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Juez recesa medida de coerción en caso por sobornos de Odebrecht

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El juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para enjuiciar a los implicados en el caso de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, recesó para hoy a las 5:00 p.m. el conocimiento de las medidas de coerción a los involucrados en el escándalo a fin de que los abogados de los encartados obtengan las copias del expediente acusatorio en el transcurso de la mañana.

El magistrado Francisco Ortega Polanco también rechazó los pedimentos de libertad de los imputados y la nulidad del proceso demandados por la defensa de los imputados.

Asimismo, el juez ordenó el desglose del expediente con relación al imputado Bernardo Castellanos, quien no estuvo presente en la audiencia, debido a que se encuentra en Panamá.

El magistrado observó que por la ausencia de Castellanos no puede retrasar el proceso porque hay 10 imputados que están detenidos. Ortega Polanco explicó que dará el tratamiento que indica la Constitución, en el caso de Castellanos.

La acusación contra los 14 imputados por el escandaloso caso de corrupción consta de 136 páginas, por lo que de acuerdo con el veredicto del magistrado, sacarle copias a ese legajo resultaría prácticamente imposible para entregarlas a todos, ya que serían más de cuatro mil.

El juez Ortega Polanco ordenó la designación de un abogado de oficio para que asuma la defensa de Castellanos. En ese sentido se escogieron a los abogados Andrea Sánchez y Luis Montero, quienes presentaron credenciales, pero luego rehusaron asumir la defensa, alegando que no estaban apoderados por el imputado.

Debates
Tony Delgado, abogado de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió el aplazamiento de la audiencia y que se ponga en libertad inmediata a su cliente, a lo cual se adhirieron la mayoría de los defensores.

Por esta razón pidieron aplazar el proceso y que sus defendidos acudan a las audiencias estando en libertad.

Los imputados en el caso de soborno por 92 millones de dólares llevados a la sala de audiencia son Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Andrés Bautista, César Sánchez, Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Máximo De Óleo y Ruddy González.

El imputado Bernardo Castellanos no estuvo presente ante la imposibilidad de ejecutar la orden de arresto en su contra debido a que está fuera del país, aunque anunció que vendrá voluntariamente a enfrentar la acusación’

Legisladores
Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, quienes se encuentran en libertad debido a su condición de legisladores, acudieron al proceso de conocimiento de medidas de coerción acompañados de sus abogados.
Galán, senador por San Cristóbal, admitió que la citación le llegó a las 6:30 de la tarde y decidió acudir para responder a cualquier pregunta.

De su lado, Valentín, senador de la provincia Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que no ha sido citado por el caso, pero que se enteró por algunas vías que otros actores que han sido acusados sí fueron citados y esa información le bastó para acudir ante el magistrado de la instrucción de ese proceso.

El legislador se presentó junto a su abogado Jorge Luis Polanco, “y otros juristas que han decidido acompañarme para mostrar ante cualquier instancia mi inocencia de cualquier mención e imputación en este o cualquier otro acto que sea contrario a la ley”.

Valentín dijo que desconoce el proceso y que cuando tenga las informaciones se expresará al respecto ante los medios.

En tanto, Pacheco indicó que acudió a cumplir con el proceso como había prometido y que todo lo que tenía que decir lo dijo el lunes.

Traslado
Las autoridades del Ministerio Público trasladaron en la tarde de ayer a los implicados en el caso Odebrecht desde la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional hacia la Suprema Corte de Justicia.

El primero en salir fue el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; seguido del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Ruddy González.

También están encartados el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez; así como Máximo De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). También fueron conducidos a la sede de la Suprema, el ingeniero Radhamés Segura; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, que fungió como encargado comercial de la constructora brasileña.

Abogados alegan fallas técnicas en el proceso
El juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, inició la audiencia a las 8:00 de la noche, en presencia de los diez imputados, en la Sala Augusta de la séptima planta de la SCJ, perímetro que fue estrechamente acordonado por efectivos policiales fuertemente armados.

La defensa técnica del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, alegó que a su representado no se le había comunicado para qué fue trasladado a la SCJ, por lo que alegó violación presencial y que es al tribunal al que le corresponde allanar todos los obstáculos para que los acusados puedan defenderse. El abogado del senador Tommy Galán se quejó de que no fue sino hasta ayer a las 6:00 de la tarde cuando se le entregó un acto de alguacil en el que se le notificaba que a las 8:00 debían presentarse a audiencia en dicho tribunal, por lo que pidió al juez que suspendiera el conocimiento de esa causa.

Los abogados de los imputados
Manuel Alejandro Rodríguez, abogado de Temístocles Montás; José Guarionex Ventura, abogado de Tommy Galán; Jorge Luis Polanco, Elsa Guillén y Carlos Olivares, abogados de Julio César Valentín; José Miguel Minier Almonte y Tony Delgado, abogados de Ángel Rondón; Abel Rodríguez del Orbe, Manuel Pérez y Efraín Vázquez, abogados de Víctor Díaz Rúa; Luis Soto, Edwin Acosta y Diana Salomón, abogados de César Sánchez; Agripino Aquino de la Cruz y Ángel Delgado Malagón, abogados de Radhamés Segura; Claudio Estephan y Francisco Campos, abogados de Roberto Rodríguez; Carlos Salcedo, Antoliano Peralta y Carlos Marrero, abogados de Andrés Bautista; Rafael Ureña, Alberto Núñez y Carlos Santana Jiménez, abogados de Ruddy González; Ángel Encarnación Amador, Ricardo Pérez y Ángela Collado, abogados de Alfredo Pacheco y D’ Óleo Ramírez; Joaquín Antonio Zapata, Erick Raful, Santiago Rodríguez y Conrado Pittaluga Vicioso, abogados de Conrado Pittaluga

Rechazan un hábeas corpus
El juez de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional, Franni González, rechazó un recurso de hábeas corpus interpuesto por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, bajo el argumento de irregularidad de la prisión.

El magistrado consideró improcedente la acción de amparo, ya que deberá ser el juez de instrucción apoderado del caso, quien se pronuncie sobre la legalidad o no de la detención. González ordenó la notificación de la decisión al impetrante, así como al juez de instrucción especial y al Procurador General de la República.

Por Genrris Agramonte/EL CARIBE

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Juez dice no hay ley castigue “violación” del toque de queda

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El juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, afirmó que en el país no hay legislación que permita sancionar a una persona por violación al toque de queda.

Para el juez Vargas, lo que sí existe es una ley de salud, que no es lo mismo que una legislación de sanciones para los que violenten el toque de queda.

Indica El Nacional que por tal razón, propuso q ue el Poder Ejecutivo o la Procuraduría General de la República sometan al Congreso Nacional un proyecto de ley para perseguir y judicializar las violaciones del toque de queda por parte de algunos ciudadanos.

“No hay legislación para condenar a una persona que incumpla la disposición implementada para frenar el contagio por el coronavirus en el país”, manifestó el juez Vargas, en referencia al toque de queda.

Sostuvo que cuando las personas salen a las calles en el horario restringido para la circulación, incurren en la violación del toque de queda, no así en la Ley de Salud.

“Cuando las personas salen a las calles en horarios restringidos para la circulación incurren en la transgresión del toque de queda, no en la violación de la Ley de Salud, por lo que lo sensato sería que los legisladores se aboquen a aprobar una norma con sanciones rigurosas, delito de contravención, pero que logre su cometido”, manifestó Vargas.

El olvido
Hace poco, El Nacional publicó un reportaje bajo la firma del autor de esta información, en la que advertía que en el país no existe una ley de sanción a los violadores del toque de queda.

Este redactor en esa ocasión, tuvo acceso a datos relativos a la última reforma que se hizo a la Constitución de la República, en donde se consignó la creación de los estados de excepción, entre ellos, el estado de emergencia mediante el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

Se supo que cuando se aprobó la reforma constitucional con la creación de los estados de excepción, se acordó también aprobar más tarde una ley orgánica para el castigo de los violadores de dichos estados, pero nunca se hizo.

Estados de excepción
Los estados de excepción contemplados en el artículo 262 de la Constitución de la República, son tres: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. En este último es en el que se encuentra el país y por el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

El fallo
Sin embargo, no existe una legislación que contemple los castigos a imponer a los violadores de estos tres estados, consignados en la Constitución de la República.

Los Estados de Excepción son regulados por la Constitución y por la Ley 21-18, de fecha 25 de mayo del año 2018.

El artículo 262 de la Constitución Dominicana define los estados de excepción como, “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias”. La Constitución establece las circunstancias en que se decretan dichos estados.

Ilegalidad
De lo expresado por el juez José Alejandro Vargas, se desprende que no existe un marco de legalidad para que un juez de paz le imponga una multa a una persona por violar el toque de queda. La Procuraduría General de la República dispuso que las multas a los violadores del toque de queda sean puestas por los juzgados de paz.

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Abel Martínez a fiscal: “Sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y atropello contra mí”

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, expresó este viernes que las palabras del fiscal titular de esa ciudad, Francisco Núñez, “no bastan para resarcir el agravio y atropello incalificables” cometidos hacia su persona durante un allanamiento ejecutado en horas de la mañana en una casa de su propiedad, donde funciona su oficina política.

“Fiscal: sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y el atropello perpetrados contra mí, en una acción abusiva e ilegal. Mi indignación y repudio. Así no”, escribió Martínez a través de su cuenta de Twitter.

La mañana del viernes, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto al Ministerio Público allanaron la residencia del alcalde Abel Martínez, donde es inquilino desde hace 15 años y que utiliza como comando político.

El fiscal títular de Santiago, Francisco Núñez, informó que el operativo fue realizado en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, ambos exmiembros de la Armada Dominicana desde hace más de diez años, quienes residían en el inmueble requisado, el cual es la oficina política de Abel Martínez.

«El allanamiento no es contra la familia Martínez, es contra esas dos personas que entran y salen con frecuencia de esa residencia», aclaró Núñez.

En la operación se ocuparon dos armas largas y varias pistolas, indicó el magistrado.

«Nos llevamos las armas para depurarlas y establecer si tienen todos sus documentos», expuso.

FUENTE: Diario Libre

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