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Dictan prisión preventiva contra ocho de 14 imputados caso Odebrecht
El juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, dispuso este miércoles prisión de un año para Ángel Rondón y nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga por los presuntos sobornos y otros ilícitos vinculados al caso Odebrecht.
El empresario Rondón, quien ha sido señalado por el Ministerio Público como el hombre la persona que entregaba los sobornos (hombre del maletín), deberá cumplir la medida en la cárcel La Victoria y Díaz Rúa y Pittaluga en Najayo Hombres.
De seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado y el ex diputado Ruddy González. Los tres deberán cumplir la coerción en Najayo Hombres.
Igualmente, para César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y a Máximo D Oleo, tres meses en la misma prisión.
Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa) le impuso nueve meses de arresto domiciliario.
En tanto que impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado -DN- Alfredo Pacheco, quien fue presidente de la Cámara de Diputados.
Otra de las disposiciones del magistrado Ortega fue la ratificación del desglose del imputado Bernando Castellanos, quien está fuera del país y contra quien se pidió una orden de captura internacional.
Declaró también el proceso libre de costos por tratarse de una fase preparatoria y rechazó todas las excepciones de incidentes «por improcedentes, mal fundadas, y carentes de base legal.
El juez declaró el caso complejo y dio ocho meses al Ministerio Público para que amplíe la investigación. También otorgó un plazo 20 días a los imputados para que apelen la decisión.
El Caribe
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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz
A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.
Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.
Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.
Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.
Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.
Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.
Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.
Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.
«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.
Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».
«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».
Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.
Un historial recurrente en los tribunales
Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).
Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.
El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.
Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.
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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago
La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.
La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.
De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.
Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.
Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.
Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.
Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.
Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.
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