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Procurador cancela a la fiscal de Higüey que abofeteó a conserje
La Procuraduría General de la República informó que se dispuso la cancelación de la fiscalizadora del municipio de Higüey, Elizabeth Rijo, luego de confirmarse que protagonizara una agresión física contra una conserje de la institución.
La denuncia de la agresión fue recibida a través de diversos medios, y de inmediato el procurador general instruyó a la Inspectoría General del Ministerio Público para que realizara una investigación al respecto y entregara un informe cuanto antes.
Una comisión encabezada por el procurador general adjunto, Bolívar Sánchez, el magistrado Domingo Cabrera y la magistrada Miriam Cordones, practicaron entrevistas e interrogatorios a varios miembros del Ministerio Público incluyendo testigos y a las involucradas en el incidente, tras lo cual se comprobó la veracidad de la agresión contra la señora Juana Dilia Paniagua Hidalgo.
En ese sentido, el jefe del Ministerio Público, Jean Rodríguez aseguró que bajo ninguna circunstancia permitirá que servidores del Ministerio Público se vean involucrados en hechos que atenten contra la moral y las buenas formas en el ejercicio de sus funciones, y mucho menos que se produzcan agresiones físicas entre miembros de la misma organización.
“Es inaceptable este tipo de conductas en donde ha sido afectada una conserje de nuestra institución, víctima del abuso de poder de quien como superiora inmediata, debía ser el ejemplo de un accionar basado en el respeto mutuo, apegada a las normas que rigen a todo servidor público. No podemos ser indiferentes ante esta lamentable y deplorable acción. Quien no respete a sus compañeros de labores, tampoco respetará a los usuarios que acuden diariamente en busca de apoyo y asistencia por parte del Ministerio Público y bajo ninguna circunstancia estas conductas encontrarán impunidad ni respaldo en nuestra gestión”, expresó Jean Rodríguez a través de un comunicado de prensa.
La desvinculación de Elizabeth Rijo se realiza de forma administrativa, considerando las recomendaciones del informe presentado por la Inspectoría General, en donde se estableció la veracidad de la agresión denunciada, el cual indica, además, que Elizabeth Rijo violentó el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica del MP (Ley 133-11), que típica como “falta grave incurrir en conducta inmoral en el trabajo o en algún acto que afecte gravemente al Ministerio Público”, así como la Ley 4108 sobre Función Pública, que en su artículo 84 numero 4, que expresa “incurrir en falta de probidad, vía de hechos, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órganos o entidades.
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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz
A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.
Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.
Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.
Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.
Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.
Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.
Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.
Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.
«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.
Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».
«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».
Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.
Un historial recurrente en los tribunales
Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).
Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.
El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.
Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.
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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago
La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.
La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.
De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.
Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.
Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.
Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.
Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.
Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.
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