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Dictan prisión preventiva contra ocho de 14 imputados caso Odebrecht

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Víctor Díaz Rúa

El juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, dispuso este miércoles prisión de un año para Ángel Rondón y nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga por los presuntos sobornos y otros ilícitos vinculados al caso Odebrecht.

El empresario Rondón, quien ha sido señalado por el Ministerio Público como el hombre la persona que entregaba los sobornos (hombre del maletín), deberá cumplir la medida en la cárcel La Victoria y Díaz Rúa y Pittaluga en Najayo Hombres.

De seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado y el ex diputado Ruddy González. Los tres deberán cumplir la coerción en Najayo Hombres.

Igualmente, para César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y a Máximo D Oleo, tres meses en la misma prisión.

Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa) le impuso nueve meses de arresto domiciliario.

En tanto que impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado -DN- Alfredo Pacheco, quien fue presidente de la Cámara de Diputados.

Otra de las disposiciones del magistrado Ortega fue la ratificación del desglose del imputado Bernando Castellanos, quien está fuera del país y contra quien se pidió una orden de captura internacional.

Declaró también el proceso libre de costos por tratarse de una fase preparatoria y rechazó todas las excepciones de incidentes «por improcedentes, mal fundadas, y carentes de base legal.

El juez declaró el caso complejo y dio ocho meses al Ministerio Público para que amplíe la investigación. También otorgó un plazo 20 días a los imputados para que apelen la decisión.

El Caribe

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Intrant retira muro en el Malecón ante rechazo de conductores

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Luego de múltiples publicaciones en redes sociales cuestionando la instalación de un muro para reducir la velocidad en el Malecón de Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició esta noche el retiro de dicha barrera.

Los usuarios de esta vía expresaron su descontento, alegando que la estructura representaba un riesgo y generaba dificultades en el tránsito.

Las quejas se viralizaron rápidamente, presionando a la institución a actuar.

Se reemplazará por una versión más baja
Informaciones extraoficiales indican que el Intrant instalará un muro más pequeño y menos obstructivo.

Hasta el momento, la entidad no ha emitido un comunicado oficial explicando la decisión.

N Digital

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Dictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora

La coordinadora general queda en libertad pura y simple; Ministerio Público apelará

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La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.

Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.

“Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido”, explicó.

No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho
Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.

“Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso”, dijo Fermín.

El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.

“Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido”, expresó.

Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.

La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución “no está conforme con la decisión” y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.

“Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente”, declaró.

Vía Diario Libre

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