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Dictan prisión preventiva contra ocho de 14 imputados caso Odebrecht

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Víctor Díaz Rúa

El juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, dispuso este miércoles prisión de un año para Ángel Rondón y nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga por los presuntos sobornos y otros ilícitos vinculados al caso Odebrecht.

El empresario Rondón, quien ha sido señalado por el Ministerio Público como el hombre la persona que entregaba los sobornos (hombre del maletín), deberá cumplir la medida en la cárcel La Victoria y Díaz Rúa y Pittaluga en Najayo Hombres.

De seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado y el ex diputado Ruddy González. Los tres deberán cumplir la coerción en Najayo Hombres.

Igualmente, para César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y a Máximo D Oleo, tres meses en la misma prisión.

Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa) le impuso nueve meses de arresto domiciliario.

En tanto que impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado -DN- Alfredo Pacheco, quien fue presidente de la Cámara de Diputados.

Otra de las disposiciones del magistrado Ortega fue la ratificación del desglose del imputado Bernando Castellanos, quien está fuera del país y contra quien se pidió una orden de captura internacional.

Declaró también el proceso libre de costos por tratarse de una fase preparatoria y rechazó todas las excepciones de incidentes «por improcedentes, mal fundadas, y carentes de base legal.

El juez declaró el caso complejo y dio ocho meses al Ministerio Público para que amplíe la investigación. También otorgó un plazo 20 días a los imputados para que apelen la decisión.

El Caribe

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Muere exsenador de La Altagracia, Amable Aristy Castro

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Falleció este domingo el exsenador de la provincia de La Altagracia por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), Amable Aristy Castro a consecuencia de un paro cardíaco.

Hace aproximadamente unas horas, el excongresita se encontraba en la inauguración de un centro comercial de la Plaza Marlin Shopping Center.

La noticia del fallecimiento de Aristy Castro fue publicada por el obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, través de Twitter con un mensaje luctuoso.

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Supuestos clientes de Mantequilla exigen su puesta en libertad

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Supuestos clientes de Mantequilla, Wilkin García Peguero, y su empresa Inversiones 3.14, se presentaron este viernes a la Fiscalía de Monte Plata con carteles y recibos en mano, para exigir su liberación.

“Lo queremos libre. Él a nadie obligó a llevar dinero, por que cuando querían que él le diera el cien por ciento a tres y cuatro días no decían que era abusador”, expresaron algunos de los supuestos clientes de Mantequilla.

Aseguran que lo de Mantequilla no se trata de una estafa porque nunca se ha negado a pagar. “Hay quienes creen que se acabó el mundo y no aguantan su turno», al afirmar que está pagando personalmente y no se esconde de nadie porque «llegó para ayudar» a las personas de Sabana Grande de Boyá.

Finalmente, los supuestos clientes de Mantequilla manifestaron estar dispuestas a defender su inocencia. Incluso, amenazaron con protestar con la quema de neumáticos en caso de que lo mantengan detenido.

Las autoridades apresaron a Wilkin García Peguero, presidente de Inversiones 3.14 tras tener más de 10 denuncias en su contra. Pasadas las 5:00 p.m de la tarde de ayer jueves y con máxima seguridad llegó Mantequilla aldestacamento de Monte Plata, donde el Ministerio Público lo interrogó.

Se espera que para las 2:00 de la tarde el Ministro Público deposite denuncia formal y mañana se haga efectiva su presentación ante el tribunal de Atención Permanente para conocer la medida de coerción.

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