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Acroarte pide al TC suspender juramentación de nuevos directivos

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Cándido Simó, abogado de Acroarte.

El gremio recurrió sentencia que posibilitó el voto de los miembros pasivos en las elecciones en la que resultó electa Emelyn Baldera.

SANTO DOMINGO. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) recurrió hoy ante el Tribunal Constitucional la sentencia que habilitó a los miembros pasivos para votar en las elecciones celebradas el 24 del pasado mes en la que resultó electa la periodista Emelyn Baldera y pidió que no sea juramentada por la Junta Electoral.

Así lo establece el abogado de Acroarte, el jurista Cándido Simón quien depositó ayer el recurso que procura la revisión de la sentencia de amparo evacuada el 23 de junio de éste año por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Simón establece en el documento que la disposición del tribunal contraviene jurisprudencia dictadas por el Tribunal Constitucional con relación al funcionamiento de las sociedades privadas sin fines de lucro.

El abogado explicó que el tribunal de Primera Instancia, habría violentado los derechos de los miembros activo, por lo que solicitó al Tribunal Constitucional, como medida cautelar de urgencia la suspensión de la toma de posesión del consejo directivo electo en Santo Domingo, así como en las filiales de Santiago, Nueva York y La Florida hasta tanto no sea conocido el caso.

“En cuanto al fondo, establecer y probar que el amparo no tutela el sufragio en los gremios profesionales, sindicales ni otra suerte de entidad semejante, y por lo tanto, no tutela el sufragio en Acroarte”.

Recurrentes y fundamentos
En representación de Acroarte, sustentan el reclamo el presidente del gremio, periodista Jorge Ramos, así como su secretario general, el también periodista Ulises Jiménez.

“En atención a los artículos 40.9, 69 y 149. III de la Constitución, combinados con el artículo 5 de la Ley 137-11, que establecen el derecho procesal al recurrir como una garantía fundamental de tutela judicial que permite al afectado por una decisión jurisdiccional, acceder al órgano de jerarquía superior par que revise si el tribunal aquo ha incurrido en infracción de las normas constitucionales o violación o afectación de los derechos fundamentales, y una vez establecido esto, restituir al recurrente el derecho conculcado.

Cándido Simón consideró que la jueza itinerante distorsionó la naturaleza y categoría normativa de las resoluciones de la Junta de Elecciones que son directrices normativas “de las elecciones, pero se bastan así mismas como fuente genera, puesto que estas solo se limitaron a implementar la resolución general No.1-2015 del consejo directivo de homologar en el año 2016 por la Asamblea General que si es de aplicación general, la jueza comete un error deliberado al afirmar que la junta de elecciones, en fecha 9 de junio reiteró la prohibición de ejercer el derecho al voto de los miembros pasivos”.

Aseguró que la Junta de Elecciones no le prohibió el derecho a voto a los pasivos, sino que les informó quienes estaban en la categoría de pasivos desde septiembre de 2015 conforme había dispuesto el comité ejecutivo porque los artículos 14 y 15 de los estatutos de Acroarte así lo disponen.

Los pasivos que reclamaron
Entre los periodistas que solicitaron su derecho al voto y que formaban parte del grupo de los pasivos, figuran

José Alberto Peña Cabreja, Ygnario Sesilio Guerrero Tavarez, José Agustín Tavarez Gil, Carmen Zinaida Monserrat Rodríguez Santos, Marín Ramírez Grullón, Máximo Ramón Eurípides Cabral Jiménez, Rubén Benigno José Camilo Rivas, Julio Eduardo Martínez Díaz, Anthony Pérez Díaz, Pedro Morillo, William Radhames Pérez Peña, Guillermo de Jesús Díaz Gómez, Angola Altagracia Genao Rodríguez y Rafael Díaz.

El proceso eleccionario enfrentó a las periodistas Emelyn Baldera y Cristina Liriano.

Fuente: Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Abinader designa a Carlos Pimentel como director de Alianzas Público-Privadas

El funcionario es el director de Contrataciones Públicas y continuará en ese cargo

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El presidente Luis Abinader designó a Carlos Pimentel como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas mediante el Decreto no. 614-24.

Estas nuevas funciones se suman a las que ya ejerce al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas, cargo que de ahora en adelante desempeñará de manera honorífica.

El objetivo de esta nueva medida es seguir eficientizando y fortaleciendo la transparencia en los procesos de contratación bajo el modelo de alianzas público-privadas.

Así se evidencia en el artículo 2 del mismo decreto, que establece la presentación, ante el Poder Ejecutivo y en un plazo de 12 meses, de una propuesta detallada para la readecuación estructural y normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

Esta propuesta tendrá como finalidad la optimización de los procesos operativos y regulatorios, alineando ambas instituciones bajo los objetivos estratégicos del Estado dominicano, a fin de garantizar la eficacia, transparencia y coherencia en la implementación de las contrataciones públicas y las alianzas público- privadas.

*_Dirección de Prensa del Presiente_*

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Diputados aprueban préstamos por US$625 millones para enfrentar apagones y el cambio climático

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En su sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó tres contratos de préstamos que totalizan los 625 millones de dólares para programas de acción climática y de combate a los apagones en la República Dominicana.

El primer préstamo que aprobaron los legisladores suma los 100 millones de dólares, reseña el periódico Listín Diario.

El dinero será usado como un «apoyo presupuestario» al Programa de Acción Climática para un desarrollo económico sostenido.

De acuerdo con el contrato, el objetivo del proyecto es acompañar al Gobierno en sus reformas climáticas y de crecimiento sostenible para reforzar la resistencia del territorio dominicano frente al cambio climático.

El segundo préstamo que aprobaron los diputados tiene un total de 300 millones de dólares y, de acuerdo con los argumentos de la pieza, el dinero servirá para completar otra fase del primer endeudamiento que se aprobó.

De hecho, la pieza tiene el mismo objetivo que el primer préstamo y busca proteger al país de los daños y pérdidas que el cambio climático puede causar y así aprovechar las mejoras de competitividad y productividad asociadas con las medidas de mitigación.

Préstamo contra los apagones
El último préstamo que aprobaron los congresistas suma 225 millones de dólares que serán usados para mejorar la gobernanza y la sostenibilidad financiera en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes).

El dinero se utilizará para reducir las pérdidas eléctricas en el sistema, mejorar el suministro eléctrico en el país y la capacidad para satisfacer la demanda de distribución eléctrica de las Edes.

También, los fondos servirán para construir nuevas subestaciones eléctricas, rehabilitar las existentes y aplicar un fortalecimiento institucional para dar seguimiento al programa.

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