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Obligan a KFC devolver propina a cliente en RD
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una solicitud de medida cautelar de parte de la firma Kentucky Foods Group Limited contra una resolución de Pro Consumidor que ordena la devolución de una propina cobrada indebidamente a un ciudadano que pidió una orden de comida para llevar.
La instancia judicial motivó su decisión en que el interés general y los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en el artículo 53 de la Constitución, son superiores al interés patrimonial individual de la empresa, según consta en la sentencia 0030-2017 leída el recién pasado 12 de abril.
La empresa, que maneja la marca Kentucky Fried Chicken, pretendía la suspensión de la resolución 036-2017 mediante la cual Pro Consumidor ordenaba revertir a favor del ciudadano Jack Michaelo Sánchez Bonetti la aplicación de “un 10% de ley” a una compra de comida a través del “take out”.
La medida de Pro Consumidor parte de que esta propina debe ser cobrada, en virtud del artículo 28 del Código de Trabajo, sólo cuando las personas consumen en los mismos lugares de comidas y bebidas, como hoteles, restaurantes, cafés y barras. Se trata de un monto que debe ser distribuido integralmente entre los trabajadores que han prestado el servicio.
La posición de la institución oficial defensora de los derechos del consumidor fue validada por el Tribunal Superior Administrativo argumentando que “el interés general no se identifica con la voluntad de los funcionarios que integran la administración pública, sino que el mismo debe ser identificado objetivamente como beneficioso para la comunidad en términos colectivos.”
La petición de medida cautelar de parte de Kentucky Foods Group Limited fue elevada hasta tanto el tribunal fallara un recurso contencioso administrativo depositado contra Pro Consumidor por haber ordenado la devolución de la propina.
La directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, informó que la institución tiene en sus manos múltiples casos de consumidores que han tenido la misma experiencia del ciudadano Sánchez Bonetti en otros establecimientos y que procederá en función del mandato de la ley 358-05 y bajo el amparo de la Constitución.
Los antecedentes del caso indican que el 30 de octubre de 2016, Sánchez Bonetti compró para llevar “un combo” de Kentucky Fried Chicken con un valor de RD$1,480.01, por lo cual le cobraron la “propina de ley” ascendente a RD$115.63. El ciudadano se quejó ante Pro Consumidor, que ordenó a la empresa la devolución del cargo.
Por su lado, en lugar de acatar la resolución de Pro Consumidor, Kentucky Foods Group Limited decidió interponer un recurso contencioso administrativo y una medida cautelar contra la decisión del órgano estatal defensor de los derechos de los consumidores.
Recientemente, el TSA rechazó una solicitud de medida cautelar elevada contra Pro Consumidor por la firma de microcréditos Vivus, que pretendía operar sin contrato registrado y librarse del pago de una multa equivalente a cien salarios mínimos.
El tribunal rechazó la petición de Vivus considerando que en ese caso debía primar la protección del interés colectivo implícita en la decisión de Pro Consumidor, a la vez que declara que la facultad sancionatoria de dicha institución ya ha sido objeto de fallos favorables por la Suprema Corte de Justicia.
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La Policía Nacional investiga muerte de la influencer Melissa Medina
La Policía Nacional informó que mantiene abierta una investigación, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer las circunstancias en que falleció la joven influencer Melissa Medina, de 22 años, cuyo deceso ocurrió durante la madrugada del pasado martes en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.
El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que los organismos investigativos están entrevistando a las personas que acompañaban a la joven al momento del suceso, quienes son una joven de 21 años y un hombre de 60 años.
Pesqueira precisó que, por el momento, las identidades de ambos acompañantes se mantienen bajo reserva, a fin de no comprometer el desarrollo de las indagatorias.
Espera de informe forense y curso de las pesquisas
Asimismo, el portavoz policial indicó que las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), los cuales serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento.
La Policía Nacional señaló que el proceso investigativo continúa en curso y que se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las diligencias correspondientes.
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Condenan a 20 años de prisión madre que decapitó a su hija de 6 años
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a la médico y exmilitar Ana Josefa García Cuello, encontrada culpable de la muerte de su hija de seis años, a quien decapitó el 15 de agosto de 2024 en la residencia familiar, ubicada en el sector Hainamosa.
La sentencia establece que García Cuello deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, donde permanecía recluida desde agosto de 2024.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo una acusación por homicidio con premeditación y asechanza, fundamentada en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal dominicano.
La muerte de la niña ocurrió en un apartamento del residencial La Razón I, donde residía junto a su madre y otros familiares.
Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Policía Nacional arrestaron a García Cuello, quien era médico y miembro del Ejército de la República Dominicana.
El 20 de agosto de 2024, cinco días después del crimen, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso 12 meses de prisión preventiva.
La discusión sobre su salud mental
Uno de los aspectos centrales del proceso judicial fue la condición de salud mental de la acusada, cuyo equipo de abogados sostuvo que padecía trastornos psiquiátricos que impedían atribuirle responsabilidad penal.
La defensa solicitó que García Cuello fuera declarada inimputable, amparándose en el artículo 64 del Código Penal, que contempla la situación de personas que se encontraban en estado de demencia al momento de cometer un hecho.
El 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de inimputabilidad y la realización de nuevas evaluaciones mentales.
La magistrada explicó entonces que ese planteamiento podía formularse en otra etapa del proceso judicial.
En marzo de 2026, el abogado Julio Alberico Hernández, quien también es psiquiatra forense, reiteró que su defendida padecía trastornos severos y cuestionó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.
El jurista sostuvo que los exámenes realizados a la procesada respaldaban su posición sobre la condición psiquiátrica de García Cuello.
Durante la investigación, la acusada fue sometida a evaluaciones psiquiátricas para determinar su capacidad de responder ante los tribunales.
La decisión podrá ser recurrida conforme a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal dominicana.
Vía Diario Libre
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