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Condenan a la ADP a pago de RD$50 mil por cada día de paro de docencia en Barahona

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Barahona.- El juez presidente de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de esta ciudad condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su presidente municipal, al pago de 50 mil pesos por cada día que deje de impartir docencia en perjuicio de estudiantes en el municipio Santa Cruz de Barahona.

Según publicó el portal local la lupadelsur.com, el recurso de amparo fue elevado contra la entidad y su presidente, a través de varios abogados por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) por la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del municipio. en perjuicio de miles de estudiantes de diferentes niveles.

El magistrado Máximo Matos impuso la condena a la entidad y su presidente, profesor Miguel Ángel Féliz, al fallar un recurso de amparo incoado por varios abogados en tal sentido, basado en que la educación es un derecho humano fundamental, como lo establece la Constitución de la República, la Ley 36-03 y de Educación 66-97

Ademas advierte a la filial de la ADP en este municipio para que en lo sucesivo se abstenga de suspender la docencia en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, afectándolos en sus derechos fundamentales a la educación que, afirma prevalece por encima de cualquier otro derecho.

También, ordena al Comité Ejecutivo de la filial de la ADP integrado, además de Féliz, por Ángel Medina, Julio E. Samboy, Milagros Tavárez, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, José Ramón Ramírez, Keny Montilla, Vicenta Urbáez y Daneyce Luz Valdo Pérez, para que procedan a levantar de inmediato el paro en las escuelas públicas.

Según el magistrado Matos Féliz, los profesores, agrupados en la ADP, violentan los artículos 56, 62, 63, 65 y 74, de la Constitución, el 25.1, de la convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 65 y siguientes de la Ley 137-11; 401 al 417, de la Ley 16-92.

La acción de amparo fue incoada por los abogados Juan Ramón Martínez Mateo, Wagner E. Piñeyro Mateo, en representación del adolescente: Jeison Macdaniel Martínez Melgen.

En tanto que Domingo de los Santos Gómez Marte y José Del Carmen Gómez Marte, en representación de los menores: ESGD y GCGD, así como de Kerton Osiris Ferreras, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES), contra la ADP, Miguel A. Féliz, presidente.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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