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Obligan a KFC devolver propina a cliente en RD

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El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una solicitud de medida cautelar de parte de la firma Kentucky Foods Group Limited contra una resolución de Pro Consumidor que ordena la devolución de una propina cobrada indebidamente a un ciudadano que pidió una orden de comida para llevar.

La instancia judicial motivó su decisión en que el interés general y los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en el artículo 53 de la Constitución, son superiores al interés patrimonial individual de la empresa, según consta en la sentencia 0030-2017 leída el recién pasado 12 de abril.

La empresa, que maneja la marca Kentucky Fried Chicken, pretendía la suspensión de la resolución 036-2017 mediante la cual Pro Consumidor ordenaba revertir a favor del ciudadano Jack Michaelo Sánchez Bonetti la aplicación de “un 10% de ley” a una compra de comida a través del “take out”.

La medida de Pro Consumidor parte de que esta propina debe ser cobrada, en virtud del artículo 28 del Código de Trabajo, sólo cuando las personas consumen en los mismos lugares de comidas y bebidas, como hoteles, restaurantes, cafés y barras. Se trata de un monto que debe ser distribuido integralmente entre los trabajadores que han prestado el servicio.

La posición de la institución oficial defensora de los derechos del consumidor fue validada por el Tribunal Superior Administrativo argumentando que “el interés general no se identifica con la voluntad de los funcionarios que integran la administración pública, sino que el mismo debe ser identificado objetivamente como beneficioso para la comunidad en términos colectivos.”

La petición de medida cautelar de parte de Kentucky Foods Group Limited fue elevada hasta tanto el tribunal fallara un recurso contencioso administrativo depositado contra Pro Consumidor por haber ordenado la devolución de la propina.

La directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, informó que la institución tiene en sus manos múltiples casos de consumidores que han tenido la misma experiencia del ciudadano Sánchez Bonetti en otros establecimientos y que procederá en función del mandato de la ley 358-05 y bajo el amparo de la Constitución.

Los antecedentes del caso indican que el 30 de octubre de 2016, Sánchez Bonetti compró para llevar “un combo” de Kentucky Fried Chicken con un valor de RD$1,480.01, por lo cual le cobraron la “propina de ley” ascendente a RD$115.63. El ciudadano se quejó ante Pro Consumidor, que ordenó a la empresa la devolución del cargo.

Por su lado, en lugar de acatar la resolución de Pro Consumidor, Kentucky Foods Group Limited decidió interponer un recurso contencioso administrativo y una medida cautelar contra la decisión del órgano estatal defensor de los derechos de los consumidores.

Recientemente, el TSA rechazó una solicitud de medida cautelar elevada contra Pro Consumidor por la firma de microcréditos Vivus, que pretendía operar sin contrato registrado y librarse del pago de una multa equivalente a cien salarios mínimos.

El tribunal rechazó la petición de Vivus considerando que en ese caso debía primar la protección del interés colectivo implícita en la decisión de Pro Consumidor, a la vez que declara que la facultad sancionatoria de dicha institución ya ha sido objeto de fallos favorables por la Suprema Corte de Justicia.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Supuestos clientes de Mantequilla exigen su puesta en libertad

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Supuestos clientes de Mantequilla, Wilkin García Peguero, y su empresa Inversiones 3.14, se presentaron este viernes a la Fiscalía de Monte Plata con carteles y recibos en mano, para exigir su liberación.

“Lo queremos libre. Él a nadie obligó a llevar dinero, por que cuando querían que él le diera el cien por ciento a tres y cuatro días no decían que era abusador”, expresaron algunos de los supuestos clientes de Mantequilla.

Aseguran que lo de Mantequilla no se trata de una estafa porque nunca se ha negado a pagar. “Hay quienes creen que se acabó el mundo y no aguantan su turno», al afirmar que está pagando personalmente y no se esconde de nadie porque «llegó para ayudar» a las personas de Sabana Grande de Boyá.

Finalmente, los supuestos clientes de Mantequilla manifestaron estar dispuestas a defender su inocencia. Incluso, amenazaron con protestar con la quema de neumáticos en caso de que lo mantengan detenido.

Las autoridades apresaron a Wilkin García Peguero, presidente de Inversiones 3.14 tras tener más de 10 denuncias en su contra. Pasadas las 5:00 p.m de la tarde de ayer jueves y con máxima seguridad llegó Mantequilla aldestacamento de Monte Plata, donde el Ministerio Público lo interrogó.

Se espera que para las 2:00 de la tarde el Ministro Público deposite denuncia formal y mañana se haga efectiva su presentación ante el tribunal de Atención Permanente para conocer la medida de coerción.

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MP pide un año de prisión preventiva para Mantequilla

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El Ministerio Público solicitó a la Oficina de la Atención Permanente de Monte Plata imponer un año de prisión preventiva como medida de coerción a Wilkin García Peguero (Mantequilla) bajo cargos de estafa y amenaza de muerte a una de sus supuestas víctimas.

Ramona Santana Uceta, fiscal titular interina de Monte Plata, y sus colegas fiscales Yalitza Maralay Martínez Acosta, Félix T. Heredia Heredia y Ángela Contreras Albuez, argumentaron que García Peguero incurrió en tales delitos sancionados de conformidad a la calificación jurídica provisional de 307 y 405 del Código Penal Dominicano.

El Ministerio Público expuso que la compañía 3.14 inversiones World Wide de Mantequilla debe afrontar como «medida de coerción real lo establecido en el artículo 243 del Código Procesal Penal, consistente en la suspensión de las operaciones comerciales que realiza hasta tanto se culmine con la investigación”.

La fiscalía que encabeza Santana Uceta adelantó que recibió querellas y denuncias de unas 35 víctimas que se dicen afectadas con «más de 20 millones de pesos que aportaron al imputado y a su compañía -no regulada por el sistema financiero- con la promesa de que tendrían amplios réditos».

El Ministerio Público gestionó el 9 de noviembre la orden de arresto contra García Peguero que la jueza Carmen Daniela Araujo, titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, aceptó y emitió la orden núm. 668-2022-SAJP-01389 contra el imputado que luego fue arrestado en el Distrito Nacional por agentes de la Policía.

García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operó en un local comercial y en una residencia del municipio Sabana Grande de Boyá, y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal

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