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Prisión preventiva por robo de siete libras de yuca escandaliza a la Defensa Pública
SANTO DOMINGO. La Directora Nacional de la Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román, estableció a través de un comunicado de prensa que se encuentra “escandalizada” ante la medida de prisión preventiva impuesta por el Juzgado de Atención Permanente del Departamento Judicial de Montecristi, a una persona por el supuesto robo de unas siete libras de yuca. Pues evidentemente se trata de un “robo famélico”, de alguien que “robó por hambre”.
“Supuestamente Barba Pie y/o Franco Estama, nacional haitiano, sustrajo siete (7) libras de yuca, de la finca propiedad del señor Daniel Tomas Núñez, quien presentó la denuncia de la sustracción. Lo que resulta un caso sin importancia, bagatela o de poca monta, jurídicamente hablando, sumado a que el imputado en el conocimiento de la medida manifestó: que trabajaba para el señor Daniel y que éste lo metió preso para no pagarle su dinero, que tenía hambre porque Daniel lo que le da es mango”, conforme al criterio doctrinal y jurisprudencial este caso resulta ser un robo famélico que no conlleva pena alguna.
Ante esto la doctora reiteró que, la medida es totalmente desproporcional, inidónea.
Además de violar los principios limitadores del derecho penal, “intervención mínima, como ultima ratio y el principio de lesividad”.
Hernández Román solicita con urgencia que se investigue el manejo de los casos en la provincia de Montecristi. Esto así, porque en reiteradas ocasiones vemos este tipo de conductas que violan de manera degradante el respeto a los Derechos Humanos.
Y que constantemente han sido denunciadas por la Coordinadora de la oficina de Defensa Pública de Montecristi, doctora Wendis Almonte Reyes.
De conformidad con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el robo se originó en la finca propiedad del señor Daniel Tomas Núñez, quien presentó la denuncia de la sustracción.
Barba Pie y/o Franco Estama, acusado de violar, supuestamente, los artículos 379 y 388 del CPD, defendido por la Defensa Pública de Montecristi, ante la medida de coerción, sólo se expreso de la manera siguiente: “Dios está arriba que nunca le he cogido nada”.
Informamos esta situación porque no es el primer, ni el único caso en que en Montecristi se les da este trato por parte del Ministerio Público y los jueces de Montecristi.
Con la agravante de la Cárcel Pública de Montecristi, la cual fue creada en el año 1930, con una capacidad de 70 personas.
Sin embargo, actualmente se encuentran recluidas un total de 375 personas privadas de libertad.
Lo que indica que hay una indiscutible sobre población. De estos hay 263 personas en prisión preventivas.
Más de 200 hombres amanecen en el patio de dicha cárcel, por no decir duermen, porque no hay espacio físico dentro de las celdas para todos poder dormir allí dentro.
Las personas que amanecen en el patio de la cárcel lo hacen a la intemperie, sin ni siquiera una lona para cubrirse del sereno o de la lluvia cuando llueve; con la molestia de los mosquitos, cucarachas, ciempiés y toda clase de insectos.
Esta situación pone en peligro tanto su integridad como su salud. Lo anterior es una situación verdaderamente indignante, siendo los más afectados las personas de nacionalidad haitiana, por su doble grado de vulnerabilidad, persona privada de libertad y además de otra nacionalidad (de extrema pobreza).
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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