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El Dicrim dejó libre a Brayan después PN lo remitió a investigación

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Fue en la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) desde donde partió el paso hacia la libertad de Brayan Peter Félix Paulino y Frankeli Pilar Rosario, una persona que le acompañaba cuando fue detenido el pasado 12 de diciembre, próximo a La Preventiva, en San Cristóbal.

Félix Paulino y Pilar Rosario fueron detenidos por una llamada que hizo a la Policía el dueño de un negocio en San Cristóbal, frente al cual estuvieron parados por un largo tiempo que llamó a sospecha.

Tal y como publicó el periódico Listín Diario en su edición de ayer, Brayan Peter Félix Paulino, segundo al mando de la banda de asaltantes que encabezaba John Percival Matos, y su acompañante Frankeli, fueron detenidos el 12 de diciembre, pero 24 horas después fueron puestos en libertad sin pasar por un proceso de investigación, luego de pagar un soborno de RD$25,000, según testificó el propio Brayan a los fiscales que lo interrogaron.

Mediante un oficio, fechado el 13 de diciembre del 2016, la capitán de la Policía Nacional con asiento en San Cristóbal, Elsa M. Roa Ramírez, remitió al Dicrim, en esa ciudad, a los dos detenidos para fines de investigación, con la finalidad de determinar si tenían antecedentes criminales.

“Respetuosamente, bajo custodia policial le estamos enviando a los nombrados Víctor Alfonso Méndez (nombre con el que se identificó Brayan) y Frankeli Pilar Rosario (el nombre de quien lo acompañaba), para que estos sean investigados, y ver si tienen antecedentes criminales en esta. Es lo que informo para su conocimiento y fines de lugar”, precisa el oficio dirigido al Dicrim en San Cristóbal, una copia del cual obtuvo Listín Diario.

Tras conocer la información publicada por ese diario, la jefatura de la Policía Nacional ordenó ayer una investigación que incluye tanto a subalternos como a altos oficiales del Dicrim, en busca de los responsables de haber recibido el soborno.

El director de la Policía, mayor general Nelson Peguero Paredes, encargó de la investigación a la Dirección de Asuntos Internos del ente policial, departamento al que fueron llamados para que ofrezcan detalles del hecho.

“Tan pronto la Dirección General de la Policía Nacional tuvo conocimiento de que esa información estaba circulando, dispuso que la Dirección de Asuntos Internos realice la investigación correspondiente, que identifique a las personas que sean sindicadas en ese hecho, y en caso de ser comprobada esa información se realizará la sanción que corresponda”, explicó ayer el vocero policial, general Nelson Rosario.

Al preguntarle sobre cuántos agentes podrían estar involucrados en el soborno, el vocero policial manifestó que no sabe la cantidad, pero que si es cierto, la investigación determinará quiénes lo detuvieron y quiénes le dieron entrada, “todo ese proceso lo va a hacer Asuntos Internos”.

El general Rosario dijo que cada vez que surge un escándalo que involucra a agentes policiales, la misión de la Dirección de la Policía Nacional es investigarlo y sancionar a los responsables.

“La Policía es una institución honorable, trabajadora y servicial, un policía que cometa un hecho no puede embarrar a todo el cuerpo del orden. Una cosa es lo personal y otra lo institucional. Si fuera una línea de la Policía, fuera diferente, pero cada quien es responsable de sus actos”, resaltó.

Dijo que cuando un policía comete una infracción o violación a los reglamentos, lo que se hace es sancionarlo y ponerlo a disposición de la justicia, en caso que lo amerite.

EL PROCESO DE APRESAMIENTO
Según supo Listín Diario, la policía preventiva de San Cristóbal, tras los intentos de soborno de Brayan y Frankeli, los remitió a la dependencia del Dicrim en esa ciudad, para que ese departamento investigara si tenían antecedentes criminales.

Sin embargo, horas después fueron liberados, según la hoja de entrada y salida manuscrita en la que fue asentada la disposición.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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