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Reclusos beneficiados con permisos habían salido otras veces de la cárcel
DE EL CARIBE. – No es la primera vez que los reclusos que fueron beneficiados con permisos de salida por la jueza Katherine Rubio reciben ese tipo de beneficio, de acuerdo a revelaciones de María Garabito Ramírez, jueza presidente de la Cámara Penal de Corte de Apelación del departamento judicial de San Cristóbal, quien deploró la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado el caso.
El dato está contenido en una carta que le envió al magistrado Justiniano Montero Montero, director general de Administración de la Carrera Judicial, en la que defiende el accionar de la magistrada Rubio y dice que la forma en que el Ministerio Público presentó la información a los medios de comunicación pareciera que busca la forma de hacer “saltar” a la jueza Rubio del cargo.
De igual manera, afirma que la información “pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falso”.
“Me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”, aduce la jueza Garabito Ramíre.
“No tengo conocimiento de los tipos penales por lo que fueron juzgadas y condenadas las personas que resultaron beneficiadas con permisos, pero sí puedo decirle que no es la primera vez que los mismos se otorgan y de manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo”, explicó y aseguró que la magistrada Rubio duró “aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República los expedientes de los internos a quienes se les iba a conceder los permisos”.
La magistrada expresó su respaldo al trabajo que ha realizado la Rubio en el Juzgado de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, donde se desempeña como interina.
“Hasta el día de hoy, confío plenamente en la Juez que está al frente de ese Tribunal, por su integridad y correcto proceder. No comprendo la actitud del Ministerios Publico ante acciones correctas y legitimas. Hago esta defensa porque se de la importancia que un superior sabiendo que un subalterno es serio, honesto y cumplidor de su deber, no lo haga y guarde silencio contribuyendo así al descredito personal e institucional y por el valor moral e institucional que ello representa”, dijo en la carta.
Y agregó “he observado el protagonismo con el que el Ministerio Publico quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni corresponde según lo dispone en la ley, sin embargo otorgan permiso al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya- Bani, señor Luis Lara, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.
Y continúa: “Hago de su conocimiento que la juez que actualmente está como interina en dicho Tribunal conoce la legislación y la aplica por lo que se le ha hecho difícil al Ministerio Publico y a otros actores “narigonearla” o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la constitución, la ley y los procedimientos”.
La magistrada también solicitó una inspectoría judicial, “para que mis palabras no queden al viento y pueda comprobar el manejo de la misma. Asimismo me reitero a su orden para sostener una reunión con el presidente, la Jueza, Usted y esta servidora para aclarar cualquier inconveniente y emplazar al Ministerio Publico para que diga en que consistieron las irregularidades denunciadas con las que se ha querido sorprender a la opinión pública y daño al Poder Judicial y, nos las pruebe”.
“Para su conocimiento y fines de lugar le informo del mal manejo en el orden administrativo de los Centros Penitenciarios por parte del Ministerio Publico, el cual deja mucho que desear, lo que conozco a profundidad, por las reuniones de la mesa multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el sistema de justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
