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Reclusos beneficiados con permisos habían salido otras veces de la cárcel

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DE EL CARIBE. – No es la primera vez que los reclusos que fueron beneficiados con permisos de salida por la jueza Katherine Rubio reciben ese tipo de beneficio, de acuerdo a revelaciones de María Garabito Ramírez, jueza presidente de la Cámara Penal de Corte de Apelación del departamento judicial de San Cristóbal, quien deploró la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado el caso.

El dato está contenido en una carta que le envió al magistrado Justiniano Montero Montero, director general de Administración de la Carrera Judicial, en la que defiende el accionar de la magistrada Rubio y dice que la forma en que el Ministerio Público presentó la información a los medios de comunicación pareciera que busca la forma de hacer “saltar” a la jueza Rubio del cargo.

De igual manera, afirma que la información “pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falso”.

“Me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”, aduce la jueza Garabito Ramíre.

“No tengo conocimiento de los tipos penales por lo que fueron juzgadas y condenadas las personas que resultaron beneficiadas con permisos, pero sí puedo decirle que no es la primera vez que los mismos se otorgan y de manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo”, explicó y aseguró que la magistrada Rubio duró “aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República los expedientes de los internos a quienes se les iba a conceder los permisos”.

La magistrada expresó su respaldo al trabajo que ha realizado la Rubio en el Juzgado de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, donde se desempeña como interina.

“Hasta el día de hoy, confío plenamente en la Juez que está al frente de ese Tribunal, por su integridad y correcto proceder. No comprendo la actitud del Ministerios Publico ante acciones correctas y legitimas. Hago esta defensa porque se de la importancia que un superior sabiendo que un subalterno es serio, honesto y cumplidor de su deber, no lo haga y guarde silencio contribuyendo así al descredito personal e institucional y por el valor moral e institucional que ello representa”, dijo en la carta.

Y agregó “he observado el protagonismo con el que el Ministerio Publico quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni corresponde según lo dispone en la ley, sin embargo otorgan permiso al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya- Bani, señor Luis Lara, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.

Y continúa: “Hago de su conocimiento que la juez que actualmente está como interina en dicho Tribunal conoce la legislación y la aplica por lo que se le ha hecho difícil al Ministerio Publico y a otros actores “narigonearla” o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la constitución, la ley y los procedimientos”.

La magistrada también solicitó una inspectoría judicial, “para que mis palabras no queden al viento y pueda comprobar el manejo de la misma. Asimismo me reitero a su orden para sostener una reunión con el presidente, la Jueza, Usted y esta servidora para aclarar cualquier inconveniente y emplazar al Ministerio Publico para que diga en que consistieron las irregularidades denunciadas con las que se ha querido sorprender a la opinión pública y daño al Poder Judicial y, nos las pruebe”.

“Para su conocimiento y fines de lugar le informo del mal manejo en el orden administrativo de los Centros Penitenciarios por parte del Ministerio Publico, el cual deja mucho que desear, lo que conozco a profundidad, por las reuniones de la mesa multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el sistema de justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Presidente Luis Abinader advierte a dominicanos que no vayan a Haití

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El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió hoy a todos los dominicanos que no vayan a Haití debido a la inseguridad y la violencia que existe en el vecino país.

Abinader informó que han reforzado la seguridad en las zonas fronterizas a fin de evitar que la violencia que se vive en Haití pase a República Dominicana, pero insistió en que los dominicanos no deben pasar al otro lado de la isla.

“Le hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no vayan, que no hay seguridad”, enfatizó el mandatario.

El presidente habló sobre unos camioneros dominicanos que están retenidos en Haití y que , según dijo, están coordinando acciones desde la vía diplomática para lograr su regreso al territorio nacional.

Recordó además que desde su puesto en las Naciones Unidas, República Dominicana, ha demandado que se le dé acompañamiento internacional a Haití para manejar su crisis.

FUENTE: Diario Libre

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Diputado dice relaciones sexuales no consentidas en matrimonio ‘no es violación’

Eugenio Cedeño admite que es suya la propuesta de disminuir penas por este caso

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El diputado perremeísta Eugenio Cedeño, miembro de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del Código Penal, afirmó que el “consentimiento sexual está previamente establecido en el acto del matrimonio”, razón por la que entiende no se debe considerar las mismas penas que la establecida por una violación sexual.

El legislador reveló que la controversial disminución de la sanción, entre uno a cuatro años de prisión, fue una propuesta suya, la cual defendió.

“Ese es un tipo penal que para mí no existe. Cuando una mujer y un hombre se casan la primera motivación para casarse esta implícitamente establecido que es para tener relaciones sexuales. Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa. Nadie se casa aquí para poner un negocio. La gente se casa para vivir en pareja y el consentimiento sexual esta previamente establecido en ese acto de matrimonio”, argumentó.

Sin embargo, manifestó que todo lo que ocurra en lo adelante en una relación de pareja, en un lecho, podría ser denominado como violencia de género o maltrato físico, pero no violación sexual.

Para justificar su criterio afirmó que para él la violación sexual “es la que se da en un asalto a una persona en la calle con la cual no tiene ningún tipo de relación y se llegó a una actividad no consentida con otra persona”.

Añadió que el maltrato físico o lo que le llaman relación sexual no consentida debe ser castigado, pero no con las mismas penas que una violación sexual.

“Ningún hombre debe tener relación sexual con su esposa, relación sexual con su pareja a la mala ni con violencia ni con intimidación ni con amenazas y eso debe ser castigado. No me van a decir a mí que me van a castigar a una persona porque se quite el condón con la esposa a 20 años de prisión”, analizó.

Cedeño considera que se ha producido mucha confusión sobre el tema por las “manipulaciones mediáticas” y las posiciones irresponsables de algunos legisladores que han querido vender la idea de que los comisionados le quitaron el castigo “a lo que han querido llamar como violación sexual entre pareja”.

Minutos antes de sus declaraciones la comisión bicameral que estudia el Código Penal había decidido retomar la redacción de ese proyecto de ley como estaba originalmente sancionada la relación sexual no consentida en pareja con 10 a 20 años de prisión.

FUENTE: Diario Libre

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