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Ex presidenta de Pro Competencia acusa a Yolanda Martínez de afectar su reputación moral y profesional
SANTO DOMINGO,.- La ex presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), Michelle Cohen, llamó la atención sobre “la divulgación y uso indebido de información de una auditoría que cursa por un etapa confidencial” por parte de la actual incumbente de esa institución, Yolanda Martínez.
En un comunicado, afirmó que dicha acción viola el debido proceso y resulta sancionable que, según ella, tuvo como objetivo afectar su reputación moral y profesional.
Cohen se pronunció en esos términos a propósito de la reciente publicación de una nota de prensa, difundida a través de varios medios de comunicación, que citaba que la Cámara de Cuentas “detectó errores en auditoría a Pro Competencia durante su período 2014-2015,”
La ex funcionaria dijo que tiene en su poder la certificación 004467 del 23 de marzo del año en curso, firmada por el presidente de la Cámara de Cuentas, que señala de manera taxativa que “el informe provisional de la auditoria no ha sido enviado a la entidad y se encuentra transitando los distintos procesos del auditor, por lo que las documentaciones e informaciones sobre los mismos son confidenciales”.
Agregó el comunicado que, en ese contexto, resulta sorprendente que el pasado 10 de marzo, la presidenta de Pro Competencia, en entrevista captada en video durante su visita a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, declara haber recibido de la Camara de Cuentas un “informe preliminar” en enero de una gestión del 2014 al 2015, y que posteriormente Martínez suministrara documentos e informaciones sobre el particular a los medios de comunicación.
“La divulgación y el uso indebido de la información en etapa confidencial, por parte de la señora Martínez, de datos, que no forman parte de una auditoría terminada, viola el debido proceso y resulta sancionable que esta funcionaria hasta llevara informaciones cuestionables a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que ademas atribuya la circulación del mismo a la Camara de Cuentas”, subrayó Cohen.
También dijo que, en contraposición la Cámara de Cuentas afirma en la citada certificación “que el informe provisional se remitirá tanto a la entidad auditada como a todos los involucrados en la auditoría, para dar la oportunidad de enviar sus observaciones y reparos,” confirmando que los trabajos no están terminados.
Cohen aseguró que cuenta con réplicas razonadas y comprobables, así como con las evidencias de lugar que presentará cuando el ente auditor le ofrezca la oportunidad en atención a la Ley 10-04 y su reglamento de aplicación, que regulan el debido proceso.
Afirmó que desmontará con pruebas documentales las versiones oficiosas divulgadas por Martínez, para distraer la opinion pública ante la adjudicación controversial de un contrato bajo su mandato.
Acusa a Martínez de usurpar funciones
Por otro lado, Cohen denunció que “en un acto ilegal”, Yolanda Martínez se atribuyó funciones que no le corresponden y que son exclusivamente propias de la Cámara de Cuentas, al citarla, posterior a la divulgación, mediante acto de alguacil a comparecer ante Pro Competencia para “rendir cuentas” sobre los supuestos resultados de una auditoría en proceso.
Sostuvo que esto constituye una manifiesta alteración del orden constitucional y está fuera de todo canon legal.
Cohen le recordó a Martínez que la Cámara de Cuentas es el único órgano facultado por el artículo 248 de la Constitución a “ejercer el control externo o fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.”
Dijo además que ha enviado a la presidenta de Pro Competencia “un acto de advertencia y objeción ante la ocurrencia de graves inobservancias legales que darían al traste con la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y patrimonial de los funcionarios actuantes.”
“Estos hechos concretos han evidenciado que la Sra. Martínez ha viciado el proceso de auditoría, intentado afectar la verdad y el curso de unos resultados, pretendiendo sustentar una acusación sin haber si quiera agotado y garantizado los derechos de defensa, dando a todas luces a lugar a violaciones del ordenamiento jurídico” aseveró Cohen.
Agregó, “Dada a mi experiencia jurídica, académica e internacional, de mas de 20 años, me veo compelida a defender la institucionalidad y las normas de derecho, violadas por la actual presidenta de Procompetencia.”
Desde su punto de vista llama a la atención la extraña coincidencia de la divulgación en la prensa de los datos que pone en entredicho justo luego que la Camara de Cuentas anunciara que auditará un proceso de adjudicación dado en la actual gestión de Martínez a la empresa Tikitaca.
“Es evidente que la presidenta de Pro Competencia busca encubrir su propia falta y consecuente escándalo y empañar el debido proceso, lanzando una farsa mediática cual si fuera un circo. Estoy convencida de que las auditorías siempre constituyen procesos necesarios, en tanto miden el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento a la institucionalidad”, subrayó.
CDN
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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