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Condenan a la ADP a pago de RD$50 mil por cada día de paro de docencia en Barahona

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Barahona.- El juez presidente de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de esta ciudad condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su presidente municipal, al pago de 50 mil pesos por cada día que deje de impartir docencia en perjuicio de estudiantes en el municipio Santa Cruz de Barahona.

Según publicó el portal local la lupadelsur.com, el recurso de amparo fue elevado contra la entidad y su presidente, a través de varios abogados por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) por la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del municipio. en perjuicio de miles de estudiantes de diferentes niveles.

El magistrado Máximo Matos impuso la condena a la entidad y su presidente, profesor Miguel Ángel Féliz, al fallar un recurso de amparo incoado por varios abogados en tal sentido, basado en que la educación es un derecho humano fundamental, como lo establece la Constitución de la República, la Ley 36-03 y de Educación 66-97

Ademas advierte a la filial de la ADP en este municipio para que en lo sucesivo se abstenga de suspender la docencia en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, afectándolos en sus derechos fundamentales a la educación que, afirma prevalece por encima de cualquier otro derecho.

También, ordena al Comité Ejecutivo de la filial de la ADP integrado, además de Féliz, por Ángel Medina, Julio E. Samboy, Milagros Tavárez, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, José Ramón Ramírez, Keny Montilla, Vicenta Urbáez y Daneyce Luz Valdo Pérez, para que procedan a levantar de inmediato el paro en las escuelas públicas.

Según el magistrado Matos Féliz, los profesores, agrupados en la ADP, violentan los artículos 56, 62, 63, 65 y 74, de la Constitución, el 25.1, de la convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 65 y siguientes de la Ley 137-11; 401 al 417, de la Ley 16-92.

La acción de amparo fue incoada por los abogados Juan Ramón Martínez Mateo, Wagner E. Piñeyro Mateo, en representación del adolescente: Jeison Macdaniel Martínez Melgen.

En tanto que Domingo de los Santos Gómez Marte y José Del Carmen Gómez Marte, en representación de los menores: ESGD y GCGD, así como de Kerton Osiris Ferreras, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES), contra la ADP, Miguel A. Féliz, presidente.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz

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A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.

Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.

Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.

Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.

Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.

Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.

Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.

Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.

«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.

Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».

«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».

Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.

Un historial recurrente en los tribunales

Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).

Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.

El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.

Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.

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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago

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La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.

La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.

Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.

Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.

Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.

Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.

Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.

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