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Ratifican prisión a Marlon Martínez
El Juzgado de Primera Instrucción del Distrito Judicial de Duarte ratificó la prisión preventiva de tres meses que pesa como medida de coerción contra Marlon Martínez; principal implicado en el asesinato de la joven Emely Peguero Polanco.
La jueza Isolina Contreras, dispuso además el aplazamiento de las medidas de coerción contra los otros dos implicados: Bolívar Ureña (el Boli), quien está acusado como cómplice del hecho por supuestamente haber trasladado el cadáver a una comunidad de Moca y Marlyn Martínez, madre de Marlon.
La audiencia, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y en medio de un ambiente tenso, al que acudieron decenas de personas relacionadas con la familia para solicitar que los culpables sean castigados ejemplarmente por la justicia francomacorisana.
En representación del Ministerio Público participaron el procurador general de la Corte de Apelación, Amado José Rosa y el procurador fiscal, Regis Victorio Reyes.
Había que ratificar la medida
El procurador general de la Corte de Apelación, Amado José Rosa, calificó de adecuada la disposición del tribunal, ya que la jueza ratificó por tres meses más la medida de coerción contra Marlon Martínez y dispuso el aplazamiento de las otras dos por un asunto técnico que era entendible y porque aún están en el lapso.
“Como MP no tuvimos ningún inconveniente, lógicamente había que entender que dadas las circunstancias del caso de que se trata de las posibilidades de fuga, todo lo que implica una medida de coerción está dado y había que ratificar por tres meses más’’, dijo.
La defensa de Bolívar Ureña estuvo encabezada por el abogado Felix Portes, mientras que Marlyn y su hijo, estuvieron representados por Ricardo Reyna y Cándido Simó.
Piden 30 años para los asesinos de Emely
Al tribunal acudieron los padres de la asesinada joven, Adalgiza Polanco y Genaro Peguero, quienes reiteraron su reclamo de que se haga justicia y los responsables sean condenados con la pena máxima de 30 años por asesinato.
“Nosotros sólo queremos que se haga justicia y que los culpables de darle muerte a nuestra hija paguen por el crimen cometido’’.
Fuente: El Caribe
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Abinader plantea eliminar término “doméstica” por considerarlo insultante
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.














