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Familia de Rondón supervisa acondicionamiento de celda
La familia del empresario Ángel Rondón acudió a la penitenciaría nacional La Victoria para supervisar la celda en la que estará su pariente, que por orden de un juez especial de la Suprema Corte de Justicia deberá cumplir allí un año de prisión preventiva.
La celda de Rondón estará en el pabellón principal de la cárcel, en un espacio que antes estaba destinado a oficinas. Ayer se apuraban los trabajos de limpieza, pintura de las rejas, e instalación de aire acondicionado, unas labores en las que se dedicaron más de seis personas.
Los familiares del empresario llegaron a la prisión cerca de las 10:00 de la mañana y se marcharon una hora después, en compañía del abogado Rafael Ureña, actual abogado de Ruddy González en el proceso, y quien se identificó como amigo de Rondón que acompañaba a la familia.
El traslado de Rondón a La Victoria, al igual que de los demás acusados de haber recibido o manejado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, quedó al pendiente de la notificación de la Suprema Corte de Justicia al ministerio de público, un trámite burocrático que podría resolverse durante el día de hoy.
La limpieza y acondicionamiento de las celdas no son nuevos. La comenzaron las máximas autoridades del ministerio público una semana antes de arrestar a diez de los catorce acusados en el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña.
El acondicionamiento de la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva despertó la curiosidad de la sociedad, y sirvió como anuncio a lo que se preparaba: órdenes de arresto, detenciones y un proceso judicial en marcha.
El juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema, envió a siete de los acusados a cumplir prisión preventiva a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, y solo a Rondón, a La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte.
Decisión del juez
Otros dos acusados, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, deberán cumplir prisión domiciliaria, mientras que uno de los imputados, Bernardo Castellanos, aun se encuentra en Panamá y se espera regrese al país para hacerle frente a la acusación del ministerio público.
La decisión del juez fue enviar a Rondón por un año de prisión preventiva a La Victoria.
A Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pitaluga, por nueve meses a Najayo. Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, tendrán que cumplir seis meses en Najayo. César Sánchez y Máximo D’ Oleo, a cumplir tres meses en Najayo. Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, nueve meses en prisión domiciliaria.
Los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, garantía económica de cinco millones e impedimento de salida del país. Este caso ha estremecido a la clase política dominicana por la importancia de las personas involucradas, con la atención en ambiente a la investigación que debe terminar ahora la Procuraduría General de la República en un plazo de ocho meses.
El proceso judicial fue declarado complejo y ahora tendrá que conocerse en juicio preliminar para determinar si hay sustento suficiente para llevar el caso a juicio de fondo.
El escándalo internacional de la constructora Odebrecht comenzó en diciembre de 2016 con el acuerdo de las autoridades estadounidenses y la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país para hacerse de obras públicas importantes, moviendo el dinero entre los funcionarios que asignaban las obras y los legisladores que gestionaban los empréstitos en el Congreso Nacional.
El primer gran paso sobre el caso lo firmó la Procuraduría con un acuerdo de cooperación con la compañía brasileña, que según el ministerio público le ha permitido acceder a las delaciones de sus principales ejecutivos, además de una indemnización de 184 millones de dólares, espaciados en los próximos ocho años como resarcimiento al daño causado.
El ministerio público ha declarado que se trata de una ganancia histórica que sienta un precedente importante en la vida política dominicana, y en particular en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
DOS VEHÍCULOS NEGROS Y VIDRIOS ENTINTADOS
La familia de Rondón llegó en dos vehículos color negro, con cristales tintados por completo a negro. Lo hicieron en compañía del abogado Rafael Ureña, que en principio hizo las gestiones con los encargados de seguridad para que dejaran pasar a los familiares. Así sucedió. La primera en salir fue la esposa de Rondón, permaneciendo en el lugar uno de sus hijos y una acompañante, además del abogado. Pasadas unas tres horas se presentaron dos personas del entorno personal del imputado en las mismas labores, a mirar el avance de los trabajos. Se marcharon después de unos 15 minutos. Los trabajos de limpieza y acondicionamiento se mantuvieron durante todo el día.
Listin Diario
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Pacheco se molesta con ‘El Piro’ por llamarlo ‘tigre’ en rueda de prensa
Un momento de tensión se produjo este martes durante la rueda de prensa encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuando el comunicador Eduardo «El Piro» Sánchez, integrante de Somos Pueblo, cuestionó la decisión del Congreso de abrir un proceso para recibir propuestas sobre el nuevo Código Penal.
Antes de formular su pregunta, Sánchez calificó a Pacheco de «tigre», expresión que provocó molestia en el presidente de la Cámara de Diputados.
Acto seguido, el comunicador afirmó que el Congreso habría cedido a la presión de las protestas ciudadanas y cuestionó que ahora se anunciara la apertura para recibir observaciones al Código Penal, cuando anteriormente se había informado que no se convocaría una legislatura extraordinaria.
Durante su intervención, «El Piro» también sostuvo que existe una «doble moral» entre el discurso de apertura al diálogo y el contenido de algunos artículos del Código Penal, al asegurar que determinadas disposiciones podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de la prensa.
El intercambio ocurrió al cierre de la rueda de prensa en la que Pacheco, junto a los voceros de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados, anunció que el Congreso recibirá propuestas de distintos sectores para evaluar posibles perfeccionamientos al nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia.
Vía Deultimominuto.net
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Cabo que mató a joven de Herrera había sido suspendido dos veces en la Policía
Antes de ser sometido a la justicia por la muerte de un disparo al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia ya acumulaba dos suspensiones disciplinarias sin disfrute de sueldo por faltas cometidas en el cuerpo del orden.
El historial del agente, contra quien el Ministerio Público solicita prisión preventiva, refleja que ambas sanciones fueron impuestas en menos de un año y estuvieron relacionadas con negligencia y ocultamiento de información.
La falta más reciente le fue impuesta en febrero de 2025, luego de que una investigación disciplinaria concluyera que ofreció una versión falsa sobre el origen de una herida de bala que recibió.
Según el castigo, el agente actuó con negligencia al no expresar de forma correcta el hecho respaldado por un diagnóstico médico.
Mientras en una versión establecía que la lesión ocurrió al salir de un centro nocturno, en otra alegó que se encontraba comprando hamburguesas, por lo que fue suspendido sin disfrute de sueldo por diez días.
Ocho meses antes, en junio de 2024, el uniformado había recibido otro castigo por igual período tras comprobarse que ocultó la pérdida de una cámara corporal Axon asignada para el servicio.
El dispositivo había desaparecido desde noviembre de 2023 y el agente solo reconoció su pérdida cuando fue requerido por un superior para entregarlo.
Curso sobre uso de la fuerza
Moreta Heredia ingresó a la Policía Nacional el 1 de enero de 2020 como conscripto, fue elevado a raso el 17 de abril del mismo año y posteriormente ascendido a cabo el 27 de febrero de 2025.
Durante su carrera estuvo adscrito al Departamento de Operaciones Especiales, unidad encargada de apoyar intervenciones policiales de alto riesgo.
Como parte de su formación, el 18 de agosto de 2021 aprobó un Taller sobre Uso Legítimo de la Fuerza y Llenado de Actas Procesales, impartido por esa dependencia.
Asimismo, el 1 de enero de 2024 recibió la Medalla de Buena Conducta, en la categoría “A la Distinción”, uno de los reconocimientos que otorga la institución a sus miembros.
Pese a las dos sanciones disciplinarias, Moreta Heredia fue ascendido al rango de cabo semanas después de la última suspensión.
Actualmente permanece suspendido de sus funciones y enfrenta un proceso judicial por la muerte de Darlin Mercado, ocurrida durante una intervención policial en Herrera, en Santo Domingo Oeste, un hecho que quedó captado en un audiovisual.
Vía Diario Libre
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