El Alguacil Ordinario es, sin duda, una de las figuras más subestimadas dentro del sistema judicial dominicano. Mientras que los demás actores, jueces, fiscales y abogados se llevan el protagonismo en los procesos judiciales, los alguaciles ordinarios suelen ser vistos como meros ejecutores de actos, sin el reconocimiento que merece su función.

Sin embargo, su papel es esencial para el cumplimiento de las decisiones judiciales y el desarrollo de los procedimientos legales.

El Alguacil Ordinario es un oficial ministerial cuya función principal es notificar actos procesales y ejecutar ciertas decisiones judiciales.

A diferencia del Alguacil de Estrado, que trabaja directamente en las audiencias asistiendo al juez, el Alguacil Ordinario se enfoca 100% en la ejecución de embargos, desalojos, citaciones y otras notificaciones legales.

¿Por qué es el “Patito Feo” del Sistema Judicial?
Porque, a pesar de ser una figura clave para la administración de justicia, su labor es constantemente menospreciada.

Sin los alguaciles ordinarios, muchas decisiones judiciales quedarían sin efecto, ya que son ellos quienes las ejecutan en la práctica.

Sin embargo, la falta de regulación adecuada, la precariedad de sus condiciones laborales y la falta de reconocimiento han relegado su figura a un segundo plano.

A pesar de su rol clave, los alguaciles ordinarios enfrentan numerosas dificultades:

1. No cotizan en el sistema de pensiones: No tienen garantía de una jubilación digna, lo que los obliga a seguir trabajando hasta edades avanzadas o depender de ahorros personales (si los tienen).

2. No tienen seguro de salud: Cualquier enfermedad o accidente corre por su cuenta, dejándolos expuestos a gastos médicos que pueden ser impagables.

3. No tienen seguro de riesgos laborales: A pesar de enfrentar situaciones peligrosas al ejecutar desalojos, embargos y notificaciones, no cuentan con protección en caso de agresiones o accidentes durante el horario laboral. MAXIME QUE SEGÚN LA LEY 821 ART. 87, PARRAFO I ESTABLECE QUE “Los alguaciles ordinarios reemplazarán a los de Estrados cuando sea necesario y estarán sujetos a los mismos requisitos de capacidad y deberes que estos últimos”.

Que aún teniendo todos los deberes y obligaciones que un alguacil de estrado, estos no gozan de los mismos beneficios, convirtiéndose esto en una situación desigual y discriminatoria.

4. Son considerados simples “mensajeros de la justicia”, cuando en realidad su labor implica un profundo conocimiento del derecho procesal y una ejecución correcta de los actos jurídicos.

5. Riesgos en el ejercicio de sus funciones: Muchos enfrentan situaciones peligrosas al ejecutar desalojos o embargos, siendo víctimas de agresiones e incluso amenazas de muerte.

6. Remuneración insuficiente y/o inestable: Sus ingresos dependen en gran medida de los honorarios que reciben por cada acto ejecutado, lo que los deja en una situación económica inestable.

El hecho de que los alguaciles ordinarios sean considerados trabajadores independientes que es el núcleo del problema y aunque su labor es esencial para el sistema judicial, es importante destacar que no están bajo un régimen laboral que les garantice derechos básicos como los de cualquier otro empleado del sector público.

Esta situación contrasta con la de otros servidores judiciales, quienes sí tienen acceso a la seguridad social y a un fondo de pensiones.

Para mejorar la situación de los alguaciles ordinarios, es necesario:
1. Incluirlos en el sistema de seguridad social: Deben tener acceso a un seguro de salud y pensión, ya sea mediante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) o a través de un fondo especial administrado por el Poder Judicial.
2. Regular su estatus laboral: Debe haber una reforma que defina si son empleados públicos o, en su defecto, establecer un sistema que les brinde los mismos beneficios que otros servidores judiciales.
3. Crear un fondo de protección: Un fondo especial para cubrir emergencias médicas, accidentes laborales y compensaciones en casos de agresión durante sus funciones.

El Poder Judicial deben reconocer que los alguaciles ordinarios son una parte vital del sistema judicial y garantizarles derechos laborales básicos.

Sin ellos, la justicia no se materializa, y es inaceptable que quienes hacen cumplir las decisiones judiciales vivan en un estado de desprotección total. Es momento de dignificar su trabajo y otorgarles los beneficios que merecen.

Es hora de reivindicar el papel del Alguacil Ordinario, su función es esencial para la materialización de la justicia, y su labor debe ser recompensada con mejores condiciones laborales. SIN ELLOS, EL SISTEMA SIMPLEMENTE NO FUNCIONARÍA.

La autora es abogada en Infante & Rincón Legal Consulting.
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Uno de los aspectos menos discutidos pero profundamente preocupantes del Poder Judicial dominicano es la precariedad salarial de sus empleados.

Jueces, abogados ayudantes, Secretarios, oficinistas, archivistas, entre otros, enfrentan condiciones económicas que no solo afectan su calidad de vida, sino que también comprometen la integridad y eficiencia del sistema judicial.

En la actualidad, muchos servidores judiciales reciben sueldos que no se corresponden con la responsabilidad y carga laboral que enfrentan.

Por ejemplo, una Secretaria Titular de 1ra Instancia, en la actualidad gana un salario que apenas supera el salario mínimo, mientras que los Jueces de esa misma jerarquía perciben ingresos que, aunque mayores, resultan insuficientes frente al costo de vida y las exigencias de su labor.

Esta situación no solo es injusta, sino que también abre la puerta a prácticas corruptas.

La precariedad económica puede convertirse en un incentivo para aceptar sobornos o participar en actos no éticos, especialmente en un entorno donde las tentaciones son constantes y las oportunidades de mejora salarial son limitadas.

El salario miserable de los empleados judiciales afecta directamente la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos.

La falta de motivación, el estrés financiero y la rotación constante del personal generan un sistema judicial ineficiente y lento.

Además, los bajos salarios dificultan la atracción y retención de talento cualificado, lo que agrava aún más los problemas estructurales del sistema.

Cuando se compara el salario de los empleados judiciales dominicanos con el de sus homólogos en otros países de la región, las cifras son alarmantes.

En países como Costa Rica o Panamá, los jueces y empleados judiciales reciben remuneraciones significativamente más altas, lo que refleja un mayor compromiso con la profesionalización y dignificación de la labor judicial.

Es urgente que su presidente Henry Molina y las autoridades que lo componen, prioricen la dignificación salarial de los empleados del Poder Judicial. .

Esto no solo implica aumentar los sueldos, sino también garantizar condiciones laborales justas.

Un poder judicial fuerte y eficiente comienza con empleados bien remunerados y motivados.

La justicia no puede ser garantizada por un sistema donde quienes la administran luchan diariamente por cubrir sus necesidades básicas.

Si se aspira a un sistema judicial independiente y confiable, es imprescindible comenzar por valorar a quienes lo sostienen desde dentro.

La autora es abogada en Infante & Rincón Legal Consulting
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