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Juez recesa medida de coerción en caso por sobornos de Odebrecht

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El juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para enjuiciar a los implicados en el caso de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, recesó para hoy a las 5:00 p.m. el conocimiento de las medidas de coerción a los involucrados en el escándalo a fin de que los abogados de los encartados obtengan las copias del expediente acusatorio en el transcurso de la mañana.

El magistrado Francisco Ortega Polanco también rechazó los pedimentos de libertad de los imputados y la nulidad del proceso demandados por la defensa de los imputados.

Asimismo, el juez ordenó el desglose del expediente con relación al imputado Bernardo Castellanos, quien no estuvo presente en la audiencia, debido a que se encuentra en Panamá.

El magistrado observó que por la ausencia de Castellanos no puede retrasar el proceso porque hay 10 imputados que están detenidos. Ortega Polanco explicó que dará el tratamiento que indica la Constitución, en el caso de Castellanos.

La acusación contra los 14 imputados por el escandaloso caso de corrupción consta de 136 páginas, por lo que de acuerdo con el veredicto del magistrado, sacarle copias a ese legajo resultaría prácticamente imposible para entregarlas a todos, ya que serían más de cuatro mil.

El juez Ortega Polanco ordenó la designación de un abogado de oficio para que asuma la defensa de Castellanos. En ese sentido se escogieron a los abogados Andrea Sánchez y Luis Montero, quienes presentaron credenciales, pero luego rehusaron asumir la defensa, alegando que no estaban apoderados por el imputado.

Debates
Tony Delgado, abogado de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió el aplazamiento de la audiencia y que se ponga en libertad inmediata a su cliente, a lo cual se adhirieron la mayoría de los defensores.

Por esta razón pidieron aplazar el proceso y que sus defendidos acudan a las audiencias estando en libertad.

Los imputados en el caso de soborno por 92 millones de dólares llevados a la sala de audiencia son Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Andrés Bautista, César Sánchez, Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Máximo De Óleo y Ruddy González.

El imputado Bernardo Castellanos no estuvo presente ante la imposibilidad de ejecutar la orden de arresto en su contra debido a que está fuera del país, aunque anunció que vendrá voluntariamente a enfrentar la acusación’

Legisladores
Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, quienes se encuentran en libertad debido a su condición de legisladores, acudieron al proceso de conocimiento de medidas de coerción acompañados de sus abogados.
Galán, senador por San Cristóbal, admitió que la citación le llegó a las 6:30 de la tarde y decidió acudir para responder a cualquier pregunta.

De su lado, Valentín, senador de la provincia Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que no ha sido citado por el caso, pero que se enteró por algunas vías que otros actores que han sido acusados sí fueron citados y esa información le bastó para acudir ante el magistrado de la instrucción de ese proceso.

El legislador se presentó junto a su abogado Jorge Luis Polanco, “y otros juristas que han decidido acompañarme para mostrar ante cualquier instancia mi inocencia de cualquier mención e imputación en este o cualquier otro acto que sea contrario a la ley”.

Valentín dijo que desconoce el proceso y que cuando tenga las informaciones se expresará al respecto ante los medios.

En tanto, Pacheco indicó que acudió a cumplir con el proceso como había prometido y que todo lo que tenía que decir lo dijo el lunes.

Traslado
Las autoridades del Ministerio Público trasladaron en la tarde de ayer a los implicados en el caso Odebrecht desde la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional hacia la Suprema Corte de Justicia.

El primero en salir fue el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; seguido del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Ruddy González.

También están encartados el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez; así como Máximo De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). También fueron conducidos a la sede de la Suprema, el ingeniero Radhamés Segura; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, que fungió como encargado comercial de la constructora brasileña.

Abogados alegan fallas técnicas en el proceso
El juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, inició la audiencia a las 8:00 de la noche, en presencia de los diez imputados, en la Sala Augusta de la séptima planta de la SCJ, perímetro que fue estrechamente acordonado por efectivos policiales fuertemente armados.

La defensa técnica del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, alegó que a su representado no se le había comunicado para qué fue trasladado a la SCJ, por lo que alegó violación presencial y que es al tribunal al que le corresponde allanar todos los obstáculos para que los acusados puedan defenderse. El abogado del senador Tommy Galán se quejó de que no fue sino hasta ayer a las 6:00 de la tarde cuando se le entregó un acto de alguacil en el que se le notificaba que a las 8:00 debían presentarse a audiencia en dicho tribunal, por lo que pidió al juez que suspendiera el conocimiento de esa causa.

Los abogados de los imputados
Manuel Alejandro Rodríguez, abogado de Temístocles Montás; José Guarionex Ventura, abogado de Tommy Galán; Jorge Luis Polanco, Elsa Guillén y Carlos Olivares, abogados de Julio César Valentín; José Miguel Minier Almonte y Tony Delgado, abogados de Ángel Rondón; Abel Rodríguez del Orbe, Manuel Pérez y Efraín Vázquez, abogados de Víctor Díaz Rúa; Luis Soto, Edwin Acosta y Diana Salomón, abogados de César Sánchez; Agripino Aquino de la Cruz y Ángel Delgado Malagón, abogados de Radhamés Segura; Claudio Estephan y Francisco Campos, abogados de Roberto Rodríguez; Carlos Salcedo, Antoliano Peralta y Carlos Marrero, abogados de Andrés Bautista; Rafael Ureña, Alberto Núñez y Carlos Santana Jiménez, abogados de Ruddy González; Ángel Encarnación Amador, Ricardo Pérez y Ángela Collado, abogados de Alfredo Pacheco y D’ Óleo Ramírez; Joaquín Antonio Zapata, Erick Raful, Santiago Rodríguez y Conrado Pittaluga Vicioso, abogados de Conrado Pittaluga

Rechazan un hábeas corpus
El juez de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional, Franni González, rechazó un recurso de hábeas corpus interpuesto por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, bajo el argumento de irregularidad de la prisión.

El magistrado consideró improcedente la acción de amparo, ya que deberá ser el juez de instrucción apoderado del caso, quien se pronuncie sobre la legalidad o no de la detención. González ordenó la notificación de la decisión al impetrante, así como al juez de instrucción especial y al Procurador General de la República.

Por Genrris Agramonte/EL CARIBE

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz

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A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.

Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.

Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.

Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.

Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.

Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.

Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.

Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.

«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.

Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».

«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».

Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.

Un historial recurrente en los tribunales

Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).

Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.

El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.

Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.

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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago

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La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.

La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.

Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.

Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.

Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.

Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.

Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.

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