compromiso fundamental de propiciar un entorno seguro para los estudiantes y sancionar las acciones indebidas en la comunidad educativa.

Las desvinculaciones y suspensiones se produjeron luego de que el Minerd comprobara que los maestros transgredieron el Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del Sistema de Educación Preuniversitario», refiere el documento.

Violaron Código de Ética
Aprobado a través de la Orden Departamental No. 13-2023, el Código de Ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.

Las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08 numerales 4,14,17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de actos constituye una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.

«Otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, respectivamente», estableció el Minerd.

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