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Comisión Procuraduría exhuma cadáver de joven embarazada asesinada en Bonao
TONY BRITO/HOY. Una comisión de la Procuraduría General de la República, encabezada por científicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el procurador fiscal de la provincia Monseñor Nouel, Joel López Gómez, se dirigió al cementerio Caracol, en el municipio Bonao, con el fin de exhumar el cadáver de una joven embarazada asesinada a cuchilladas.
La medida fue tomada luego de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ordenara una investigación “profunda” sobre el crimen de la joven Thalía Rosario de Jesús, por lo que tras exhumar sus restos se le practicará una prueba de ADN para determinar de quien era el embarazo y así despejar dudas.
Rodríguez dispuso que el Ministerio Público refuerce las labores de investigación para esclarecer el caso de Rosario de Jesús, de 21 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en un solar baldío de esta ciudad.
En ese sentido, aseguró que ofrecerán soporte tanto en el aspecto técnico como de cualquier otra índole que sea necesario, a los fines de dar respuesta a este caso, cuya investigación está encabezada por el procurador fiscal López Gómez.
El cuerpo de la joven en estado de gestación fue hallado en octubre luego de que fuera reportada como desaparecida por sus familiares.
El cadáver fue encontrado con heridas múltiples en los alrededores de su residencia, ubicada en el sector Máximo Gómez de Bonao.
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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado
Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.
En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.
En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.
En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).
La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.
Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.
«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.
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Hackean a Salud Pública y le roban más de 8 mil archivos de vacunados
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, confirmaron el robo de más de 8 mil archivos de personas vacunadas contra la Covid-19 de una base de datos oficial.
La institución informó que estos datos, que incluyen nombres, números de teléfono y direcciones, fueron sustraídos con la intención de venderlos en la Dark Web por entre 1 y 3 euros cada uno.
La Dark Web es un espacio en línea no indexado por motores de búsqueda comunes, utilizado para actividades delictivas como la venta de drogas, armas y datos robados. Los hackers aprovecharon la falta de protección de las computadoras del Ministerio de Salud Pública, que no contaban con un antivirus actualizado, para introducir un malware y extraer la información de los vacunados.
La Policía Nacional ha iniciado una investigación y ha identificado una dirección IP relacionada con el robo de datos.
Sin embargo, la dificultad para rastrear a los responsables radica en su presencia en la Dark Web, donde se requieren herramientas especializadas como TOR para acceder.
Este incidente se suma a una serie de hackeos a instituciones del Estado dominicano en los últimos años, incluyendo el Instituto Agrario Dominicano y la Dirección General de Migración.
El más reciente ataque fue dirigido a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas el pasado 10 de abril.
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