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Acroarte pide al TC suspender juramentación de nuevos directivos

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Cándido Simó, abogado de Acroarte.

El gremio recurrió sentencia que posibilitó el voto de los miembros pasivos en las elecciones en la que resultó electa Emelyn Baldera.

SANTO DOMINGO. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) recurrió hoy ante el Tribunal Constitucional la sentencia que habilitó a los miembros pasivos para votar en las elecciones celebradas el 24 del pasado mes en la que resultó electa la periodista Emelyn Baldera y pidió que no sea juramentada por la Junta Electoral.

Así lo establece el abogado de Acroarte, el jurista Cándido Simón quien depositó ayer el recurso que procura la revisión de la sentencia de amparo evacuada el 23 de junio de éste año por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Simón establece en el documento que la disposición del tribunal contraviene jurisprudencia dictadas por el Tribunal Constitucional con relación al funcionamiento de las sociedades privadas sin fines de lucro.

El abogado explicó que el tribunal de Primera Instancia, habría violentado los derechos de los miembros activo, por lo que solicitó al Tribunal Constitucional, como medida cautelar de urgencia la suspensión de la toma de posesión del consejo directivo electo en Santo Domingo, así como en las filiales de Santiago, Nueva York y La Florida hasta tanto no sea conocido el caso.

“En cuanto al fondo, establecer y probar que el amparo no tutela el sufragio en los gremios profesionales, sindicales ni otra suerte de entidad semejante, y por lo tanto, no tutela el sufragio en Acroarte”.

Recurrentes y fundamentos
En representación de Acroarte, sustentan el reclamo el presidente del gremio, periodista Jorge Ramos, así como su secretario general, el también periodista Ulises Jiménez.

“En atención a los artículos 40.9, 69 y 149. III de la Constitución, combinados con el artículo 5 de la Ley 137-11, que establecen el derecho procesal al recurrir como una garantía fundamental de tutela judicial que permite al afectado por una decisión jurisdiccional, acceder al órgano de jerarquía superior par que revise si el tribunal aquo ha incurrido en infracción de las normas constitucionales o violación o afectación de los derechos fundamentales, y una vez establecido esto, restituir al recurrente el derecho conculcado.

Cándido Simón consideró que la jueza itinerante distorsionó la naturaleza y categoría normativa de las resoluciones de la Junta de Elecciones que son directrices normativas “de las elecciones, pero se bastan así mismas como fuente genera, puesto que estas solo se limitaron a implementar la resolución general No.1-2015 del consejo directivo de homologar en el año 2016 por la Asamblea General que si es de aplicación general, la jueza comete un error deliberado al afirmar que la junta de elecciones, en fecha 9 de junio reiteró la prohibición de ejercer el derecho al voto de los miembros pasivos”.

Aseguró que la Junta de Elecciones no le prohibió el derecho a voto a los pasivos, sino que les informó quienes estaban en la categoría de pasivos desde septiembre de 2015 conforme había dispuesto el comité ejecutivo porque los artículos 14 y 15 de los estatutos de Acroarte así lo disponen.

Los pasivos que reclamaron
Entre los periodistas que solicitaron su derecho al voto y que formaban parte del grupo de los pasivos, figuran

José Alberto Peña Cabreja, Ygnario Sesilio Guerrero Tavarez, José Agustín Tavarez Gil, Carmen Zinaida Monserrat Rodríguez Santos, Marín Ramírez Grullón, Máximo Ramón Eurípides Cabral Jiménez, Rubén Benigno José Camilo Rivas, Julio Eduardo Martínez Díaz, Anthony Pérez Díaz, Pedro Morillo, William Radhames Pérez Peña, Guillermo de Jesús Díaz Gómez, Angola Altagracia Genao Rodríguez y Rafael Díaz.

El proceso eleccionario enfrentó a las periodistas Emelyn Baldera y Cristina Liriano.

Fuente: Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Diputado dice relaciones sexuales no consentidas en matrimonio ‘no es violación’

Eugenio Cedeño admite que es suya la propuesta de disminuir penas por este caso

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El diputado perremeísta Eugenio Cedeño, miembro de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del Código Penal, afirmó que el “consentimiento sexual está previamente establecido en el acto del matrimonio”, razón por la que entiende no se debe considerar las mismas penas que la establecida por una violación sexual.

El legislador reveló que la controversial disminución de la sanción, entre uno a cuatro años de prisión, fue una propuesta suya, la cual defendió.

“Ese es un tipo penal que para mí no existe. Cuando una mujer y un hombre se casan la primera motivación para casarse esta implícitamente establecido que es para tener relaciones sexuales. Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa. Nadie se casa aquí para poner un negocio. La gente se casa para vivir en pareja y el consentimiento sexual esta previamente establecido en ese acto de matrimonio”, argumentó.

Sin embargo, manifestó que todo lo que ocurra en lo adelante en una relación de pareja, en un lecho, podría ser denominado como violencia de género o maltrato físico, pero no violación sexual.

Para justificar su criterio afirmó que para él la violación sexual “es la que se da en un asalto a una persona en la calle con la cual no tiene ningún tipo de relación y se llegó a una actividad no consentida con otra persona”.

Añadió que el maltrato físico o lo que le llaman relación sexual no consentida debe ser castigado, pero no con las mismas penas que una violación sexual.

“Ningún hombre debe tener relación sexual con su esposa, relación sexual con su pareja a la mala ni con violencia ni con intimidación ni con amenazas y eso debe ser castigado. No me van a decir a mí que me van a castigar a una persona porque se quite el condón con la esposa a 20 años de prisión”, analizó.

Cedeño considera que se ha producido mucha confusión sobre el tema por las “manipulaciones mediáticas” y las posiciones irresponsables de algunos legisladores que han querido vender la idea de que los comisionados le quitaron el castigo “a lo que han querido llamar como violación sexual entre pareja”.

Minutos antes de sus declaraciones la comisión bicameral que estudia el Código Penal había decidido retomar la redacción de ese proyecto de ley como estaba originalmente sancionada la relación sexual no consentida en pareja con 10 a 20 años de prisión.

FUENTE: Diario Libre

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Senado también aprueba dos préstamos por más de 123 millones de dólares

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Horas después de que los diputados aprobaran un préstamo por 115 millones de dólares, el Senado de la República aprobó dos por un monto total de 123 millones 500 mil dólares.

Los dos préstamos, específicamente, fueron tomados por el Poder Ejecutivo por montos de 80 millones de dólares y 43,500,000 de la misma moneda

Indica el Listin Diario que el primer préstamo aprobado por los senadores fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de 80 millones de dólares y será destinado para el financiamiento del proyecto de “agricultura resiliente y gestión integrada de recursos hídricos”.

El monto del empréstito será implementado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Mientras que el segundo endeudamiento aprobado por el Senado totaliza los 43 millones 500 mil dólares y fue suscrito también con el BIRF.

Según indicaron en el contrato, este préstamo será para el financiamiento del “proyecto de mejora de los servicios de abastecimiento de agua y aguas residuales”, el cual lo implementará el Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa).

Ambos contratos de préstamos pasarán ahora a la Cámara de Diputados que horas antes sancionaron favorablemente un empréstito de 115 millones para “mejorar la conectividad” en el país.

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