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Tras ser apresado, Temo pone cargo a disposición del Presidente

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Santo Domingo.-El ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, puso su cargo a disposición del presidente de la República tras haber sido apresado junto a otros presuntos sobornados por la constructora brasileña Odebrecht, en el mayor escándalo de corrupción de la historia continental.

De ser hallado culpables, tanto Montás como los otros 14 imputados por el caso, podrían ser condenados a penas de entre 3 a 20 años de prisión y el decomiso y secuestro de todos los bienes ilícitos,

También podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos, según el artículo 123 del Código Penal citado en el requerimiento.

En la carta dirigida al presidente Danilo Medina, su compañero en el Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señala que hoy recibió la “desafortunada noticia de ser acusao por la Procuraduría General de la República en el publicitado caso Odebrecht, por la supuesta comisión de crímenes cometidos en el ejercicio de la función pública.

Destaca que en los últimos 16 años se ha desempeñado como funcionario público en cargos de alto nivel en los distintos gobiernos del PLD y que “nunca mi nombre había sido vinculado directa o indirectamente con actuaciones indecorosas o coantrarias a la legalidad”.

Todo lo contrario, subraya, “me enorgullece reconocer que mi trayectoria política y profesional ha sido siempre referida por compañeros, amigos, familiares y seguidores como modelo de honestidad, honradez y probidad”.

Dijo que esta “indeseable sorpresa” que hoy ataca su honorabilidad y prestancia social, constituye una perturbadora distracción que afecta su vocación de servicio, razón por la cual “apelo a ueste en su calidad de jefe de Estado y de Gobierno para poner a su disposición el carggo que ostento de ministro de Industria y Comercio y Mipymes”, hasta que quede demostrado en la justicia que nunca he utilizado un cargo público bajo mi dirección para obtener ventajas, beneficios o privilegios”.

Además, de Montás, esta mañana fueron apresados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ruddy González, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Radhamés Segura, César Sánchez y Máximo De Oleo.

Además, la Procuraduría dictó orden de arresto contra lo senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, así como contra el diputado Alfredo Pacheco, y Bernardo Castellanos y Rafael Genaro Suero Milano.

La carta

EL DIA

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

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Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.

“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.

“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.

El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.

“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.

Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.

Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud

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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.

La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.

Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».

Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.

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