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Condenan a la ADP a pago de RD$50 mil por cada día de paro de docencia en Barahona

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Barahona.- El juez presidente de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de esta ciudad condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su presidente municipal, al pago de 50 mil pesos por cada día que deje de impartir docencia en perjuicio de estudiantes en el municipio Santa Cruz de Barahona.

Según publicó el portal local la lupadelsur.com, el recurso de amparo fue elevado contra la entidad y su presidente, a través de varios abogados por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) por la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del municipio. en perjuicio de miles de estudiantes de diferentes niveles.

El magistrado Máximo Matos impuso la condena a la entidad y su presidente, profesor Miguel Ángel Féliz, al fallar un recurso de amparo incoado por varios abogados en tal sentido, basado en que la educación es un derecho humano fundamental, como lo establece la Constitución de la República, la Ley 36-03 y de Educación 66-97

Ademas advierte a la filial de la ADP en este municipio para que en lo sucesivo se abstenga de suspender la docencia en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, afectándolos en sus derechos fundamentales a la educación que, afirma prevalece por encima de cualquier otro derecho.

También, ordena al Comité Ejecutivo de la filial de la ADP integrado, además de Féliz, por Ángel Medina, Julio E. Samboy, Milagros Tavárez, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, José Ramón Ramírez, Keny Montilla, Vicenta Urbáez y Daneyce Luz Valdo Pérez, para que procedan a levantar de inmediato el paro en las escuelas públicas.

Según el magistrado Matos Féliz, los profesores, agrupados en la ADP, violentan los artículos 56, 62, 63, 65 y 74, de la Constitución, el 25.1, de la convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 65 y siguientes de la Ley 137-11; 401 al 417, de la Ley 16-92.

La acción de amparo fue incoada por los abogados Juan Ramón Martínez Mateo, Wagner E. Piñeyro Mateo, en representación del adolescente: Jeison Macdaniel Martínez Melgen.

En tanto que Domingo de los Santos Gómez Marte y José Del Carmen Gómez Marte, en representación de los menores: ESGD y GCGD, así como de Kerton Osiris Ferreras, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES), contra la ADP, Miguel A. Féliz, presidente.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Dictan un año de prisión preventiva a los seis policías acusados de la muerte de esposos cristianos

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La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, Sudelgi Rosario Mena, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a los seis policías implicados en la muerte de la pareja de recién casados, Joel Díaz y Elizabeth Muñoz.

De igual forma la magistrada Rosario Mena declaró el caso complejo.

La medida fue impuesta a Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), Norquis Rodríguez Jiménez (cabo), Ángel de Los Santos (cabo), así como contra los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

De acuerdo al Ministerio Público, los agentes realizaron 32 disparos y en la escena del crimen fueron recolectados casquillos de fusil y metralleta.

En el hecho resultaron herido uno de los acompañantes de la pareja, identificado como Carlos José Pérez Báez, también estaba a bordo del vehículo Claudio Alberto Ramírez Lamais.

Se recuerda que las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, cuando fueron detenidos por los agentes y estos les emprendieron a tiros.

Sobre el hecho el director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, reveló que el robo de una pasola habría desencadenado la muerte de los esposos.

“Se perseguía un vehículo blanco, los datos que inicialmente recolectaron porque habían personas que habían ido a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco con varios elementos le habían despojado de una pasola”, dijo Sánchez.

Al ser entrevistado en el “Informe con Alicia Ortega”, el director del cuerpo del orden manifestó que al momento de la alerta se registraron otras denuncias sobre una banda de asaltantes “quitando pasolas en Bonao”, por lo que justificó que se haya colocado un retén para verificar a quienes transitaban.

Sin embargo, aseguró que el procedimiento que no debió ser fue el uso desproporcional de la fuerza ejercida por los miembros de la institución para matar a la pareja.

“No había una alerta de una perdida de una vida o asaltaron un banco o secuestraron a una persona por ejemplo, simplemente un retén, verificar”, afirmó.

NDigital

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Lo que dice fiscal ante petición investiguen a coronel Mariñez Lora

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Ante la solicitud de la familia de los esposos acribillados en Villa Altagracia de que se incluya en el expediente al destituido coronel jefe de los agentes acusados del hecho, la fiscal titular de este municipio dijo que «las investigaciones no han terminado».

«La investigación apenas inicia, entonces denos tiempo a que las investigaciones avancen», le indicó Fátima Sánchez a la prensa previo a conocerse la audiencia de medida de coerción contra los seis exagentes imputados.

La familia de Eliza Muñoz y Joel Díaz, está pidiendo que se investigue al coronel César Marinez Lora, a quien le llaman Mariñe.

Cuando se le preguntó sobre si tienen la información de quién fue que dio la orden para que los policías dispararan al vehículo donde se trasladaban Eliza y Joel , la fiscal manifestó que «por ahora no puede dar detalles».

Esta tarde la jueza Sugeldi Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, conocerá la medida de coerción contra los expolicías acusados de matar a los esposos.

Estos son Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solis.

El Ministerio Público los acusa asesinato, abuso de poder, asociación de malhechores y porte ilegal de armas y pide que se les impongan un año de prisión preventiva como medida de coerción.

FUENTE: El Caribe

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