Hay una peligrosa tendencia que cada vez se hace más evidente en algunos programas de radio, televisión y plataformas digitales: sus anfitriones han dejado de conformarse con comunicar las noticias y ahora quieren convertirse en la noticia.

El foco ya no está en los hechos, en las investigaciones o en los problemas que afectan a la gente.

El protagonismo lo ocupa el propio comunicador.

Se habla más de quién respondió a quién, de la pelea entre panelistas, de la indirecta lanzada a otro programa o de la polémica fabricada para alimentar el siguiente contenido.

Muchos espacios parecen haber cambiado su razón de ser.

En lugar de informar, explicar o generar un debate útil para la audiencia, se han convertido en escenarios donde los egos compiten por atención.

Cada emisión parece una extensión de la anterior, marcada por ataques, respuestas y nuevos enfrentamientos entre quienes deberían estar concentrados en ejercer su labor periodística o comunicacional.

No se trata de cuestionar el debate ni la diferencia de opiniones. El contraste de ideas es indispensable en una sociedad democrática.

El problema surge cuando el conflicto deja de ser una consecuencia natural del análisis y se convierte en el producto principal del programa.

Cuando la confrontación se planifica porque genera reproducciones, comentarios y tendencias, la comunicación pierde profundidad y se convierte en un simple espectáculo.

Mientras los comunicadores se empeñan en ser el centro de la conversación, muchos temas de interés público quedan relegados.

Problemas que merecen investigación, denuncias que necesitan seguimiento y asuntos que impactan la vida de miles de personas terminan desplazados por discusiones estériles que solo alimentan el ciclo de las redes sociales.

La audiencia no necesita más protagonistas. Necesita periodistas y comunicadores que investiguen, cuestionen, expliquen y aporten contexto.

Necesita profesionales que entiendan que el micrófono no es un escenario para satisfacer el ego, sino una herramienta para servir a la sociedad.

La credibilidad no se construye siendo tendencia por una pelea ni acumulando reproducciones a base de controversias personales.

Se construye con rigor, responsabilidad y respeto por la inteligencia del público.

Quizás ha llegado el momento de recordar una verdad que nunca debería olvidarse: el comunicador no está llamado a ser la noticia. Su misión es contarla.

La libertad de expresión no es un privilegio concedido por el poder; es un derecho que protege a la ciudadanía frente al poder.

Cuando una sociedad comienza a castigar la crítica, a intimidar la denuncia o a sembrar el miedo entre periodistas, comunicadores y ciudadanos por expresar opiniones o revelar hechos de interés público, no solo se silencia una voz: se debilita la democracia.

El nuevo Código Penal dominicano, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto, ha generado una profunda preocupación por disposiciones que muchos consideran una amenaza a ese derecho fundamental.

Defender la libertad de expresión no significa respaldar la difamación ni los abusos; significa garantizar que ninguna ley se convierta en un instrumento para callar preguntas incómodas, investigaciones periodísticas o el legítimo disenso.

Por eso, cualquier norma que pueda generar miedo a opinar, investigar, denunciar o cuestionar a quienes ejercen funciones públicas debe ser motivo de reflexión y debate.

Reitero, no se trata de defender la difamación ni la injuria.

Quien cause un daño a la reputación de otra persona debe responder ante la ley.

La pregunta es otra: ¿por qué sancionar con cárcel expresiones que pueden resolverse mediante mecanismos civiles y proporcionales?

Cuando la amenaza es la prisión, el efecto puede ser el silencio por temor.

Muchos ven en estas disposiciones una verdadera «ley mordaza», un traje a la medida para blindar a los funcionarios públicos frente al escrutinio ciudadano.

Porque si criticar, denunciar o señalar posibles irregularidades puede convertirse en un riesgo penal, el mensaje que se envía es claro: mejor no decir ni pío.

Y una democracia donde los ciudadanos, periodistas y comunicadores temen hablar, preguntar o investigar, deja de respirar con libertad.

El poder debe estar sometido al escrutinio público, no protegido del debate.