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Condenan a la ADP a pago de RD$50 mil por cada día de paro de docencia en Barahona
Barahona.- El juez presidente de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de esta ciudad condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su presidente municipal, al pago de 50 mil pesos por cada día que deje de impartir docencia en perjuicio de estudiantes en el municipio Santa Cruz de Barahona.
Según publicó el portal local la lupadelsur.com, el recurso de amparo fue elevado contra la entidad y su presidente, a través de varios abogados por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) por la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del municipio. en perjuicio de miles de estudiantes de diferentes niveles.
El magistrado Máximo Matos impuso la condena a la entidad y su presidente, profesor Miguel Ángel Féliz, al fallar un recurso de amparo incoado por varios abogados en tal sentido, basado en que la educación es un derecho humano fundamental, como lo establece la Constitución de la República, la Ley 36-03 y de Educación 66-97
Ademas advierte a la filial de la ADP en este municipio para que en lo sucesivo se abstenga de suspender la docencia en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, afectándolos en sus derechos fundamentales a la educación que, afirma prevalece por encima de cualquier otro derecho.
También, ordena al Comité Ejecutivo de la filial de la ADP integrado, además de Féliz, por Ángel Medina, Julio E. Samboy, Milagros Tavárez, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, José Ramón Ramírez, Keny Montilla, Vicenta Urbáez y Daneyce Luz Valdo Pérez, para que procedan a levantar de inmediato el paro en las escuelas públicas.
Según el magistrado Matos Féliz, los profesores, agrupados en la ADP, violentan los artículos 56, 62, 63, 65 y 74, de la Constitución, el 25.1, de la convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 65 y siguientes de la Ley 137-11; 401 al 417, de la Ley 16-92.
La acción de amparo fue incoada por los abogados Juan Ramón Martínez Mateo, Wagner E. Piñeyro Mateo, en representación del adolescente: Jeison Macdaniel Martínez Melgen.
En tanto que Domingo de los Santos Gómez Marte y José Del Carmen Gómez Marte, en representación de los menores: ESGD y GCGD, así como de Kerton Osiris Ferreras, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES), contra la ADP, Miguel A. Féliz, presidente.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
