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Familia de Rondón supervisa acondicionamiento de celda
La familia del empresario Ángel Rondón acudió a la penitenciaría nacional La Victoria para supervisar la celda en la que estará su pariente, que por orden de un juez especial de la Suprema Corte de Justicia deberá cumplir allí un año de prisión preventiva.
La celda de Rondón estará en el pabellón principal de la cárcel, en un espacio que antes estaba destinado a oficinas. Ayer se apuraban los trabajos de limpieza, pintura de las rejas, e instalación de aire acondicionado, unas labores en las que se dedicaron más de seis personas.
Los familiares del empresario llegaron a la prisión cerca de las 10:00 de la mañana y se marcharon una hora después, en compañía del abogado Rafael Ureña, actual abogado de Ruddy González en el proceso, y quien se identificó como amigo de Rondón que acompañaba a la familia.
El traslado de Rondón a La Victoria, al igual que de los demás acusados de haber recibido o manejado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, quedó al pendiente de la notificación de la Suprema Corte de Justicia al ministerio de público, un trámite burocrático que podría resolverse durante el día de hoy.
La limpieza y acondicionamiento de las celdas no son nuevos. La comenzaron las máximas autoridades del ministerio público una semana antes de arrestar a diez de los catorce acusados en el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña.
El acondicionamiento de la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva despertó la curiosidad de la sociedad, y sirvió como anuncio a lo que se preparaba: órdenes de arresto, detenciones y un proceso judicial en marcha.
El juez Francisco Ortega, de instrucción especial de la Suprema, envió a siete de los acusados a cumplir prisión preventiva a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, y solo a Rondón, a La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte.
Decisión del juez
Otros dos acusados, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, deberán cumplir prisión domiciliaria, mientras que uno de los imputados, Bernardo Castellanos, aun se encuentra en Panamá y se espera regrese al país para hacerle frente a la acusación del ministerio público.
La decisión del juez fue enviar a Rondón por un año de prisión preventiva a La Victoria.
A Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pitaluga, por nueve meses a Najayo. Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, tendrán que cumplir seis meses en Najayo. César Sánchez y Máximo D’ Oleo, a cumplir tres meses en Najayo. Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, nueve meses en prisión domiciliaria.
Los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, garantía económica de cinco millones e impedimento de salida del país. Este caso ha estremecido a la clase política dominicana por la importancia de las personas involucradas, con la atención en ambiente a la investigación que debe terminar ahora la Procuraduría General de la República en un plazo de ocho meses.
El proceso judicial fue declarado complejo y ahora tendrá que conocerse en juicio preliminar para determinar si hay sustento suficiente para llevar el caso a juicio de fondo.
El escándalo internacional de la constructora Odebrecht comenzó en diciembre de 2016 con el acuerdo de las autoridades estadounidenses y la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país para hacerse de obras públicas importantes, moviendo el dinero entre los funcionarios que asignaban las obras y los legisladores que gestionaban los empréstitos en el Congreso Nacional.
El primer gran paso sobre el caso lo firmó la Procuraduría con un acuerdo de cooperación con la compañía brasileña, que según el ministerio público le ha permitido acceder a las delaciones de sus principales ejecutivos, además de una indemnización de 184 millones de dólares, espaciados en los próximos ocho años como resarcimiento al daño causado.
El ministerio público ha declarado que se trata de una ganancia histórica que sienta un precedente importante en la vida política dominicana, y en particular en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
DOS VEHÍCULOS NEGROS Y VIDRIOS ENTINTADOS
La familia de Rondón llegó en dos vehículos color negro, con cristales tintados por completo a negro. Lo hicieron en compañía del abogado Rafael Ureña, que en principio hizo las gestiones con los encargados de seguridad para que dejaran pasar a los familiares. Así sucedió. La primera en salir fue la esposa de Rondón, permaneciendo en el lugar uno de sus hijos y una acompañante, además del abogado. Pasadas unas tres horas se presentaron dos personas del entorno personal del imputado en las mismas labores, a mirar el avance de los trabajos. Se marcharon después de unos 15 minutos. Los trabajos de limpieza y acondicionamiento se mantuvieron durante todo el día.
Listin Diario
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
