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Mediación en venta de terreno del CEA llevó a la muerte a locutores

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Familiares del supuesto asesino de los comunicadores cavaron una tumba en el cementerio municipal de San Pedro de Macorís.

MANUEL ANTONIO VEGA/DIARIO LIBRE. Una madeja de supuestos actos corrupción que se viene tejiendo desde hace varios años con ventas irregulares de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), habría sido lo que provocó la ira en José Rodríguez para matar a tiros a los dos comunicadores de esta localidad, que habían sido comisionados por el director del CEA, para resolver un impasse en la venta de unas 45 tareas, que luego fueron cedidas a otra persona.

Así lo dejan entrever profesionales del derecho, actores sociales y familiares de José Rodríguez (Joselito), el homicida-suicida, a quien la familia reconoce como una persona bipolar.

Todo se habría iniciado cuando José Rodríguez, asesino de los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Martínez, vendió una casa que por herencia tenía en el barrio Miramar, para adquirir unas 45 tareas en el batey El Jagual, a unos cuatro kilómetros al Este de esta ciudad.

Los locutores pasaron a ser parte del problema, cuando el pasado mes de enero, el Día de los Santos Reyes, José Rodríguez se presentó a la emisora en momentos que el director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña (Pepe), hablaba en el programa “Milenio Caliente”, que producían Leo Martínez y Medina, buscando se resolviera la entrega de la tierra pagada y no adjudicada.

Al salir del programa, el director del CEA fue abordado por Joselito, y el funcionario comisionó a Leo Martínez y Luis Manuel Medina a buscar a José Rosario (Pin), encargado de la Inmobiliaria del organismo en el Este para entregarle la tierra.

Josy Rodríguez Pérez, hermana de Joselito, y quien gozaba de la confianza y sabía de sus movimientos, dijo que al vender la casa fue al CEA y pagó el inicial, para apartar el terreno anhelado.

La mujer lamentó la muerte de los locutores, al tiempo de asegurar que “los tres son víctimas” de una mafia que opera en el CEA y en esta provincia.

“Él tenía sus vicios”, pero “no era francotirador, no era militar, nunca fue deportado, trabajó como taxista en New York y decidió establecerse aquí, donde puso un negocio de pizzas, frente al malecón de San Pedro de Macorís. Mi hermano era un ermitaño, una persona que siempre andaba solo”, significó.

Agregó: “Ninguna de las tres sangres son culpables, sino víctimas de la mafia que opera de arriba a abajo en el CEA, donde el presidente Danilo Medina tiene que poner los ojos”.

Los cuentos
Antes de ir a la emisora y matar a tiros a los locutores, Joselito o Palmita, como también se le conocía, habría llamado a Leo Martínez, “quien le dijo que bajara a la emisora para que hablaran”.

La hermana de Joselito siguió narrando que al llegar a la emisora, Leo le comunicó que se le iba a devolver el dinero, informándole que la tierra se le había cedido a otra persona que la había pagado en su totalidad por anticipado.

Esto habría molestado a Rodríguez, quien habría gritado: “No quiero más cuentos, quiero mi tierra”.

La hermana argumentó que la razón por la que José Rodríguez visitaba a Leonidas Martínez “fue porque él era abogado del CEA, y eran amigos.  De hecho él (José Rodríguez) me dijo a mí, me van a entregar mi tierra y parece que me van a dar unas mejores”.  Y concluyó: “Mi hermano no se suicidó”.

“Lo que sí fue, que le entregaron 200 mil pesos a él, a José Luis, el comunicador lo que fue es víctima, porque la tierra de él la vendieron dos veces”.

Las declaraciones de la hermana de José Rodríguez se produjeron en el cementerio, donde fue sepultado en la tarde de este jueves.

La sepultura
La Policía no permitió que el ataúd fuera destapado, lo que, según la familia, es para ocultar cinco impactos de balas. Al cementerio solo acudieron ellos dos como parientes.

El cuerpo fue depositado desnudo en el ataúd, que era de poco valor y los presentes en el sepelio llegaban a 22 personas, incluyendo policías y pocos miembros de la prensa.

CEA ofrece su versión de la venta
Ante las versiones de que las muertes se produjeron por una transacción inmobiliaria con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la institución aclaró ayer que devolvió en enero pasado a José Rodríguez el pago del 35 por ciento de inicial por la compra de terrenos a la institución, tal y como este había solicitado en comunicación dirigida en fecha 6 de octubre al director José Domínguez.

En nota de prensa se explica que el CEA procedió a devolver mediante cheque 065582 a José Rodríguez RD$119,000.00, que había pagado como inicial para la adquisición de terrenos en la institución.

“Por lo que el CEA aclara que no existe ninguna acción irregular en la relación del CEA con el ciudadano Rodríguez”, resaltó la entidad, que según dice había presentado varias ofertas de terrenos para ubicar a Rodríguez, las cuales este descartó, por lo que optó por solicitar el reembolso del dinero.

El sepelio
La Policía no permitió que el ataúd fuera destapado, lo que, según la familia, es para ocultar cinco impactos de balas. Al cementerio solo acudieron ellos dos como parientes.

El cuerpo fue depositado desnudo en el ataúd, que era de poco valor, y los presentes en el sepelio llegaban a 22 personas, incluyendo policías y pocos miembros de la prensa.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Condenan a 30 años de prisión a hombre de 83 años en Santiago

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El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.

La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.

La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.

Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en

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Gregory Adames se la canta a los hermanos Espaillat en juicio preliminar

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Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set y sobreviviente del colapso que el 8 de abril de 2025 dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos, ejerció este lunes su derecho a declarar ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la audiencia preliminar reanudada tras el receso del pasado 20 de abril.

Su testimonio, ofrecido en calidad de víctima —una figura procesal distinta a la de testigo, cuya presentación el juez Reymundo Mejía había rechazado en la sesión anterior—, fue uno de los más directos y detallados escuchados hasta ahora en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local.

«Él que está aquí no puede decir que no sabía»
Ante el magistrado Mejía, Adames fue categórico: los responsables del establecimiento tenían pleno conocimiento de las condiciones en que operaba la discoteca.

«El que está aquí no puede decir que no sabía lo que pasaba. Todas las situaciones se me comunicaban a mí y yo se las reportaba directamente», afirmó, en referencia a los propietarios del local.

Según su relato, las fallas estructurales —entre ellas filtraciones de agua y desprendimientos de plafones— eran una constante desde que ingresó a trabajar en el lugar, y se fueron agravando con el tiempo.

Cada incidencia, sostuvo, era notificada de manera reiterada a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, sin que se tomaran medidas correctivas.

Instalaciones provisionales que nunca se corrigieron
Adames también describió un incendio ocurrido en la planta eléctrica del local, tras el cual técnicos especializados habrían advertido que el establecimiento no estaba en condiciones de operar.

Sin embargo, según su versión, se insistió en reabrir la discoteca recurriendo a instalaciones provisionales.

«Se colocaron cables temporales que permanecieron desde 2023 hasta el día del derrumbe», afirmó, a pesar de que las recomendaciones técnicas apuntaban en sentido contrario.

Meses antes del colapso, agregó, se reportaban desprendimientos de plafones y acumulación de agua que eran atendidos de forma improvisada: en lugar de corregir las fallas de raíz, se colocaban lonas para contener el agua.

«El problema no era una sola vez, era constante», puntualizó.

Adames, aseguró que la noche del incidente solicitó la suspensión de la actividad tras detectar estas situaciones de riesgo dentro del establecimiento.

De acuerdo con su declaración, él tomó la decisión luego de que se registrara un evento previo con un cliente y observar condiciones que consideró peligrosas.

Sin embargo, afirmó que su petición fue rechazada por los responsables del negocio, quienes alegaron que se trataba de una “buena fecha” desde el punto de vista comercial.

Un proceso marcado por tensiones y deserciones
La declaración de Adames se produce en un momento de alta tensión procesal. En la sesión del 20 de abril, el juez Mejía había rechazado la solicitud de una de las partes querellantes de presentarlo como testigo, argumentando que la etapa de instrucción no es el momento para la producción probatoria, sino el juicio de fondo.

El abogado Luis Aybar, representante de Adames, elevó la voz en sala para exigir que su defendido fuera escuchado.

Ese mismo día, alrededor de 50 querellantes se retiraron del proceso, aunque sus representantes legales aseguraron que quienes permanecen mantienen una postura firme.

El Ministerio Público, que en noviembre de 2025 presentó una acusación formal de 156 páginas, solicita la apertura a juicio por homicidio involuntario de 236 personas y golpes y heridas involuntarias a más de un centenar de víctimas.

Vía Acento.com.do

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