Noticias
Temo dice Procuraduría debe retirar cargos y pedirle perdón a imputados Odebrecht
El exministro de Industria y Comercio, Temistocles Montás, salió esta tarde del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres luego la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte le variara la prisión preventiva por presentación periódica.
A su salida del penal, Montás expresó su agradecimiento a Dios, a su familia, a los compañeros del partido que lo apoyaron y a sus abogados, quienes según dijo “han desarrollado un trabajo ejemplar”.
Dijo que Ministerio Público debió ser más objetivo, y calificó las acciones de la Procuraduría General de la República en el caso Odebrecht como “un tollo jurídico” que no solo los ha afectado a ellos (los imputados), sino a sus familias y al Gobierno.
“Le presentaron al país un expediente que puede ser catalogado como un tollo jurídico, que no solo nos ha afectado a nosotros y a nuestras familias, sino que ha afectado al Gobierno; le ha creado un serio problema al Gobierno porque la impresión que da cuando uno lee ese expediente es que lo que lo pusieron en ejecución ni siquiera tuvieron el cuidado de leerlo. Y eso, obviamente, esta gravitando de manera negativa sobre el ejercicio de la política en República Dominicana.”
Entiende que la Procuraduría debe retirar los cargos, pedirles perdón y dejar en libertad a los que no se le varió la prisión preventiva.
En este caso se refiere al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón.
Dijo que quienes pusieron en ejecución el expediente ni siquiera lo leyeron y que, además, de mal hecho, en definitiva le hace mal a la justicia dominicana y al gobierno.
En cuanto a los cuestionamientos de la jueza Miriam Germán Brito al expediente, Montás dijo que las actuaciones de la magistradas hacen no perder la fe y que todavía en la justicia se puede creer.
También salió Pittaluga
El abogado Conrado Pittaluga fue el primero de los implicados en el caso Odebrecht en salir del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, para cumplir prisión domiciliaria.
Salió pasada las 4 de la tarde, montado en una yipeta negra que entró al recinto penitenciario frente al área donde se encuentran los otros implicados. No bajó los cristales ni habló.
Fuente: Listín Diario
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
Noticias
Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
