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Serán detenidos y multados por más de RD$25 mil los que no pasen prueba de alcoholímetro

SANTO DOMINGO. La llegada al país de ocho alcoholímetros y 32 alcoholímetros de tamizaje es el segundo intento reciente del Estado dominicano de poner en marcha un sistema para combatir el consumo de alcohol mientras las personas conducen.
Esta vez, a diferencia de lo que ocurría en diciembre de 2009, cuando en un plan de seguridad navideño se intentó implementar, la ley es más clara sobre la aplicación de la medida.
Aunque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) no precisó cuándo comenzará a aplicar los alcohólimetros, el hecho de que se hable de “cursos intensivos” para los agentes que lo utilizarán implica que sería en un corto plazo.
¿Puede un ciudadano negarse a tomar la prueba?
El artículo 263 de la Ley de Movilidad 63-17 señala que los agentes de la Digesett (Amet) “estarán autorizados a practicar a los conductores y peatones el control de alcoholemia o toxicológico.
Añade que cuando el conductor se niegue a efectuarse dicha prueba, el agente lo hará constar en el acta que levantará al efecto y lo conducirá al Tribunal Especial de Tránsito más cercano o al juzgado de paz de la jurisdicción correspondiente.
En el caso de que se dificulte constatar el nivel de alcohol en la sangre por cualquier causa atribuible al conductor, se procederá de igual forma que ante la negativa a realizar la prueba.
¿Cuáles son los niveles de alcohol permitidos?
La ley indica que es ilegal conducir un vehículo de motor por las vías públicas cuando el grado de alcoholemia sea superior a 0.5 gramos por litro (gr/1) en la sangre o 0.25 miligramos por litro (mgr/1) en el aire espirado, según resulte de la alcoholimetría realizada por los agentes de la DIGESETT.
En el caso de quienes viajan en transporte público el grado de alcoholemia debe ser 0.0 gramos (cero).
Y los motociclistas no deberán conducir con más de 0.2 gramos de alcohol por litro de sangre o 0.1 miligramos por litro (mgr/1) en el aire espirado, según resulte de la alcoholimetría realizada por los agentes de la DIGESETT.
¿Cuánto será la multa?
Las personas que incurran en la violación a esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado y la reducción de los puntos de la licencia que determine el reglamento. El salario mínimo del sector público centralizado al cuatro de diciembre de este año es de RD$ 5,117.50, multiplicado es de 25,587.50, hasta 51,175.50
¿Puedo transitar ingiriendo bebidas alcohólicas, aunque pase el alcoholímetro?
No. La ley prohíbe conducir en estado de embriaguez y prohíbe a los conductores de vehículos ingerir bebidas alcohólicas mientras transitan por las vías públicas.

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Retiran siete querellas contra Ángel Martínez por difamación e injuria

Otras siete querellas que habían sido interpuestas por difamación e injuria contra el comunicador Ángel Martínez fueron retiradas ante el Ministerio Público, luego de que las partes llegaran a un acuerdo amigable.
Las querellas, que se encontraban depositadas y en proceso de depósito, fueron dejadas sin efecto y sin valor legal.
Esto ocurrió tras una vista de conciliación en la Fiscalía de Valverde Mao, donde se arribó a un acuerdo para poner fin a los procesos.
En la vista, Martínez, acompañado de su abogado Ronny Crousset, llegó a un entendimiento con los querellantes: Germán Damián Rodríguez Saldaña (alcalde de Laguna Salada), Deisy Yanelis Aquino Mesa, Librado Nicanor Acosta Belliard, Luis Manuel Díaz, Ricki Ricardo Tejada Blanco, José Miguel Peralta Castellano y Martín Nolasco.
Los querellantes decidieron poner fin a las denuncias y querellas mediante un acuerdo de retractación.
Esta decisión se basó en que Martínez se retractó de lo dicho, pidió disculpas públicas y eliminó de sus plataformas los videos que consideraban difamatorios.
Por recomendación de sus abogados, los querellantes solicitaron al Ministerio Público archivar y dejar sin efecto jurídico las acciones emprendidas y las que estaban por realizarse.
Cuestionamientos legales
El abogado Ronny Crousset celebró la voluntad de las partes y la decisión de finalizar estos procesos.
En su ejercicio profesional, afirmó nunca haber presenciado la solicitud de medidas de coerción contra un comunicador por ejercer un derecho fundamental como la libre expresión y difusión del pensamiento en territorio estadounidense.
Crousset cuestionó severamente la imposición de un grillete electrónico a su cliente por supuesta difamación, así como una fianza y tres impedimentos de salida a un comunicador al que, según él, ni siquiera se le ha probado legal y judicialmente la supuesta difamación.
El abogado hizo un llamado a la clase periodística para que se vea reflejada en lo que le está sucediendo a Ángel Martínez, advirtiendo que «hoy será él y mañana serán otros de los que le dieron la espalda». Enfatizó que si los periodistas se mantienen desunidos, «serán cada uno vencidos y no tendrán ayuda porque no ayudaron a uno de su clase».
Estos retiros de querellas se suman a la que había sido interpuesta por el comunicador Varga Vila Riverón contra Martínez, la cual también fue archivada después de que Martínez ofreciera disculpas públicas en el programa «Tu Mañana».
Vía Listín Diario
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Someten proyecto de ley para que plataformas digitales paguen seguro y sueldo mínimo a sus repartidores y socios conductores

Una nueva propuesta legislativa en el Senado de la República busca regular las condiciones laborales de los repartidores y conductores afiliados a plataformas digitales como Uber, Uber Eats, Indriver, Didi y Pedidos Ya, garantizándoles salario mínimo, seguro médico y pensiones.
La iniciativa establece que estas empresas deberán asegurar que los afiliados reciban, al menos, el equivalente al salario mínimo vigente, sin importar el número de horas trabajadas.
Además, las plataformas tendrán que cubrir los seguros de ley y contratar pólizas de accidentes y de responsabilidad civil para proteger tanto a los conductores como a terceros.
En caso de aprobarse, la iniciativa, sometida por Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez, también obligaría a las tecnológicas a inscribirse en un Registro Nacional de Plataformas de Transporte administrado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), incluyendo aportes a salud, pensión, riesgos laborales e Infotep.
Indica Diario Libre que si la iniciativa pasa los filtros legislativos (aprobadas dos veces en ambas cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo) sería un beneficio para más de 30,000 socios que tienen estas aplicaciones en el país.
Además, sería un intento de regulación, debido que estas corporaciones internacionales no cotizan ni pagan al fisco.
Aunque algunos logran ingresos de 60,000 pesos al mes, según publicó este medio en marzo pasado, los afiliados han protestados frente a las oficinas de las aplicaciones reclamando mejores condiciones laborales.
Juego claro
Otros puntos que toca la pieza legislativa es que las plataformas deben esclarecer a sus afiliados cómo se paga la comisión: tarifa bruta cobrada al usuario, comisión descontada por la plataforma, impuestos retenidos (si los hubiera) y neto pagado al conductor.
“Quedan prohibidas las deducciones no autorizadas o cargos ocultos”.
Tampoco podrán desactivar o suspender la cuenta de manera arbitraria sin antes informar los motivos.
De su lado, los conductores deben registrarse en el Intrant y notificar al Ministerio de Trabajo que se dedican a esa actividad.
Las consecuencias
La empresa digital que incurra en violación sería sancionada con multa de 20 a 50 salarios mínimos y, en caso de reincidencia, podría cancelarse su operación en las calles dominicanas.
El dinero de la multa –establece el proyecto de ley– se destinaría de esta manera: 50 % al Ministerio de Hacienda, un 25 % al Ministerio de Trabajo y el otro 25 % al Intrant, para aplicarlos en capacitaciones y seguridad vial.
Convivencia en los polos turísticos
En los polos turísticos se exigirá que las plataformas promuevan una convivencia ordenada con los modelos de transporte local, bajo lineamientos del Ministerio de Turismo.
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