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Mediación en venta de terreno del CEA llevó a la muerte a locutores

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Familiares del supuesto asesino de los comunicadores cavaron una tumba en el cementerio municipal de San Pedro de Macorís.

MANUEL ANTONIO VEGA/DIARIO LIBRE. Una madeja de supuestos actos corrupción que se viene tejiendo desde hace varios años con ventas irregulares de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), habría sido lo que provocó la ira en José Rodríguez para matar a tiros a los dos comunicadores de esta localidad, que habían sido comisionados por el director del CEA, para resolver un impasse en la venta de unas 45 tareas, que luego fueron cedidas a otra persona.

Así lo dejan entrever profesionales del derecho, actores sociales y familiares de José Rodríguez (Joselito), el homicida-suicida, a quien la familia reconoce como una persona bipolar.

Todo se habría iniciado cuando José Rodríguez, asesino de los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Martínez, vendió una casa que por herencia tenía en el barrio Miramar, para adquirir unas 45 tareas en el batey El Jagual, a unos cuatro kilómetros al Este de esta ciudad.

Los locutores pasaron a ser parte del problema, cuando el pasado mes de enero, el Día de los Santos Reyes, José Rodríguez se presentó a la emisora en momentos que el director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña (Pepe), hablaba en el programa “Milenio Caliente”, que producían Leo Martínez y Medina, buscando se resolviera la entrega de la tierra pagada y no adjudicada.

Al salir del programa, el director del CEA fue abordado por Joselito, y el funcionario comisionó a Leo Martínez y Luis Manuel Medina a buscar a José Rosario (Pin), encargado de la Inmobiliaria del organismo en el Este para entregarle la tierra.

Josy Rodríguez Pérez, hermana de Joselito, y quien gozaba de la confianza y sabía de sus movimientos, dijo que al vender la casa fue al CEA y pagó el inicial, para apartar el terreno anhelado.

La mujer lamentó la muerte de los locutores, al tiempo de asegurar que “los tres son víctimas” de una mafia que opera en el CEA y en esta provincia.

“Él tenía sus vicios”, pero “no era francotirador, no era militar, nunca fue deportado, trabajó como taxista en New York y decidió establecerse aquí, donde puso un negocio de pizzas, frente al malecón de San Pedro de Macorís. Mi hermano era un ermitaño, una persona que siempre andaba solo”, significó.

Agregó: “Ninguna de las tres sangres son culpables, sino víctimas de la mafia que opera de arriba a abajo en el CEA, donde el presidente Danilo Medina tiene que poner los ojos”.

Los cuentos
Antes de ir a la emisora y matar a tiros a los locutores, Joselito o Palmita, como también se le conocía, habría llamado a Leo Martínez, “quien le dijo que bajara a la emisora para que hablaran”.

La hermana de Joselito siguió narrando que al llegar a la emisora, Leo le comunicó que se le iba a devolver el dinero, informándole que la tierra se le había cedido a otra persona que la había pagado en su totalidad por anticipado.

Esto habría molestado a Rodríguez, quien habría gritado: “No quiero más cuentos, quiero mi tierra”.

La hermana argumentó que la razón por la que José Rodríguez visitaba a Leonidas Martínez “fue porque él era abogado del CEA, y eran amigos.  De hecho él (José Rodríguez) me dijo a mí, me van a entregar mi tierra y parece que me van a dar unas mejores”.  Y concluyó: “Mi hermano no se suicidó”.

“Lo que sí fue, que le entregaron 200 mil pesos a él, a José Luis, el comunicador lo que fue es víctima, porque la tierra de él la vendieron dos veces”.

Las declaraciones de la hermana de José Rodríguez se produjeron en el cementerio, donde fue sepultado en la tarde de este jueves.

La sepultura
La Policía no permitió que el ataúd fuera destapado, lo que, según la familia, es para ocultar cinco impactos de balas. Al cementerio solo acudieron ellos dos como parientes.

El cuerpo fue depositado desnudo en el ataúd, que era de poco valor y los presentes en el sepelio llegaban a 22 personas, incluyendo policías y pocos miembros de la prensa.

CEA ofrece su versión de la venta
Ante las versiones de que las muertes se produjeron por una transacción inmobiliaria con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la institución aclaró ayer que devolvió en enero pasado a José Rodríguez el pago del 35 por ciento de inicial por la compra de terrenos a la institución, tal y como este había solicitado en comunicación dirigida en fecha 6 de octubre al director José Domínguez.

En nota de prensa se explica que el CEA procedió a devolver mediante cheque 065582 a José Rodríguez RD$119,000.00, que había pagado como inicial para la adquisición de terrenos en la institución.

“Por lo que el CEA aclara que no existe ninguna acción irregular en la relación del CEA con el ciudadano Rodríguez”, resaltó la entidad, que según dice había presentado varias ofertas de terrenos para ubicar a Rodríguez, las cuales este descartó, por lo que optó por solicitar el reembolso del dinero.

El sepelio
La Policía no permitió que el ataúd fuera destapado, lo que, según la familia, es para ocultar cinco impactos de balas. Al cementerio solo acudieron ellos dos como parientes.

El cuerpo fue depositado desnudo en el ataúd, que era de poco valor, y los presentes en el sepelio llegaban a 22 personas, incluyendo policías y pocos miembros de la prensa.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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