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Condenan a Salvador Holguín al pago de RD$7.0 millones por difamación
El periodista Salvador Holguín fue condenado este miércoles al pago de RD$7 millones de pesos de indemnización al pago de las costas a favor de la demandante Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, que lo acusó de difamación e injuria.
La jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Suinda Brito, emitió el dictamen de la acusación de Medina contra el comunicador del programa Hilando Fino, a quien halló culpable de “haber violado las disposiciones 29-32-33 Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento”.
Al argumentar su decisión, Brito citó los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 02 de julio del 2004, en el que establece que el periodista debe hacer alusión a la fuente que le sirvió de fundamento para sus comentarios.
“La Corte Interamericana cuando llegó el caso (Herrera Ulloa Vs. Costa Rica) allá estableció lo siguiente que para ese tipo de caso se debe tomar en cuenta verificar que el periodista haya hecho alusión a la fuente que le sirve de fundamento a su comentario, error que lamentablemente no existe prueba de que el ciudadano Salvador Holguín lo haya hecho así”.
Lucía Medina acusó a Holguín de dañar su honor al dejar entrever que entre ella y el director de la Policía, Nelson Peguero Paredes, hay una relación sentimental.
“En ese programa (Hilando Fino), según ustedes todos vieron y pudieron apreciar en su momento, lamentablemente el ciudadano (Salvador Hoguín) no hizo referencia, no dijo en ningún momento, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en base a un vídeo, en base en un programa de Youtube de fulano de tal, difundido en fecha tal, estoy comentando lo que él comentó, lamentablemente no se cubrió no se protegió de esa manera, sobre quién recae la responsabilidad, en el comentario”, afirmó la magistrada.
Brito fijó la lectura íntegra para el 26 de julio de este año, a las 3:00 de la tarde, en la cual correrá el plazo para la correspondiente apelación.
Diario Libre
Más abajo, un video de NCDN 37, canal que difundió en vivo la sentencia de la magistrada Brito.
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Abinader plantea eliminar término “doméstica” por considerarlo insultante
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.














