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Ex presidenta de Pro Competencia acusa a Yolanda Martínez de afectar su reputación moral y profesional

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SANTO DOMINGO,.- La ex presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), Michelle Cohen, llamó la atención sobre “la divulgación y uso indebido de información de una auditoría que cursa por un etapa confidencial” por parte de la actual incumbente de esa institución, Yolanda Martínez.

En un comunicado, afirmó que dicha acción viola el debido proceso y resulta sancionable que, según ella, tuvo como objetivo afectar su reputación moral y profesional.

Cohen se pronunció en esos términos a propósito de la reciente publicación de una nota de prensa, difundida a través de varios medios de comunicación, que citaba que la Cámara de Cuentas “detectó errores en auditoría a Pro Competencia durante su período 2014-2015,”

La ex funcionaria dijo que tiene en su poder la certificación 004467 del 23 de marzo del año en curso, firmada por el presidente de la Cámara de Cuentas, que señala de manera taxativa que “el informe provisional de la auditoria no ha sido enviado a la entidad y se encuentra transitando los distintos procesos del auditor, por lo que las documentaciones e informaciones sobre los mismos son confidenciales”.

Agregó el comunicado que, en ese contexto, resulta sorprendente que el pasado 10 de marzo, la presidenta de Pro Competencia, en entrevista captada en video durante su visita a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, declara haber recibido de la Camara de Cuentas un “informe preliminar” en enero de una gestión del 2014 al 2015, y que posteriormente Martínez suministrara documentos e informaciones sobre el particular a los medios de comunicación.

“La divulgación y el uso indebido de la información en etapa confidencial, por parte de la señora Martínez, de datos, que no forman parte de una auditoría terminada, viola el debido proceso y resulta sancionable que esta funcionaria hasta llevara informaciones cuestionables a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que ademas atribuya la circulación del mismo a la Camara de Cuentas”, subrayó Cohen.

También dijo que, en contraposición la Cámara de Cuentas afirma en la citada certificación “que el informe provisional se remitirá tanto a la entidad auditada como a todos los involucrados en la auditoría, para dar la oportunidad de enviar sus observaciones y reparos,” confirmando que los trabajos no están terminados.

Cohen aseguró que cuenta con réplicas razonadas y comprobables, así como con las evidencias de lugar que presentará cuando el ente auditor le ofrezca la oportunidad en atención a la Ley 10-04 y su reglamento de aplicación, que regulan el debido proceso.

Afirmó que desmontará con pruebas documentales las versiones oficiosas divulgadas por Martínez, para distraer la opinion pública ante la adjudicación controversial de un contrato bajo su mandato.

Acusa a Martínez de usurpar funciones
Por otro lado, Cohen denunció que “en un acto ilegal”, Yolanda Martínez se atribuyó funciones que no le corresponden y que son exclusivamente propias de la Cámara de Cuentas, al citarla, posterior a la divulgación, mediante acto de alguacil a comparecer ante Pro Competencia para “rendir cuentas” sobre los supuestos resultados de una auditoría en proceso.

Sostuvo que esto constituye una manifiesta alteración del orden constitucional y está fuera de todo canon legal.

Cohen le recordó a Martínez que la Cámara de Cuentas es el único órgano facultado por el artículo 248 de la Constitución a “ejercer el control externo o fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.”

Dijo además que ha enviado a la presidenta de Pro Competencia “un acto de advertencia y objeción ante la ocurrencia de graves inobservancias legales que darían al traste con la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y patrimonial de los funcionarios actuantes.”

“Estos hechos concretos han evidenciado que la Sra. Martínez ha viciado el proceso de auditoría, intentado afectar la verdad y el curso de unos resultados, pretendiendo sustentar una acusación sin haber si quiera agotado y garantizado los derechos de defensa, dando a todas luces a lugar a violaciones del ordenamiento jurídico” aseveró Cohen.

Agregó, “Dada a mi experiencia jurídica, académica e internacional, de mas de 20 años, me veo compelida a defender la institucionalidad y las normas de derecho, violadas por la actual presidenta de Procompetencia.”

Desde su punto de vista llama a la atención la extraña coincidencia de la divulgación en la prensa de los datos que pone en entredicho justo luego que la Camara de Cuentas anunciara que auditará un proceso de adjudicación dado en la actual gestión de Martínez a la empresa Tikitaca.

“Es evidente que la presidenta de Pro Competencia busca encubrir su propia falta y consecuente escándalo y empañar el debido proceso, lanzando una farsa mediática cual si fuera un circo. Estoy convencida de que las auditorías siempre constituyen procesos necesarios, en tanto miden el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento a la institucionalidad”, subrayó.

CDN

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz

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A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.

Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.

Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.

Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.

Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.

Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.

Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.

Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.

«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.

Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».

«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».

Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.

Un historial recurrente en los tribunales

Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).

Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.

El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.

Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.

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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago

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La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.

La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.

Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.

Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.

Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.

Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.

Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.

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