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Juez recesa medida de coerción en caso por sobornos de Odebrecht

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El juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para enjuiciar a los implicados en el caso de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, recesó para hoy a las 5:00 p.m. el conocimiento de las medidas de coerción a los involucrados en el escándalo a fin de que los abogados de los encartados obtengan las copias del expediente acusatorio en el transcurso de la mañana.

El magistrado Francisco Ortega Polanco también rechazó los pedimentos de libertad de los imputados y la nulidad del proceso demandados por la defensa de los imputados.

Asimismo, el juez ordenó el desglose del expediente con relación al imputado Bernardo Castellanos, quien no estuvo presente en la audiencia, debido a que se encuentra en Panamá.

El magistrado observó que por la ausencia de Castellanos no puede retrasar el proceso porque hay 10 imputados que están detenidos. Ortega Polanco explicó que dará el tratamiento que indica la Constitución, en el caso de Castellanos.

La acusación contra los 14 imputados por el escandaloso caso de corrupción consta de 136 páginas, por lo que de acuerdo con el veredicto del magistrado, sacarle copias a ese legajo resultaría prácticamente imposible para entregarlas a todos, ya que serían más de cuatro mil.

El juez Ortega Polanco ordenó la designación de un abogado de oficio para que asuma la defensa de Castellanos. En ese sentido se escogieron a los abogados Andrea Sánchez y Luis Montero, quienes presentaron credenciales, pero luego rehusaron asumir la defensa, alegando que no estaban apoderados por el imputado.

Debates
Tony Delgado, abogado de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió el aplazamiento de la audiencia y que se ponga en libertad inmediata a su cliente, a lo cual se adhirieron la mayoría de los defensores.

Por esta razón pidieron aplazar el proceso y que sus defendidos acudan a las audiencias estando en libertad.

Los imputados en el caso de soborno por 92 millones de dólares llevados a la sala de audiencia son Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Andrés Bautista, César Sánchez, Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Máximo De Óleo y Ruddy González.

El imputado Bernardo Castellanos no estuvo presente ante la imposibilidad de ejecutar la orden de arresto en su contra debido a que está fuera del país, aunque anunció que vendrá voluntariamente a enfrentar la acusación’

Legisladores
Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, quienes se encuentran en libertad debido a su condición de legisladores, acudieron al proceso de conocimiento de medidas de coerción acompañados de sus abogados.
Galán, senador por San Cristóbal, admitió que la citación le llegó a las 6:30 de la tarde y decidió acudir para responder a cualquier pregunta.

De su lado, Valentín, senador de la provincia Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que no ha sido citado por el caso, pero que se enteró por algunas vías que otros actores que han sido acusados sí fueron citados y esa información le bastó para acudir ante el magistrado de la instrucción de ese proceso.

El legislador se presentó junto a su abogado Jorge Luis Polanco, “y otros juristas que han decidido acompañarme para mostrar ante cualquier instancia mi inocencia de cualquier mención e imputación en este o cualquier otro acto que sea contrario a la ley”.

Valentín dijo que desconoce el proceso y que cuando tenga las informaciones se expresará al respecto ante los medios.

En tanto, Pacheco indicó que acudió a cumplir con el proceso como había prometido y que todo lo que tenía que decir lo dijo el lunes.

Traslado
Las autoridades del Ministerio Público trasladaron en la tarde de ayer a los implicados en el caso Odebrecht desde la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional hacia la Suprema Corte de Justicia.

El primero en salir fue el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; seguido del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Ruddy González.

También están encartados el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez; así como Máximo De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). También fueron conducidos a la sede de la Suprema, el ingeniero Radhamés Segura; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, que fungió como encargado comercial de la constructora brasileña.

Abogados alegan fallas técnicas en el proceso
El juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, inició la audiencia a las 8:00 de la noche, en presencia de los diez imputados, en la Sala Augusta de la séptima planta de la SCJ, perímetro que fue estrechamente acordonado por efectivos policiales fuertemente armados.

La defensa técnica del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, alegó que a su representado no se le había comunicado para qué fue trasladado a la SCJ, por lo que alegó violación presencial y que es al tribunal al que le corresponde allanar todos los obstáculos para que los acusados puedan defenderse. El abogado del senador Tommy Galán se quejó de que no fue sino hasta ayer a las 6:00 de la tarde cuando se le entregó un acto de alguacil en el que se le notificaba que a las 8:00 debían presentarse a audiencia en dicho tribunal, por lo que pidió al juez que suspendiera el conocimiento de esa causa.

Los abogados de los imputados
Manuel Alejandro Rodríguez, abogado de Temístocles Montás; José Guarionex Ventura, abogado de Tommy Galán; Jorge Luis Polanco, Elsa Guillén y Carlos Olivares, abogados de Julio César Valentín; José Miguel Minier Almonte y Tony Delgado, abogados de Ángel Rondón; Abel Rodríguez del Orbe, Manuel Pérez y Efraín Vázquez, abogados de Víctor Díaz Rúa; Luis Soto, Edwin Acosta y Diana Salomón, abogados de César Sánchez; Agripino Aquino de la Cruz y Ángel Delgado Malagón, abogados de Radhamés Segura; Claudio Estephan y Francisco Campos, abogados de Roberto Rodríguez; Carlos Salcedo, Antoliano Peralta y Carlos Marrero, abogados de Andrés Bautista; Rafael Ureña, Alberto Núñez y Carlos Santana Jiménez, abogados de Ruddy González; Ángel Encarnación Amador, Ricardo Pérez y Ángela Collado, abogados de Alfredo Pacheco y D’ Óleo Ramírez; Joaquín Antonio Zapata, Erick Raful, Santiago Rodríguez y Conrado Pittaluga Vicioso, abogados de Conrado Pittaluga

Rechazan un hábeas corpus
El juez de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional, Franni González, rechazó un recurso de hábeas corpus interpuesto por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, bajo el argumento de irregularidad de la prisión.

El magistrado consideró improcedente la acción de amparo, ya que deberá ser el juez de instrucción apoderado del caso, quien se pronuncie sobre la legalidad o no de la detención. González ordenó la notificación de la decisión al impetrante, así como al juez de instrucción especial y al Procurador General de la República.

Por Genrris Agramonte/EL CARIBE

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Esposa e hijos de Antonio Espaillat le visitaron en la ‘carcelita’ de Ciudad Nueva

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En medio del proceso judicial que enfrenta el empresario Antonio Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, esta tarde se presentaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva su esposa, Montserrat Namnum, así como sus dos hijos.

La llegada se produce mientras el Ministerio Público continúa avanzando en la solicitud de medidas de coerción contra Espaillat, acusado, junto a su hermana Maribel Espaillat, de incurrir en una grave negligencia al no intervenir oportunamente ante los riesgos estructurales del establecimiento, cuyo derrumbe dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.

Tanto Monserrat como sus hijos evitaron dar declaraciones a la prensa al momento de su ingreso al recinto judicial.

Tampoco ofrecieron declaraciones al marcharse.

Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, está preso desde la noche del jueves. Esto, tras ser interrogado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La Fiscalía le imputa los delitos de homicidio involuntario y obstrucción de la justicia, específicamente por intimidación a testigos clave en el proceso judicial.

El empresario está vinculado al colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite medidas de coerción en su contra.

Junto a Antonio Espaillat, también hay orden de arresto contra Maribel Espaillat. Sin embargo, la dama no fue llevada al Palacio de Justicia, sino a un centro de salud privada de la Capital. Aún se desconocen los motivos de su internamiento.

El Ministerio Público tiene previsto solicitar prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Esto último por la gran cantidad de víctimas que tuvo la tragedia.

De acuerdo con la orden de arresto, los imputados incurrieron en “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al omitir intervenciones estructurales urgentes y necesarias para evitar el colapso del techo del local. Esto, pese a contar con informes que advertían de su deterioro.

El Ministerio Público además señala que los Espaillat intentaron intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club. Esto para evitar que atestiguaran en su contra.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la medida de coerción que sería solicitada contra Antonio Espaillat.

Con información de CDN y Deultimominuto.net

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Esposa de Octavio Dotel reclama 300 millones de pesos a propietarios de Jet Set

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La esposa del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, se querelló formalmente contra los propietarios de la discoteca Jet Set y reclama el pago de una indemnización de 300 millones de pesos.

Massiel Javier Almonte, quien previamente había presentado una denuncia, depositó la querella con constitución en actor civil, a través de sus abogados Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García en la Fiscalía del Distrito Nacional.

En la instancia, se solicita que se impongan medidas de coerción personal y real contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat.

Asimismo, se pide que se admita la querella en representación de sus hijos menores y que se imponga una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo a cada uno de los querellados, reseña el Listín Diario.

También se solicita que se autorice a Massiel a inscribir hipoteca judicial provisional sobre los imputados, así como sobre la entidad Inversiones E y L, y a trabar embargo retentivo sobre los montos y valores que se encuentren dentro de los mismos, equivalentes a 600 millones de pesos.

Mientras tanto, el número de acciones legales contra los propietarios de la discoteca Jet Set ha ascendido a 82, tras el trágico derrumbe que dejó 235 muertos y más de 180 heridos. El suceso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la tradicional fiesta de los lunes del Jet Set. Rubby Pérez se encuentra entre las víctimas mortales del incidente.

En las instancias, los demandantes alegan que reclamarán indemnizaciones millonarias ante los tribunales, además de solicitar al Ministerio Público que pida prisión preventiva como medida de coerción contra los propietarios de la discoteca.

Algunas de las demandas también incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dicho establecimiento.

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