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Ella contrató a un sicario para asesinar a su esposo y el FBI lo hizo pasar por muerto para desenmascararla
El puertorriqueño Ramón Sosa hizo una modesta carrera como boxeador amateur y luego abrió su gimnasio en Texas.
Separado y con tres hijos, en 2007 conoció en el club de salsa La Luna a la mujer de sus sueños: María, una profesora mexicana de kickboxing, más conocida como Lulú.
Se pusieron de novios y comenzaron a trabajar juntos en el gimnasio de Ramón.
«Era una mujer maravillosa. Me hacía la manicura, pedicura y masajes en los pies. Me ponía aceite en la espalda y me hacía más masajes. Era el paraíso, y mis amigos estaban celosos», recuerda Ramón.
El único inconveniente era que como María no tenía permiso de residencia legal en los Estados Unidos, tenía que salir del país después de algunos meses para luego volver a ingresar.
Pero en 2010, Ramón y María se casaron, ella se convirtió en ciudadana estadounidense y parecía que vivirían una vida feliz juntos.
De pronto, de la nada, mientras atravesaban un difícil momento económico, un día de 2015, ella le pidió el divorcio, contó Ramón al Daily Mail.
Pero la tierna Lulú fue más allá. Contactó a un hombre llamado Gustavo para pedirle que consiguiera a un asesino a sueldo para matar a su esposo.
Ella estaba dispuesta a pagarle 2 mil dólares y darle la camioneta de su esposo.
Lo que no sabía ella era que Gustavo asistía a clases de boxeo con Ramón.
«Él había tenido problemas en el pasado, pero ya había cambiado su vida, y yo lo entrenaba. Cuando me llamó y me dijo que quería verme porque había alguien que quería matarme, pensé que me estaba haciendo una broma».
Pero todo iba en serio. Cuando su amigo le contó los planes de su esposa, Ramón le pidió que fuera a una nueva reunión con ella con un micrófono en su ropa y grabara todo.
En ese encuentro, Gustavo le consultó a Lulú si no le alcanzaba con que le dieran a Ramón una buena paliza. «No —dijo ella—. Solo me sirve muerto». Y le dio mil dólares como adelanto del pago total.
Con la grabación en la mano, en la que Gustavo simulaba conocer a dos mercenarios dispuestos a hacer el trabajo, se presentaron en la comisaría de Montgomery County, en Houston.
La policía le propuso a Ramón un plan para terminar de desenmascarar a su esposa: le pidieron que se hiciera el muerto, le sacarían fotos y se las llevarían a su esposa para ver su reacción.
Con la colaboración del FBI, usaron pintura para que pareciera que Sosa había recibido un tiro en la sien y lo fotografiaron en una fosa en el desierto de Texas.
«Cuando la conocí a Lulú, nunca imaginé que nuestra relación terminaría así».
Después, se aseguraron de que Ramón se quedara en un hotel durante 3 días y no tuviera contacto con nadie.
Recién entonces, un policía se hizo pasar por uno de los sicarios y se presentó en un estacionamiento donde le mostró a Lulú las fotos de su esposo muerto. Ella rió. Segundos después, fue arrestada.
En octubre de 2016, admitió ante el juez su culpabilidad por instigación al crimen sin agregar más palabras. Fue condenada a 20 años de prisión.
En las últimas horas, tras un pedido de acceso a la información, fueron reveladas las fotografías y el plan que urdió Ramón junto a la policía para desenmascarar a su esposa.
Infobae
Un ciudadano identificado como Robinson denunció un violento incidente ocurrido en la carretera Mella, próximo al Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), donde un motorista habría atacado su vehículo con un objeto contundente, provocando heridas de gran consideración a su hija menor de edad.
De acuerdo con el relato del afectado, el hecho se produjo luego de un ligero contacto físico entre ambos vehículos mientras transitaban por la vía.
Tras el incidente, el conductor de la motocicleta presuntamente persiguió el automóvil y lanzó una piedra de gran tamaño que atravesó el cristal del lado del pasajero.
El impacto alcanzó a la menor en la frente, causándole un fuerte sangrado y severas lesiones.
Robinson explicó que tuvo que trasladar de emergencia a la niña al Centro Médico Integral II, donde fue sometida a una intervención quirúrgica debido a que el golpe provocó que fragmentos de roca penetraran en su cráneo.
El denunciante pidió que las autoridades investiguen el caso y den con el responsable de la agresión.
El Ministerio de Interior y Policía informó la mañana de este miércoles que el empresario haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no ingresará al territorio dominicano, luego de que surgieran versiones sobre una posible deportación desde Estados Unidos hacia República Dominicana.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución indicó que Vorbe “mantiene un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a una notificación emitida por la Dirección Nacional de Inteligencia y ejecutada por la Dirección General de Migración”.
La aclaración se produjo luego de que el juez Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, firmara una orden judicial en la que se establece que el empresario sería enviado a República Dominicana, tras ser rechazada una solicitud de habeas corpus con la que buscaba evitar ser deportado a Haití y permanecer en territorio estadounidense.
El documento judicial, fechado el 12 de mayo de 2026, señala que la petición de ser trasladado al país fue realizada por el propio empresario.
“El Departamento de Seguridad Nacional declara que facilitará la deportación del peticionario Dimitri Albert Edouard Vorbe a la República Dominicana dentro de los siete días siguientes a la emisión de la orden final de deportación, trasladándolo a un aeropuerto del sur de Florida donde abordará un vuelo comercial a la República Dominicana”, establece la orden.
Asimismo, el acuerdo judicial indica que, dos días después de su llegada a República Dominicana, tanto Vorbe como las autoridades estadounidenses presentarían una moción para desestimar el procedimiento de manera definitiva.
Arresto del empresario
Vorbe fue detenido el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La Embajada de Estados Unidos en Haití explicó que el arresto se produjo por presuntos vínculos con la violencia de las bandas armadas.
Asimismo, las autoridades estadounidenses determinaron que Vorbe “participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití”.
Por ello, el Departamento de Estado concluyó que la presencia o las actividades del empresario en EE. UU. podrían tener “graves consecuencias adversas” para la política exterior de ese país, lo que sirvió de base para el proceso de deportación.
Este hecho volvió a colocar en el centro del debate la influencia económica y política del empresario haitiano.
El magnate es heredero de la familia propietaria de Société Générale d’Énergie S.A. (Sogener), empresa que durante años fue uno de los principales suplidores de electricidad en Haití mediante contratos con la estatal Électricité d’Haïti.
En 2019, durante el gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse, las autoridades haitianas acusaron a Sogener de sobrefacturación y pagos indebidos, reclamando más de 120 millones de dólares y ordenando la incautación de plantas eléctricas vinculadas a la empresa.
Además de sus negocios energéticos, Vorbe y su familia también fueron relacionados con contratos millonarios de obras públicas durante la administración del expresidente René Préval.
En agosto de 2020, fue detenido por el ICE y puesto bajo su custodia en el Centro de Procesamiento de Servicios de Miami.
Allí fue sometido a un proceso de deportación mediante una Notificación de Comparecencia que lo acusaba de ser deportable, debido a que luego de ser admitido como no inmigrante, permaneció en EE. UU. por un tiempo mayor al permitido.
En de abril de 2025, el ICE presentó un escrito argumentando queeste hombre era inadmisible debido a que mintió deliberada y voluntariamente en las solicitudes presentadas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener beneficios migratorios.
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