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Obligan a KFC devolver propina a cliente en RD
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una solicitud de medida cautelar de parte de la firma Kentucky Foods Group Limited contra una resolución de Pro Consumidor que ordena la devolución de una propina cobrada indebidamente a un ciudadano que pidió una orden de comida para llevar.
La instancia judicial motivó su decisión en que el interés general y los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en el artículo 53 de la Constitución, son superiores al interés patrimonial individual de la empresa, según consta en la sentencia 0030-2017 leída el recién pasado 12 de abril.
La empresa, que maneja la marca Kentucky Fried Chicken, pretendía la suspensión de la resolución 036-2017 mediante la cual Pro Consumidor ordenaba revertir a favor del ciudadano Jack Michaelo Sánchez Bonetti la aplicación de “un 10% de ley” a una compra de comida a través del “take out”.
La medida de Pro Consumidor parte de que esta propina debe ser cobrada, en virtud del artículo 28 del Código de Trabajo, sólo cuando las personas consumen en los mismos lugares de comidas y bebidas, como hoteles, restaurantes, cafés y barras. Se trata de un monto que debe ser distribuido integralmente entre los trabajadores que han prestado el servicio.
La posición de la institución oficial defensora de los derechos del consumidor fue validada por el Tribunal Superior Administrativo argumentando que “el interés general no se identifica con la voluntad de los funcionarios que integran la administración pública, sino que el mismo debe ser identificado objetivamente como beneficioso para la comunidad en términos colectivos.”
La petición de medida cautelar de parte de Kentucky Foods Group Limited fue elevada hasta tanto el tribunal fallara un recurso contencioso administrativo depositado contra Pro Consumidor por haber ordenado la devolución de la propina.
La directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, informó que la institución tiene en sus manos múltiples casos de consumidores que han tenido la misma experiencia del ciudadano Sánchez Bonetti en otros establecimientos y que procederá en función del mandato de la ley 358-05 y bajo el amparo de la Constitución.
Los antecedentes del caso indican que el 30 de octubre de 2016, Sánchez Bonetti compró para llevar “un combo” de Kentucky Fried Chicken con un valor de RD$1,480.01, por lo cual le cobraron la “propina de ley” ascendente a RD$115.63. El ciudadano se quejó ante Pro Consumidor, que ordenó a la empresa la devolución del cargo.
Por su lado, en lugar de acatar la resolución de Pro Consumidor, Kentucky Foods Group Limited decidió interponer un recurso contencioso administrativo y una medida cautelar contra la decisión del órgano estatal defensor de los derechos de los consumidores.
Recientemente, el TSA rechazó una solicitud de medida cautelar elevada contra Pro Consumidor por la firma de microcréditos Vivus, que pretendía operar sin contrato registrado y librarse del pago de una multa equivalente a cien salarios mínimos.
El tribunal rechazó la petición de Vivus considerando que en ese caso debía primar la protección del interés colectivo implícita en la decisión de Pro Consumidor, a la vez que declara que la facultad sancionatoria de dicha institución ya ha sido objeto de fallos favorables por la Suprema Corte de Justicia.
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La vicepresidenta denuncia “campaña sucia” en su contra
La vicepresidenta de la República y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Raquel Peña, denunció que existe una «campaña sucia» en su contra, la cual «no vienen precisamente de la oposición”.
Al participar en el programa La Opción de la Mañana, Peña exclamó que el proceso de campaña “ha sido despiadado” pero que se mantendrá con sus aspiraciones presidenciales.
«Este proceso de campaña ha sido despiadado, hay una campaña sucia y grosera en contra nuestra y no necesariamente ha venido desde la oposición y tengo que decirlo claro, yo soy muy clara, porque la realidad es que nosotros debemos de entender que nosotros, los que somos inquilinos del Palacio Nacional, tenemos un privilegio de información y antes de salir esa campaña, ya yo sabía que iba pero yo no la mandé a parar», señaló Peña en el programa del grupo Telemicro.
La vicemandataria señaló que no iba a caer en juego de «hacer campaña sucia» e invito a los demás aspirantes presidenciales, y sus equipos, a no acudir a ese método.
«Yo no necesito bajarte a ti, para subir yo y ojalá nuestros compañeros podamos entender todo esto y llevemos la fiesta en paz; pero definitivamente es inaceptable esa campaña sucia que se ha hecho contra mi persona», exclamó.
Además de la vicepresidenta, actualmente la carrera por la candidatura presidencial del PRM cuenta con otros cuatro aspirantes.
Siendo estos el ministro de Turismo, David Collado; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Welington Arnaud, y el presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.
Vía Listín Diario
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Acusado de planificar atentado contra Abinader dice que buscaba convocar una protesta
Delvinson de la Cruz Sosa, acusado de planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader, aseguró que su intención era convocar a la ciudadanía a una protesta el pasado 6 de noviembre, Día de la Constitución.
El joven ofreció estas declaraciones a periodistas este martes al salir de la sala de audiencias del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde estaba previsto el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Sin embargo, el proceso fue aplazado para el próximo viernes, luego de que el abogado Jerso Lizardo renunciara a su defensa.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, De la Cruz Sosa insistió en que no había cometido ningún hecho delictivo.
Afirmó que, una vez concluya el proceso judicial, retomará la organización de la protesta.
Mientras el imputado permanecía en el recinto judicial, decenas de personas se concentraron en las afueras del Palacio de Justicia para exigir su libertad.
Los manifestantes consideraron que el caso representa un «intento de limitar el derecho a la protesta».
Sostuvieron que el joven buscaba movilizar a la población en rechazo a las políticas del Gobierno.
José Mercado, uno de los participantes en la manifestación, afirmó que las acusaciones pretenden desviar la atención de los reclamos ciudadanos por el manejo de los recursos públicos y las condiciones económicas de la población.
Acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público mantiene la acusación contra De la Cruz Sosa por su presunta participación en la planificación de acciones terroristas contra el presidente de la República.
El órgano persecutor solicita que se le imponga prisión preventiva como medida de coerción.
Tras el nuevo aplazamiento, el tribunal fijó la audiencia para el próximo viernes, a partir de las 4:00 de la tarde.
Vía Diario Libre
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