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Reclusos beneficiados con permisos habían salido otras veces de la cárcel
DE EL CARIBE. – No es la primera vez que los reclusos que fueron beneficiados con permisos de salida por la jueza Katherine Rubio reciben ese tipo de beneficio, de acuerdo a revelaciones de María Garabito Ramírez, jueza presidente de la Cámara Penal de Corte de Apelación del departamento judicial de San Cristóbal, quien deploró la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado el caso.
El dato está contenido en una carta que le envió al magistrado Justiniano Montero Montero, director general de Administración de la Carrera Judicial, en la que defiende el accionar de la magistrada Rubio y dice que la forma en que el Ministerio Público presentó la información a los medios de comunicación pareciera que busca la forma de hacer “saltar” a la jueza Rubio del cargo.
De igual manera, afirma que la información “pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falso”.
“Me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”, aduce la jueza Garabito Ramíre.
“No tengo conocimiento de los tipos penales por lo que fueron juzgadas y condenadas las personas que resultaron beneficiadas con permisos, pero sí puedo decirle que no es la primera vez que los mismos se otorgan y de manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo”, explicó y aseguró que la magistrada Rubio duró “aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República los expedientes de los internos a quienes se les iba a conceder los permisos”.
La magistrada expresó su respaldo al trabajo que ha realizado la Rubio en el Juzgado de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, donde se desempeña como interina.
“Hasta el día de hoy, confío plenamente en la Juez que está al frente de ese Tribunal, por su integridad y correcto proceder. No comprendo la actitud del Ministerios Publico ante acciones correctas y legitimas. Hago esta defensa porque se de la importancia que un superior sabiendo que un subalterno es serio, honesto y cumplidor de su deber, no lo haga y guarde silencio contribuyendo así al descredito personal e institucional y por el valor moral e institucional que ello representa”, dijo en la carta.
Y agregó “he observado el protagonismo con el que el Ministerio Publico quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni corresponde según lo dispone en la ley, sin embargo otorgan permiso al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya- Bani, señor Luis Lara, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.
Y continúa: “Hago de su conocimiento que la juez que actualmente está como interina en dicho Tribunal conoce la legislación y la aplica por lo que se le ha hecho difícil al Ministerio Publico y a otros actores “narigonearla” o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la constitución, la ley y los procedimientos”.
La magistrada también solicitó una inspectoría judicial, “para que mis palabras no queden al viento y pueda comprobar el manejo de la misma. Asimismo me reitero a su orden para sostener una reunión con el presidente, la Jueza, Usted y esta servidora para aclarar cualquier inconveniente y emplazar al Ministerio Publico para que diga en que consistieron las irregularidades denunciadas con las que se ha querido sorprender a la opinión pública y daño al Poder Judicial y, nos las pruebe”.
“Para su conocimiento y fines de lugar le informo del mal manejo en el orden administrativo de los Centros Penitenciarios por parte del Ministerio Publico, el cual deja mucho que desear, lo que conozco a profundidad, por las reuniones de la mesa multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el sistema de justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos.
La diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, informó la noche de este viernes que está separada de Ethian Vásquez, quien está detenido, supuestamente por vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado de prensa, la legisladora confirmó que tiene conocimiento de la detención de Vásquez, aunque no precisó el lugar donde se encuentra ni las razones.
Fernández explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y que no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes.
“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual”, señala el documento.
La diputada manifestó su respeto al debido proceso y a las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, «quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley».
En el comunicado, Fernández agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por su comunidad y cumpliendo con las responsabilidades legislativas que le fueron confiadas por los electores de La Romana.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de Vásquez ni de los cargos contra él.
Informaciones extraoficiales indican que estaría detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A continuación el comunicado de la diputada Jacqueline Fernández:
La diputada Jacqueline Fernández informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que tiene conocimiento de la detención del señor Ethian Vásquez, quien en el pasado fuera su cónyuge.
La legisladora Fernández aclara responsablemente que, desde hace un tiempo, ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.
Reitera que las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expresa su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley.
La diputada agradece a la ciudadanía su comprensión, y afirma que se mantendrá enfocada en continuar trabajando por su comunidad y en la responsabilidad legislativa que los ciudadanos de La Romana le han confiado.
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Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre y mujer planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente en Santiago
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.
Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.
El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.
En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.
Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.
Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.
De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.
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