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Ex presidenta de Pro Competencia acusa a Yolanda Martínez de afectar su reputación moral y profesional

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SANTO DOMINGO,.- La ex presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), Michelle Cohen, llamó la atención sobre “la divulgación y uso indebido de información de una auditoría que cursa por un etapa confidencial” por parte de la actual incumbente de esa institución, Yolanda Martínez.

En un comunicado, afirmó que dicha acción viola el debido proceso y resulta sancionable que, según ella, tuvo como objetivo afectar su reputación moral y profesional.

Cohen se pronunció en esos términos a propósito de la reciente publicación de una nota de prensa, difundida a través de varios medios de comunicación, que citaba que la Cámara de Cuentas “detectó errores en auditoría a Pro Competencia durante su período 2014-2015,”

La ex funcionaria dijo que tiene en su poder la certificación 004467 del 23 de marzo del año en curso, firmada por el presidente de la Cámara de Cuentas, que señala de manera taxativa que “el informe provisional de la auditoria no ha sido enviado a la entidad y se encuentra transitando los distintos procesos del auditor, por lo que las documentaciones e informaciones sobre los mismos son confidenciales”.

Agregó el comunicado que, en ese contexto, resulta sorprendente que el pasado 10 de marzo, la presidenta de Pro Competencia, en entrevista captada en video durante su visita a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, declara haber recibido de la Camara de Cuentas un “informe preliminar” en enero de una gestión del 2014 al 2015, y que posteriormente Martínez suministrara documentos e informaciones sobre el particular a los medios de comunicación.

“La divulgación y el uso indebido de la información en etapa confidencial, por parte de la señora Martínez, de datos, que no forman parte de una auditoría terminada, viola el debido proceso y resulta sancionable que esta funcionaria hasta llevara informaciones cuestionables a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que ademas atribuya la circulación del mismo a la Camara de Cuentas”, subrayó Cohen.

También dijo que, en contraposición la Cámara de Cuentas afirma en la citada certificación “que el informe provisional se remitirá tanto a la entidad auditada como a todos los involucrados en la auditoría, para dar la oportunidad de enviar sus observaciones y reparos,” confirmando que los trabajos no están terminados.

Cohen aseguró que cuenta con réplicas razonadas y comprobables, así como con las evidencias de lugar que presentará cuando el ente auditor le ofrezca la oportunidad en atención a la Ley 10-04 y su reglamento de aplicación, que regulan el debido proceso.

Afirmó que desmontará con pruebas documentales las versiones oficiosas divulgadas por Martínez, para distraer la opinion pública ante la adjudicación controversial de un contrato bajo su mandato.

Acusa a Martínez de usurpar funciones
Por otro lado, Cohen denunció que “en un acto ilegal”, Yolanda Martínez se atribuyó funciones que no le corresponden y que son exclusivamente propias de la Cámara de Cuentas, al citarla, posterior a la divulgación, mediante acto de alguacil a comparecer ante Pro Competencia para “rendir cuentas” sobre los supuestos resultados de una auditoría en proceso.

Sostuvo que esto constituye una manifiesta alteración del orden constitucional y está fuera de todo canon legal.

Cohen le recordó a Martínez que la Cámara de Cuentas es el único órgano facultado por el artículo 248 de la Constitución a “ejercer el control externo o fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.”

Dijo además que ha enviado a la presidenta de Pro Competencia “un acto de advertencia y objeción ante la ocurrencia de graves inobservancias legales que darían al traste con la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y patrimonial de los funcionarios actuantes.”

“Estos hechos concretos han evidenciado que la Sra. Martínez ha viciado el proceso de auditoría, intentado afectar la verdad y el curso de unos resultados, pretendiendo sustentar una acusación sin haber si quiera agotado y garantizado los derechos de defensa, dando a todas luces a lugar a violaciones del ordenamiento jurídico” aseveró Cohen.

Agregó, “Dada a mi experiencia jurídica, académica e internacional, de mas de 20 años, me veo compelida a defender la institucionalidad y las normas de derecho, violadas por la actual presidenta de Procompetencia.”

Desde su punto de vista llama a la atención la extraña coincidencia de la divulgación en la prensa de los datos que pone en entredicho justo luego que la Camara de Cuentas anunciara que auditará un proceso de adjudicación dado en la actual gestión de Martínez a la empresa Tikitaca.

“Es evidente que la presidenta de Pro Competencia busca encubrir su propia falta y consecuente escándalo y empañar el debido proceso, lanzando una farsa mediática cual si fuera un circo. Estoy convencida de que las auditorías siempre constituyen procesos necesarios, en tanto miden el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento a la institucionalidad”, subrayó.

CDN

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Senado aprueba el Código Penal en primera lectura sin las tres causales

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El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el Proyecto de Ley de Código Penal de la República Dominicana sin las tres causales sobre el aborto.

Por el proyecto, votaron a favor 23 de 27 senadores presentes.

La pieza de 421 artículos ha ganado el interés de sanción por parte de la mayoría de representantes de las bancadas partidarias antes del 15 de febrero, cuando cierra la legislatura extraordinaria.

«Se hace necesario la sensatez para dejar de utilizar las tres causales como arma política», indicó el vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Aris Yván Lorenzo.

El congresista llamó a que las tres causales se puedan incluir en una ley especial.

La propuesta de Lorenzo fue sometida a votación y rechaza por la mayoría, al conseguir seis síes y 21 noes.

En ese sentido, la senadora Faride Raful, abanderada de la lucha en favor de las tres causales sobre el aborto, manifestó que nunca va a claudicar en cuanto a sus creencias.

Raful sometió de inmediato una modificación al artículo 112 de Código Penal que sanciona hasta con dos años de cárcel la práctica del aborto.

La legisladora sometió un párrafo que dice: «Tampoco serán sancionados los profesionales de la salud, que para preservar la vida de la mujer previo a las 12 semanas de gestación realicen procedimientos médicos para interrumpir el embarazo cuando el desarrollo del mismo ponga en peligro la vida de la madre, cuando el fruto del embarazo sea producto de una violación sexual o cuando el desarrollo del feto sea incompatible con la vida».

La inclusión de este párrafo fue votado de manera negativa, recibiendo 21 noes y solo siete síes del universo de legisladores de 28.

El senador Ramón Rogelio Genao resaltó el consenso que existe para darle al país un Código Penal moderno.

Afirmó que son 139 años de antigüedad que tiene el actual Código y más de 20 años de debates congresuales.

«Lo que penaliza el Código Penal que estamos aprobando en el día de hoy es el aborto electivo, porque el aborto electivo es un asesinato y el aborto no puede ser un método anticonceptivo», dijo Genao.

Votar por la vida
Aclaró que nadie va a morir si llega a una clínica u hospital cuando el feto represente peligro para su vida, según el artículo 42 numeral 3 de la pieza.

El senador Martín Nolasco señaló ser el hijo número 24 de su familia y dijo que gracias al respeto a la vida, él hoy está representando a la provincia Valverde.

«Si tendría que votar cien veces por la vida de los seres humanos, cien veces lo haría», declaró Nolasco.

Esta norma tiene más de 70 nuevos tipos penales. En el ánimo de todos los congresistas está que la pieza pueda ser convertida en ley en la actual legislatura extraordinaria.

El Código Penal es una iniciativa de ley estructurada por 421 artículos desarrollados en cinco libros.

Este código se debate en el Congreso Nacional desde el mes de febrero del año 2000, y ha tenido dos aprobaciones, pero no ha sido promulgado por los pasados presidentes de la República, que lo vetaron por el tema del aborto.

De ser sancionado en segunda lectura, el próximo martes 14 de febrero, la pieza pasaría a la Cámara de Diputados, que, a su vez, contaría con sólo un día para su aprobación en dos lecturas.

El proyecto ley no perime porque fue introducido en esta legislatura extraordinaria concedida por el presidente Luis Abinader.

Fuente: Diario Libre

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Proyecto de ley cargaría a ciudadanos dominicanos manutención de inmigrantes

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El proyecto de ley para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes, establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una Contribución Especial obligatoria en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes, conforme a los presupuestos establecidos en esa legislación.

Los aportes a los que se refiere el artículo 34 de esta ley, deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, conforme a lo siguiente: Persona jurídica o entidad con ingresos de cero pesos hasta un millón de pesos, aportarán 150 pesos, mientras que quienes tengran ingresos de un millón de pesos hasta ocho millones de pesos, aportarán 450 pesos.

Reseña el Listín Diario que las personas jurídicas o entidad con ingresos de ocho millones un peso hasta 20 millones de pesos aportarán 1,500 pesos; las que tengan ingresos de 20 millones un peso hasta 50 millones de pesos aportarán 9,000 pesos; así mismo, las que tengan ingresos de 50 millones un peso hasta 100 millones de pesos aportarán 27 mil pesos, y las que tengan ingresos superiores a 100 millones un peso aportarán 78 mil pesos.

La Ley expresa que los montos previstos en el artículo anterior serán indexados anualmente , conforme el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Banco Central, o lo que es lo mismo, los niveles de inflación.

Esta legislación advierte que la contribución establecida es de carácter obligatorio para toda la persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios.

Además, que dicha contribución podrá ser deducida de la renta bruta de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 287 del Código Tributario.

Imigrantes ilegales
Ayer el periódico Listín Diario publicó un trabajo donde expresa que el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre de 2022, contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos.

La pieza legislativa, que se encuentra en fase de estudio en el Senado, establece en su artículo 63 gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país “debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.

También podrán gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes.

Además, las víctimas podrán optar por un seguro de salud, hasta tanto permanezcan dentro de la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, una entidad que será fundada en caso de aprobarse la ley.

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