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Acusado matar a Paola Languasco será extraditado en 2018

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles que tras la confirmación oficial de la recaptura en Alemania de Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, principal sospechoso del asesinato de la abogada dominicana Paola Languasco Jiménez, se estableció comunicación con las autoridades de España, con el objetivo de traerlo al país.

La Procuraduría explicó que de acuerdo a funcionarios españoles, el requerido podría ser extraditado una vez haya cumplido con una condena que tiene pendiente en la nación ibérica, que finaliza en septiembre del año 2018.

Se recuerda que el procurador general Jean Rodríguez, se reunió con autoridades de España y les solicitó redoblar esfuerzos para la recaptura de Nepomuceno Rodríguez, quien a mediados de 2016 se había sustraído del cumplimiento de una condena en esa nación.

La PGR indicó que el Ministerio Público logró que en fecha 16 de julio del 2015, el Juzgado Central de Instrucción No.001 de Madrid, conociera la solicitud de extradición realizada, estableciéndose en dicha audiencia que el requerido daba consentimiento de ser entregado a las autoridades de nuestro país.

Destacó que en ese momento la extradición no se ejecutó, ya que el imputado tenía pendiente una condena por narcotráfico hasta septiembre del 2018, luego de lo cual se procedería con la ejecución de la extradición que le había sido aprobada a la República Dominicana.

Cronología de un crimen pendiente de justicia

6 de Abril 2015: reportan desaparecida la abogada Paola Languasco, oriunda de Puerto Plata, de 37 años de edad.

24 de abril 2015: encuentra cuerpo de Paola Languasco en alcantarilla de la urbanización Jardines del Norte, Santiago.

Abril 2015: dictan prisión preventiva a dos implicados en muerte Paola Languasco.

Abril 2015: Ambiórix Nepomuceno Rodríguez es detenido por desaparición y muerte de Paola Languasco pero sin una explicación, la Policía en Santiago lo pone en libertad. Padre de la joven cree se trató de una componenda.

Mayo 2015: Procuraduría General anunció que Ambiórix Nepomuceno fue apresado por la Interpol en España.

Junio 2015: Ambiórix Nepomuceno es procesado en España por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, condenado a tres años de prisión.

Julio 2015: Juzgado de Instrucción de Madrid, España, acoge solicitud de extradición de Ambiórix Nepomuceno Rodríguez.

2 de julio 2016: Según el Diario de Burgos, España, Ambiórix Nepomuceno sale de la prisión con un permiso especial de cinco días y nunca regresó.

26 de julio 2016: El Diario de Burgos hace pública la noticia de que Ambiórix Nepomuceno se dio a la fuga.

3 de agosto 2016: Leopoldo Languasco, padre de Paola Languasco, afirma que la Procuraduría General de la República Dominicana sabía de la fuga de Nepomuceno en España y no había dicho nada.

Agosto 2016: Ambiórix Nepomuceno es incluido en la lista de los más buscados de la Interpol.

8 de abril 2017: Nepomuceno Rodríguez es atrapado por la policía en Hamburgo, Alemania, en atención a una orden de arresto de la Europol.

12 de abril 2017: Procuraduría General de la República Dominicana anuncia contacto a autoridades de España para extraditar a Ambiorix Nepomuceno al país.

Nepomuceno Rodríguez está acusado de varios crímenes además de la muerte a tiros de Paola Languasco, uno de ellos es la muerte a balazos de un hombre en San Francisco de Macorís en 2011.

CDN, canal 37

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Abel Martínez dice DNCD entró a su oficina y orden de allanamiento tenía otra dirección

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, afirmó este viernes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) penetraron la residencia que ha utilizado como oficina a pesar de que en la orden de allanamiento tenía la dirección de otra propiedad.

“Malintencionado, por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización Paraíso, no obstante la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle”, aseguró Martínez.

Asimismo, reiteró que no vive en el lugar donde la DNCD realizó la pesquisa, sino que solo la alquila, añadiendo que lo ha hecho durante los últimos 15 años y que todas las personas que lo conocen saben que desde allí opera su base política.

Igualmente el integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo sentirse indignado por las acciones de la DNCD, calificándola como una violación de privacidad, y expresó que más allá de beneficiarse del narcotráfico, lo ha combatido, desde su época de ayudante de fiscal.

No los conoce
En cuanto a las personas buscadas por las autoridades, Martínez aseveró que no los conoce e indicó que espera que estos sean apresados.

El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.

FUENTE: Listín Diario

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