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Familia de Rondón supervisa acondicionamiento de celda

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La familia del empresario Ángel Rondón acudió a la penitenciaría nacional La Victoria para supervisar la celda en la que estará su pariente, que por orden de un juez especial de la Suprema Corte de Justicia deberá cumplir allí un año de prisión preventiva.

La celda de Rondón estará en el pabellón principal de la cárcel, en un espacio que antes estaba destinado a oficinas. Ayer se apuraban los trabajos de limpieza, pintura de las rejas, e instalación de aire acondicionado, unas labores en las que se dedicaron más de seis personas.

Los familiares del empresario llegaron a la prisión cerca de las 10:00 de la mañana y se marcharon una hora después, en compañía del abogado Rafael Ureña, actual abogado de Ruddy González en el proceso, y quien se identificó como amigo de Rondón que acompañaba a la familia.

El traslado de Rondón a La Victoria, al igual que de los demás acusados de haber recibido o manejado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, quedó al pendiente de la notificación de la Suprema Corte de Justicia al ministerio de público, un trámite burocrático que podría resolverse durante el día de hoy.

La limpieza y acondicionamiento de las celdas no son nuevos. La comenzaron las máximas autoridades del ministerio público una semana antes de arrestar a diez de los catorce acusados en el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña.

El acondicionamiento de la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva despertó la curiosidad de la sociedad, y sirvió como anuncio a lo que se preparaba: órdenes de arresto, detenciones y un proceso judicial en marcha.

El juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema, envió a siete de los acusados a cumplir prisión preventiva a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, y solo a Rondón, a La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte.

Decisión del juez
Otros dos acusados, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, deberán cumplir prisión domiciliaria, mientras que uno de los imputados, Bernardo Castellanos, aun se encuentra en Panamá y se espera regrese al país para hacerle frente a la acusación del ministerio público.

La decisión del juez fue enviar a Rondón por un año de prisión preventiva a La Victoria.

A Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pitaluga, por nueve meses a Najayo. Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, tendrán que cumplir seis meses en Najayo. César Sánchez y Máximo D’ Oleo, a cumplir tres meses en Najayo. Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, nueve meses en prisión domiciliaria.

Los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, garantía económica de cinco millones e impedimento de salida del país. Este caso ha estremecido a la clase política dominicana por la importancia de las personas involucradas, con la atención en ambiente a la investigación que debe terminar ahora la Procuraduría General de la República en un plazo de ocho meses.

El proceso judicial fue declarado complejo y ahora tendrá que conocerse en juicio preliminar para determinar si hay sustento suficiente para llevar el caso a juicio de fondo.

El escándalo internacional de la constructora Odebrecht comenzó en diciembre de 2016 con el acuerdo de las autoridades estadounidenses y la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país para hacerse de obras públicas importantes, moviendo el dinero entre los funcionarios que asignaban las obras y los legisladores que gestionaban los empréstitos en el Congreso Nacional.

El primer gran paso sobre el caso lo firmó la Procuraduría con un acuerdo de cooperación con la compañía brasileña, que según el ministerio público le ha permitido acceder a las delaciones de sus principales ejecutivos, además de una indemnización de 184 millones de dólares, espaciados en los próximos ocho años como resarcimiento al daño causado.

El ministerio público ha declarado que se trata de una ganancia histórica que sienta un precedente importante en la vida política dominicana, y en particular en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

DOS VEHÍCULOS NEGROS Y VIDRIOS ENTINTADOS
La familia de Rondón llegó en dos vehículos color negro, con cristales tintados por completo a negro. Lo hicieron en compañía del abogado Rafael Ureña, que en principio hizo las gestiones con los encargados de seguridad para que dejaran pasar a los familiares. Así sucedió. La primera en salir fue la esposa de Rondón, permaneciendo en el lugar uno de sus hijos y una acompañante, además del abogado. Pasadas unas tres horas se presentaron dos personas del entorno personal del imputado en las mismas labores, a mirar el avance de los trabajos. Se marcharon después de unos 15 minutos. Los trabajos de limpieza y acondicionamiento se mantuvieron durante todo el día.

Listin Diario

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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La Policía Nacional investiga muerte de la influencer Melissa Medina

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La Policía Nacional informó que mantiene abierta una investigación, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer las circunstancias en que falleció la joven influencer Melissa Medina, de 22 años, cuyo deceso ocurrió durante la madrugada del pasado martes en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que los organismos investigativos están entrevistando a las personas que acompañaban a la joven al momento del suceso, quienes son una joven de 21 años y un hombre de 60 años.

Pesqueira precisó que, por el momento, las identidades de ambos acompañantes se mantienen bajo reserva, a fin de no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

Espera de informe forense y curso de las pesquisas
Asimismo, el portavoz policial indicó que las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), los cuales serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento.

La Policía Nacional señaló que el proceso investigativo continúa en curso y que se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las diligencias correspondientes.

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Condenan a 20 años de prisión madre que decapitó a su hija de 6 años

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El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a la médico y exmilitar Ana Josefa García Cuello, encontrada culpable de la muerte de su hija de seis años, a quien decapitó el 15 de agosto de 2024 en la residencia familiar, ubicada en el sector Hainamosa.

La sentencia establece que García Cuello deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, donde permanecía recluida desde agosto de 2024.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo una acusación por homicidio con premeditación y asechanza, fundamentada en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal dominicano.

La muerte de la niña ocurrió en un apartamento del residencial La Razón I, donde residía junto a su madre y otros familiares.

Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Policía Nacional arrestaron a García Cuello, quien era médico y miembro del Ejército de la República Dominicana.

El 20 de agosto de 2024, cinco días después del crimen, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso 12 meses de prisión preventiva.

La discusión sobre su salud mental
Uno de los aspectos centrales del proceso judicial fue la condición de salud mental de la acusada, cuyo equipo de abogados sostuvo que padecía trastornos psiquiátricos que impedían atribuirle responsabilidad penal.

La defensa solicitó que García Cuello fuera declarada inimputable, amparándose en el artículo 64 del Código Penal, que contempla la situación de personas que se encontraban en estado de demencia al momento de cometer un hecho.

El 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de inimputabilidad y la realización de nuevas evaluaciones mentales.

La magistrada explicó entonces que ese planteamiento podía formularse en otra etapa del proceso judicial.

En marzo de 2026, el abogado Julio Alberico Hernández, quien también es psiquiatra forense, reiteró que su defendida padecía trastornos severos y cuestionó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

El jurista sostuvo que los exámenes realizados a la procesada respaldaban su posición sobre la condición psiquiátrica de García Cuello.

Durante la investigación, la acusada fue sometida a evaluaciones psiquiátricas para determinar su capacidad de responder ante los tribunales.

La decisión podrá ser recurrida conforme a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal dominicana.

Vía Diario Libre

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