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Familia de Rondón supervisa acondicionamiento de celda

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La familia del empresario Ángel Rondón acudió a la penitenciaría nacional La Victoria para supervisar la celda en la que estará su pariente, que por orden de un juez especial de la Suprema Corte de Justicia deberá cumplir allí un año de prisión preventiva.

La celda de Rondón estará en el pabellón principal de la cárcel, en un espacio que antes estaba destinado a oficinas. Ayer se apuraban los trabajos de limpieza, pintura de las rejas, e instalación de aire acondicionado, unas labores en las que se dedicaron más de seis personas.

Los familiares del empresario llegaron a la prisión cerca de las 10:00 de la mañana y se marcharon una hora después, en compañía del abogado Rafael Ureña, actual abogado de Ruddy González en el proceso, y quien se identificó como amigo de Rondón que acompañaba a la familia.

El traslado de Rondón a La Victoria, al igual que de los demás acusados de haber recibido o manejado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, quedó al pendiente de la notificación de la Suprema Corte de Justicia al ministerio de público, un trámite burocrático que podría resolverse durante el día de hoy.

La limpieza y acondicionamiento de las celdas no son nuevos. La comenzaron las máximas autoridades del ministerio público una semana antes de arrestar a diez de los catorce acusados en el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña.

El acondicionamiento de la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva despertó la curiosidad de la sociedad, y sirvió como anuncio a lo que se preparaba: órdenes de arresto, detenciones y un proceso judicial en marcha.

El juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema, envió a siete de los acusados a cumplir prisión preventiva a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, y solo a Rondón, a La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte.

Decisión del juez
Otros dos acusados, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, deberán cumplir prisión domiciliaria, mientras que uno de los imputados, Bernardo Castellanos, aun se encuentra en Panamá y se espera regrese al país para hacerle frente a la acusación del ministerio público.

La decisión del juez fue enviar a Rondón por un año de prisión preventiva a La Victoria.

A Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pitaluga, por nueve meses a Najayo. Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, tendrán que cumplir seis meses en Najayo. César Sánchez y Máximo D’ Oleo, a cumplir tres meses en Najayo. Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, nueve meses en prisión domiciliaria.

Los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, garantía económica de cinco millones e impedimento de salida del país. Este caso ha estremecido a la clase política dominicana por la importancia de las personas involucradas, con la atención en ambiente a la investigación que debe terminar ahora la Procuraduría General de la República en un plazo de ocho meses.

El proceso judicial fue declarado complejo y ahora tendrá que conocerse en juicio preliminar para determinar si hay sustento suficiente para llevar el caso a juicio de fondo.

El escándalo internacional de la constructora Odebrecht comenzó en diciembre de 2016 con el acuerdo de las autoridades estadounidenses y la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país para hacerse de obras públicas importantes, moviendo el dinero entre los funcionarios que asignaban las obras y los legisladores que gestionaban los empréstitos en el Congreso Nacional.

El primer gran paso sobre el caso lo firmó la Procuraduría con un acuerdo de cooperación con la compañía brasileña, que según el ministerio público le ha permitido acceder a las delaciones de sus principales ejecutivos, además de una indemnización de 184 millones de dólares, espaciados en los próximos ocho años como resarcimiento al daño causado.

El ministerio público ha declarado que se trata de una ganancia histórica que sienta un precedente importante en la vida política dominicana, y en particular en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

DOS VEHÍCULOS NEGROS Y VIDRIOS ENTINTADOS
La familia de Rondón llegó en dos vehículos color negro, con cristales tintados por completo a negro. Lo hicieron en compañía del abogado Rafael Ureña, que en principio hizo las gestiones con los encargados de seguridad para que dejaran pasar a los familiares. Así sucedió. La primera en salir fue la esposa de Rondón, permaneciendo en el lugar uno de sus hijos y una acompañante, además del abogado. Pasadas unas tres horas se presentaron dos personas del entorno personal del imputado en las mismas labores, a mirar el avance de los trabajos. Se marcharon después de unos 15 minutos. Los trabajos de limpieza y acondicionamiento se mantuvieron durante todo el día.

Listin Diario

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Desalojan vendedores de la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un desalojo la mañana de este jueves a vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

En el lugar hay varias maquinarias y personal de la institución en las labores de remoción de los comercios ambulantes ubicados en las aceras y avenida.

El desalojo, según las autoridades, se debe a la remodelación del lugar y los vendedores habían sido notificados con antelación.

Asimismo, según informó Salutiano Pichardo, abogado del departamento de avalúo, de los 24 vendedores del área solo faltan 4 por el pago de la indemnización.

Sin embargo, en el lugar aquellos que sostienen que no han recibido la indemnización y que tampoco les han brindado información sobre esta se mantienen en el lugar esperando respuestas.

«Llegaron, nos rompieron las mesas y no nos dan respuestas», manifestó Ramón Ortega, quien tenía un puesto de venta de accesorios telefónicos en la parada.

Al igual que Ortega, los demás vendedores arrastran las mesas que hasta el momento del desalojo utilizaban para sus negocios para evitar que los agentes se las retengan.

En este lugar funciona una parada de autobuses que tienen como destino la región norte del país y es donde el Gobierno ejecuta un plan de ampliación de vías para facilitar el ingreso y a la salida a la capital dominicana.

Vía Listín Diario

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Minerd: 32 profesores fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual en el año escolar 2023-2024

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) desvinculó a ocho docentes y mantiene a 24 suspendidos «por acoso sexual» en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024, conforme a reporte de esta entidad emitido este domingo.

Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con y en Santiago, Regional 08, con 4.

Los nombres de los profesores no fueron suministrados por Educación.

De acuerdo a una nota de prensa del Minerd, de los 32 docentes separados de las escuelas públicas por acoso sexual, «ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación. Actualmente, hay seis profesores sometidos a la acción de la justicia».

El Minerd dijo que esta medida es parte de su compromiso fundamental de propiciar un entorno seguro para los estudiantes y sancionar las acciones indebidas en la comunidad educativa.

Las desvinculaciones y suspensiones se produjeron luego de que el Minerd comprobara que los maestros transgredieron el Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del Sistema de Educación Preuniversitario», refiere el documento.

Violaron Código de Ética
Aprobado a través de la Orden Departamental No. 13-2023, el Código de Ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.

Las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08 numerales 4,14,17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de actos constituye una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.

«Otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, respectivamente», estableció el Minerd.

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