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Apresan abogado que encerró en una vivienda a inquilina por deuda

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SAN PEDRO DE MACORÍS. Fue apresado la tarde de ayer el abogado que encerró en una vivienda a una mujer y su hija de seis años, porque alegadamente le adeuda dos meses de alquiler.

La información fue suministrada por el fiscal Pedro Núñez, quien explicó que se presentó a la vivienda junto con una patrulla policial para efectuar el arresto.

Edward García Medina se encuentra detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, luego que la madrugada de hoy cerrara con cadena la puerta de la casa donde reside Ikea Castillo, junto a su hija.

El hecho se registró en el sector Buenos Aires.

Para evitar la salida de la inquilina, el hombre también colocó su carro a la entrada de la casa, lo que impedía que se abriera la puerta en caso de que le quitaran la cadena, indica Diario Libre.

La afectada, que no pudo ir a su trabajo por el encierro forzoso, también acusó al abogado de vociferarle improperios.

El abogado reside al lado de la casa que le alquiló a Castillo.

Mira el video cuando la mujer fue retenida por ek casero

Un abogado habría encerrado con candado a una mujer y su hija menor de seis años en un apartamento porque alegadamente adeuda dos meses de alquiler, hecho registrado en la calle Teodoro Mendoza, número 85, del sector Buenos Aires, de San Pedro de Macorís.

Para evitar la salida, también colocó su carro a la entrada de la puerta. El encierro forzoso afecta a Ikea Castillo, quien desde la 12:00 de la madrugada de hoy, está prohibida salir de la vivienda.

La mujer identificó al abogado como Edward García Medina, quien la dejó encerrada con su niña de apenas seis años, sin importarle lo que le pueda suceder, “atropellando mis derechos”, dijo.

Agregó que aparte del encierro, le vociferó improperios “impublicables”, impidiendo que fuera a trabajar. Hasta pasado el mediodía de hoy, la mujer seguía encerrada, a espera que las autoridades judiciales vayan en su auxilio.

“El vino aquí y abrió su boca, porque aquí no había un hombre que le rompiera la boca”, manifestó Castillo.

El abogado Edward García Mendoza, quien reside al lado de la mujer, explicó que “la situación es que ella debe dos meses de casa y ya me tiene jarto, la situación ya se salió de control”. Dijo que la mujer si quiere que vaya a los tribunales, “estando en cautiverio”.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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