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Juez recesa medida de coerción en caso por sobornos de Odebrecht

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El juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para enjuiciar a los implicados en el caso de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, recesó para hoy a las 5:00 p.m. el conocimiento de las medidas de coerción a los involucrados en el escándalo a fin de que los abogados de los encartados obtengan las copias del expediente acusatorio en el transcurso de la mañana.

El magistrado Francisco Ortega Polanco también rechazó los pedimentos de libertad de los imputados y la nulidad del proceso demandados por la defensa de los imputados.

Asimismo, el juez ordenó el desglose del expediente con relación al imputado Bernardo Castellanos, quien no estuvo presente en la audiencia, debido a que se encuentra en Panamá.

El magistrado observó que por la ausencia de Castellanos no puede retrasar el proceso porque hay 10 imputados que están detenidos. Ortega Polanco explicó que dará el tratamiento que indica la Constitución, en el caso de Castellanos.

La acusación contra los 14 imputados por el escandaloso caso de corrupción consta de 136 páginas, por lo que de acuerdo con el veredicto del magistrado, sacarle copias a ese legajo resultaría prácticamente imposible para entregarlas a todos, ya que serían más de cuatro mil.

El juez Ortega Polanco ordenó la designación de un abogado de oficio para que asuma la defensa de Castellanos. En ese sentido se escogieron a los abogados Andrea Sánchez y Luis Montero, quienes presentaron credenciales, pero luego rehusaron asumir la defensa, alegando que no estaban apoderados por el imputado.

Debates
Tony Delgado, abogado de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió el aplazamiento de la audiencia y que se ponga en libertad inmediata a su cliente, a lo cual se adhirieron la mayoría de los defensores.

Por esta razón pidieron aplazar el proceso y que sus defendidos acudan a las audiencias estando en libertad.

Los imputados en el caso de soborno por 92 millones de dólares llevados a la sala de audiencia son Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Andrés Bautista, César Sánchez, Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Máximo De Óleo y Ruddy González.

El imputado Bernardo Castellanos no estuvo presente ante la imposibilidad de ejecutar la orden de arresto en su contra debido a que está fuera del país, aunque anunció que vendrá voluntariamente a enfrentar la acusación’

Legisladores
Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, quienes se encuentran en libertad debido a su condición de legisladores, acudieron al proceso de conocimiento de medidas de coerción acompañados de sus abogados.
Galán, senador por San Cristóbal, admitió que la citación le llegó a las 6:30 de la tarde y decidió acudir para responder a cualquier pregunta.

De su lado, Valentín, senador de la provincia Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que no ha sido citado por el caso, pero que se enteró por algunas vías que otros actores que han sido acusados sí fueron citados y esa información le bastó para acudir ante el magistrado de la instrucción de ese proceso.

El legislador se presentó junto a su abogado Jorge Luis Polanco, “y otros juristas que han decidido acompañarme para mostrar ante cualquier instancia mi inocencia de cualquier mención e imputación en este o cualquier otro acto que sea contrario a la ley”.

Valentín dijo que desconoce el proceso y que cuando tenga las informaciones se expresará al respecto ante los medios.

En tanto, Pacheco indicó que acudió a cumplir con el proceso como había prometido y que todo lo que tenía que decir lo dijo el lunes.

Traslado
Las autoridades del Ministerio Público trasladaron en la tarde de ayer a los implicados en el caso Odebrecht desde la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional hacia la Suprema Corte de Justicia.

El primero en salir fue el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; seguido del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Ruddy González.

También están encartados el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez; así como Máximo De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). También fueron conducidos a la sede de la Suprema, el ingeniero Radhamés Segura; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, que fungió como encargado comercial de la constructora brasileña.

Abogados alegan fallas técnicas en el proceso
El juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, inició la audiencia a las 8:00 de la noche, en presencia de los diez imputados, en la Sala Augusta de la séptima planta de la SCJ, perímetro que fue estrechamente acordonado por efectivos policiales fuertemente armados.

La defensa técnica del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, alegó que a su representado no se le había comunicado para qué fue trasladado a la SCJ, por lo que alegó violación presencial y que es al tribunal al que le corresponde allanar todos los obstáculos para que los acusados puedan defenderse. El abogado del senador Tommy Galán se quejó de que no fue sino hasta ayer a las 6:00 de la tarde cuando se le entregó un acto de alguacil en el que se le notificaba que a las 8:00 debían presentarse a audiencia en dicho tribunal, por lo que pidió al juez que suspendiera el conocimiento de esa causa.

Los abogados de los imputados
Manuel Alejandro Rodríguez, abogado de Temístocles Montás; José Guarionex Ventura, abogado de Tommy Galán; Jorge Luis Polanco, Elsa Guillén y Carlos Olivares, abogados de Julio César Valentín; José Miguel Minier Almonte y Tony Delgado, abogados de Ángel Rondón; Abel Rodríguez del Orbe, Manuel Pérez y Efraín Vázquez, abogados de Víctor Díaz Rúa; Luis Soto, Edwin Acosta y Diana Salomón, abogados de César Sánchez; Agripino Aquino de la Cruz y Ángel Delgado Malagón, abogados de Radhamés Segura; Claudio Estephan y Francisco Campos, abogados de Roberto Rodríguez; Carlos Salcedo, Antoliano Peralta y Carlos Marrero, abogados de Andrés Bautista; Rafael Ureña, Alberto Núñez y Carlos Santana Jiménez, abogados de Ruddy González; Ángel Encarnación Amador, Ricardo Pérez y Ángela Collado, abogados de Alfredo Pacheco y D’ Óleo Ramírez; Joaquín Antonio Zapata, Erick Raful, Santiago Rodríguez y Conrado Pittaluga Vicioso, abogados de Conrado Pittaluga

Rechazan un hábeas corpus
El juez de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional, Franni González, rechazó un recurso de hábeas corpus interpuesto por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, bajo el argumento de irregularidad de la prisión.

El magistrado consideró improcedente la acción de amparo, ya que deberá ser el juez de instrucción apoderado del caso, quien se pronuncie sobre la legalidad o no de la detención. González ordenó la notificación de la decisión al impetrante, así como al juez de instrucción especial y al Procurador General de la República.

Por Genrris Agramonte/EL CARIBE

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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