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Deportarán de EEUU dominicano que robó un bolsohace 12 años
NUEVA YORK. La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, anunció la deportación a su país natal del dominicano Domingo Ferreiras, residente en Hartford (Connecticut) y quien fue condenado por el robo de un bolso hace 12 años, después de llegar en 1980, siendo menor de edad.
Se le dio un plazo extra de 30 días para que se prepare. El caso de Ferreiras, está llamando la atención de los medios, redes sociales y activistas comunitarios, debido a que la esposa y una hija de Ferreiras, padecen de cáncer en el cerebro y el páncreas.
Él dijo que después de haber cometido el robo del bolso, se ha arrepentido cada día de su vida y que jamás, volvió a cometer ningún otro delito.
La repatriación de Ferreiras, acorde con un comunicado de la ICE, se había pospuesto en dos ocasiones para darle oportunidad a prepararse mentalmente y poner sus cosas en orden.
El dominicano que fue arrestado el miércoles y presentado en la Corte Federal de Connecticut, dijo que no tiene nada que le ate a la República Dominicana, donde no tiene ningún pariente ni conoce el ambiente.
Familiares y amigos, estuvieron fuera del tribunal dándole respaldo. La ICE no dijo cuándo será deportado, pero sería en los próximos días.
El abogado de Ferreiras, Fairlie Chester, dijo que el dominicano llegó a Estados Unidos en 1980, siendo un adolescente y que es un residente permanente desde esa fecha, pero se desconoce por qué nunca aplicó para naturalizarse ciudadano americano lo que hubiera evitado su deportación.
El periódico Journal Inquirer informó que la esposa de Ferreiras, Diane, tiene un tumor cerebral inoperable y su hija Baceida de 23 años, sufre de cáncer en el páncreas, por lo que está sometida a quimioterapia.
La esposa y los tres hijos adultos de Ferreiras nacieron en los Estados Unidos.
Pero él fue investigado a fondo por la ICE hace varios años, cuando alguien robó su identidad y cometió varios crímenes.
La policía determinó que Ferreiras no estuvo involucrado en los delitos, pero sus condenas por el robo en 2005, lo pusieron en manos de la policía migratoria.
Antes de eso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no habían tomado ninguna acción contra Ferreiras, a pesar de su culpabilidad, dijo su abogado.
Ferreiras estuvo por nueve meses en la cárcel
“Este es un resultado muy desafortunado para la familia de Domingo”, dijo el jurista. “Domingo es un gran trabajador y un hombre de familia”, precisó el abogado.
En el comunicado, la ICE alega que Ferreiras “es un peligro para la seguridad pública, debido a que cometió varios robos, que lo situaron en la categoría de criminal agravado, en virtud de las leyes de inmigración”.
El comunicado no detalla el récord de presuntos robos de Ferreiras, aunque él insiste en que el de hace 12 años, fue su único delito durante sus 30 años en Estados Unidos.
La ICE señaló que la orden de expulsión en 2015 para deportar a Ferreiras, se retrasó dos veces, en diciembre y enero, para permitirle poner sus asuntos en orden.
“ICE procederá a llevar a cabo la deportación ordenada legalmente”, dice el comunicado.
La Familia
Ferreiras le dijo al Journal Inquirer, que experimentó un milagro ayer jueves durante lo que él llama uno de los peores momentos de su vida.
Fue informado por las autoridades federales a finales del año pasado que iba a ser repatriado a la República Dominicana, una nación con la que dice, no tiene ninguna conexión.
Ferreiras es elegible para ser deportado porque él fue condenado por robo hace 12 años después de robar un bolso.
Toma analgésicos recetados debido a una lesión en el trabajo. Dijo que “no estaba en su sano juicio”, cuando cometió el robo, pero todavía siente el remordimiento todos los días.
A pesar de que se entregó a la policía poco después de haber cometido el robo y posteriormente mantuvo un registro limpio.
Ferreiras fue capaz de limpiar su nombre en relación con esos delitos, pero su convicción por el robo en 2005, apareció en el Banco de Datos de la ICE que lo arrestó en una redada contra inmigrantes legales e ilegales elegibles para ser deportados.
Originalmente iba a ser deportado a principios de diciembre, pero el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, intervino y a Ferreiras se le concedió una gracia de 30 días para que pudiera pasar las vacaciones con su familia en East Hartford.
Ayer jueves, Ferreiras se enfrentó a la realidad brutal de tener que dejar atrás a su esposa, hijos y nietos, todos nacidos en Estados Unidos.
“Fue lo desconocido y el suspenso, estaba muy confundido acerca de lo que venía. No sabíamos qué esperar porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar”, dijo Ferreiras.
Cuando llegó a la oficina de campo de la ICE en Hartford, recibió una reacción inesperada.
“Una señora se acercó a la mesa, ella estaba sonriendo, en una actitud totalmente diferente a la última vez que estuvimos allí. Le entregó un papel y le dijo que volviera en 30 días porque su caso está aún bajo revisión”, explicó su esposa.
La señora Ferreiras dijo que los funcionarios de la ICE no hicieron preguntas y no dieron ninguna información, pero su marido tenía lágrimas en los ojos.
Los 30 días son cruciales para la familia, porque Domingo está a cargo del cuidado de su esposa e hija. Ambas sufren también del síndrome de dolor miofacial, que debilita los nervios.
Domingo y Diane también tienen la custodia parcial de una nieta, la hija de de Baceida, para que puedan atender al niño cuando su hija ella está en el hospital.
Diane dice que su condición le impide a menudo que ella no pueda cuidar a su hija de 2 años de edad, sin la ayuda del padre.
La esposa dijo que planea someter una apelación antes que su marido se vea obligado a regresar ante las autoridades migratorias el próximo mes.
Ella no tiene el dinero para pagar un abogado privado para ayudarla en ese esfuerzo, y abrió una página GoFundMe para recaudar el dinero.
Se espera que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Connecticut, perdone a su marido, pero ya la junta se ha negado dos veces.
La esposa también quiere enfrentar las reacciones negativas del público a la historia de su familia, que frecuentemente se basan en conceptos erróneos de creer que la familia no es estadounidense o que viven de la ayuda del gobierno.
Dijo que estos conceptos equivocados, han dado lugar a insultos raciales contra su familia.
“Ya pasamos 30 días defendiéndonos nosotros mismos y que causó mucha ansiedad”, dijo.
Independientemente de cómo terminará la situación para los Ferreiras, ella asegura que están contentos porque se ha puesto de relieve una política que puede ser muy perjudicial para las familias estadounidenses promedio, respetuosas de la ley.
“Hay muchas razones por las que esto no debería estar sucediendo”, dijo ella. “Las leyes necesitan ser cambiadas o deben ser revisadas por lo menos”.
DIARIO LIBRE
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
Noticias
Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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