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Apresan abogado que encerró en una vivienda a inquilina por deuda
SAN PEDRO DE MACORÍS. Fue apresado la tarde de ayer el abogado que encerró en una vivienda a una mujer y su hija de seis años, porque alegadamente le adeuda dos meses de alquiler.
La información fue suministrada por el fiscal Pedro Núñez, quien explicó que se presentó a la vivienda junto con una patrulla policial para efectuar el arresto.
Edward García Medina se encuentra detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, luego que la madrugada de hoy cerrara con cadena la puerta de la casa donde reside Ikea Castillo, junto a su hija.
El hecho se registró en el sector Buenos Aires.
Para evitar la salida de la inquilina, el hombre también colocó su carro a la entrada de la casa, lo que impedía que se abriera la puerta en caso de que le quitaran la cadena, indica Diario Libre.
La afectada, que no pudo ir a su trabajo por el encierro forzoso, también acusó al abogado de vociferarle improperios.
El abogado reside al lado de la casa que le alquiló a Castillo.
Mira el video cuando la mujer fue retenida por ek casero
Un abogado habría encerrado con candado a una mujer y su hija menor de seis años en un apartamento porque alegadamente adeuda dos meses de alquiler, hecho registrado en la calle Teodoro Mendoza, número 85, del sector Buenos Aires, de San Pedro de Macorís.
Para evitar la salida, también colocó su carro a la entrada de la puerta. El encierro forzoso afecta a Ikea Castillo, quien desde la 12:00 de la madrugada de hoy, está prohibida salir de la vivienda.
La mujer identificó al abogado como Edward García Medina, quien la dejó encerrada con su niña de apenas seis años, sin importarle lo que le pueda suceder, “atropellando mis derechos”, dijo.
Agregó que aparte del encierro, le vociferó improperios “impublicables”, impidiendo que fuera a trabajar. Hasta pasado el mediodía de hoy, la mujer seguía encerrada, a espera que las autoridades judiciales vayan en su auxilio.
“El vino aquí y abrió su boca, porque aquí no había un hombre que le rompiera la boca”, manifestó Castillo.
El abogado Edward García Mendoza, quien reside al lado de la mujer, explicó que “la situación es que ella debe dos meses de casa y ya me tiene jarto, la situación ya se salió de control”. Dijo que la mujer si quiere que vaya a los tribunales, “estando en cautiverio”.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
