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Comunicadora detenida supuestamente por difundir foto de joven desnuda
Dajabón.- La Fiscalía del distrito judicial de esta provincia detuvo a la comunicadora Jenifer Jiménez para ser investigada sobre la difusión de material pornográfico que se ha vuelto viral en las redes sociales, lo cual afecta desde el pasado fin de semana a varias familias de esta zona fronteriza.
La comunicadora fue detenida la tarde del jueves, atendiendo una querella presentada en su contra por una estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), recinto Dajabón, contra quien había supuestamente difundido su imagen al desnudo en las redes sociales con la intención de perjudicarla.
De acuerdo a los informes, la divulgación supuestamente la habría hecho Jiménez por motivos pasionales, ya que su ex compañero sentimental, quien también es comunicador y cuyo nombre no fue suministrado, estaba con la ahora perjudicada por el acto que atenta contra el pudor.
El nombre de la querellante se omite para proteger su integridad.
Las difusiones en Facebook, Whatsapp y otras redes sociales han provocado la separación de matrimonios y problemas entre parejas, mientras la acción continúa ahora con los envíos de memes y vídeos editados, donde se aprecian las imágenes de mujeres de esta provincia fronteriza al desnudo y en la práctica de actos sexuales.
Sobre este particular, la procuradora fiscal Danni Minaya emitió unas declaraciones en las que estableció que los responsables pagarán las consecuencias, porque dijo que las autoridades no permitirán que la sociedad sea dañada de tal manera.
Mientras que la encargada del Ministerio de la Mujer en esta provincia, Leticia Sosa, dijo que la divulgación de esas imágenes es un atentado en contra de la dignidad de la mujer, lo que ha consternado a la familia dajabonera.
Sosa llamó a la los hombres a abstenerse de continuar ese tipo de práctica dañina y maquiavélica y que entiendan que la dignidad de la mujer hay que valorarla, ya que de algún modo tienen a su lado una mujer, sea como madre, hermana, esposa etc. “Entonces, por qué no valorar y respetar esa joya preciosa”, expresó.
Sin embargo, en este caso se trata de una mujer la persona contra quien se han querellado por supuestamente cometer la acción que atenta contra el pudor.
Anoche la Fiscalía de Dajabón permitió que la comunicadora Jenifer Jiménez fuera a dormir a su casa con el compromiso de presentarse a las 8:00 am del viernes para continuar con el proceso de investigación que se le sigue, sobre la divulgación de material pornográfico que atenta contra mujeres de esta provincia.
El Caribe
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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