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Instituto Duartiano someterá a la justicia a los que usen la bandera sin su escudo

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El Instituto Duartiano rechazó la exhibición de banderas nacionales desprovistas del escudo, propiciadas por entidades que ostentan altas responsabilidades en las instancias del Estado, y lo calificó como uso irracional e inadecuado de los símbolos y emblemas patrióticos.

El presidente de organismo, doctor Wilson Gómez Ramírez, al hablar en un encuentro con directivos, efectuado en la Casa y Museo de Duarte, en la Ciudad Colonial, indicó que “el escudo nacional ha estado presente, desde nuestra primera constitución política de Estado en 1844, en la parte central de nuestra bandera nacional, precisando que el texto supremo que la bandera nacional mercante es la misma nacional, sin el escudo”.

“Por tanto, resulta un uso inadecuado e impropio usar la bandera dominicana desprovista de nuestro escudo en el centro, salvo el uso que se haga en las embarcaciones de carácter mercante, que surcan las aguas jurisdiccionales dominicanas”, expresó.

El presidente del Instituto Duartiano manifestó que preocupa, además, la profusión de uso incorrecto del escudo nacional en todos los estamentos de la vida pública, desde los tres poderes públicos del Estado hasta establecimientos educativos superiores, alcaldías, monumentos, plazas públicas, entre otros.

Gómez Ramírez dijo que “basta decir que en los últimos 90 años a ningún presidente de la República Dominicana se le ha colocado la banda presidencial con el escudo nacional correcto, pese a que el mismo fue oficializado en 1913 y reforzado constitucionalmente, hace 10 años”.

Agregó que “esta tendencia se aparta del propósito enaltecedor que se persigue con la simbología de la patria y constituye una irreverencia y muchas veces un ultraje, figuras de tipo penal que comportan sanciones; en el caso de la irreverencia el artículo 38 de la ley número 210-19, sobre Símbolos Patrios establece la pena de quince a treinta días de prisión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público; se produce este delito cuando se hace uso de una bandera descolorida, raída, sin el escudo estando el tierra firme, con los colores invertidos, entre otros.

Señaló que “cuando la falta contra el lienzo nacional es más grave, como la destrucción o quema en público, pisotearla, usarla para limpiar, etc., entonces se incurre en el delito de ultraje, la pena está contemplada en el artículo 39 de la referida disposición legal y es de uno a tres meses de prisión y multa de cinco a veinte salarios mínimos del sector público”.

“El Instituto Duartiano asume con entereza y el mayor sentido de responsabilidad la obligación que le impone el artículo 47 de la referida ley de símbolos patrios, en cuanto a propiciar campañas públicas de carácter educativo orientadas al buen uso de estos emblemas nacionales”, señaló.

Por último, Gómez Ramírez dijo que “de igual manera cumplirá con el contenido del artículo 48 de la referida disposición legal, y jugará un papel activo para denunciar ante el Ministerio Público la comisión de faltas contra los símbolos patrios, recordando al respecto que esta entidad patriótica no escatimará esfuerzo alguno en aras del más estricto cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional”.

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La JCE realiza primera prueba regional del cómputo electoral

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La Junta Central Electoral (JCE) realizó este sábado la primera prueba regional del cómputo electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo de 2024.

En esta jornada se lograron instalar en el tiempo programado los equipos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos (EDET); escanear las actas de votaciones y transmitir y divulgar los resultados electorales comprobando así la efectividad del proceso y el buen funcionamiento del sistema que se empleará.

La prueba se realizó en 1,700 colegios electorales de 90 demarcaciones en 50 municipios de las 32 provincias del territorio nacional y se involucraron cerca de cinco mil personas, entre las que destacan supervisores de informática y técnicos de soporte, supervisores de elecciones, técnicos de recintos, sustitutos de secretarios, presidentes de colegios, seguridad militar y civil, responsables del cómputo electoral en la JCE y miembros de 50 Juntas Electorales.

Esta primera prueba regional del cómputo electoral de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo contó con la presencia a nivel nacional de los delegados de las organizaciones políticas observando el desarrollo de la prueba.

Johnny Rivera, director nacional de Informática de la JCE y responsable de dirigir la prueba del cómputo electoral, informó que a las 2:30 de la tarde, al concluir el ejercicio en un esquema 360 que puso a prueba en un estrés extremo todo el sistema, se alcanzó el 100 % del ejercicio al procesarse la digitalización, transmisión y cómputo de las 5,100 relaciones de votaciones de los niveles presidencial, senatorial y de diputaciones desde los 1,700 colegios electorales en prueba. También se puso a prueba la eficiencia de la Mesa de Ayuda, responsable de ir dando soluciones a las incidencias que se van presentando.

Rivera resaltó la integración de los delegados de las organizaciones políticas y refirió el trabajo de los auditores del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)/Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), que estuvieron verificando la incorporación al sistema de las recomendaciones de la auditoría realizada por ellos a los EDET.

Pleno de la JCE supervisa prueba del cómputo desde los colegios electorales

Durante toda la mañana los miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral se desplazaron por distintas partes del país para supervisar el montaje y desarrollo de la primera prueba del cómputo electoral con miras a las elecciones del 19 de mayo próximo.

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, recorrió varios recintos en los cuales operaron numerosos colegios de votaciones del Gran Santo Domingo.

Visitó el liceo Víctor Garrido Puello, del barrio Invi, del Distrito Nacional; el liceo Pedro Henríquez Ureña, de La Guáyiga, en Pedro Brand; y los colegios en prueba instalados en el liceo Hermanas Mirabal, de Pantoja, en Los Alcarrizos.

En tanto que la miembro titular Dolores Altagracia Fernández, supervisó la provincia Duarte iniciando su recorrido en el recinto 33, ubicado en el Liceo Secundario Ercilia Pepín, de San Francisco de Macorís, corroborando que el montaje y la transmisión se realizaron de manera exitosa.

Luego se trasladó al recinto electoral 136 al Centro Educativo Camila Henríquez en el Distrito Municipal de Cenoví, donde se realizó la segunda prueba de manera exitosa igualmente en seis colegios electorales.

En la región Este la miembro titular del Pleno de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua, supervisora de la zona Este, recorrió los recintos de San Pedro Macorís, habilitados para la prueba y confirmó que durante la prueba no se registraron fallas en la primera evaluación a los equipos EDET.

En tanto que los miembros titulares Rafael Vallejo Santelises y Samir Chami Isa, estuvieron en desde la sede de la JCE, comprobando la recepción de la transmisión de los resultados de la prueba.

Mientras que a la provincia Santiago de los Caballeros se desplegó una comisión encabezada por Prado López e Hirayda Fernández, miembros suplentes, quienes supervisaron diversos recintos de la zona

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Inician los trabajos de Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria

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La Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria informó que concluyó la primera reunión de trabajo para la habilitación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, cuyo objetivo principal es disminuir la sobrepoblación de la Penitenciaria Nacional de La Victoria, además de dignificar las condiciones de los privados de libertad que se encuentran recluidos en este recinto.

La comisión, creada por el decreto 186-24, está conformada por el Expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, además de los decanos de las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Subero Isa, quien preside la comisión, detalló que no tuvo lugar ninguna objeción para que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) inicie los trabajos de licitación relativos al proyecto de Las Parras, todo esto bajo previa comprobación de los términos de referencia por parte de los miembros.

“Creo que la República Dominicana ha salido ganando con esta decisión, es una muestra más de transparencia y del compromiso que muchos dominicanos tenemos con nuestro país; igualmente valoro este hecho como un paso de avance importantísimo, por lo cual agradezco la buena voluntad y el empeño de cada uno de los comisionados” sostuvo Subero Isa.

Durante la reunión, el titular del MIVED, el Ministro Carlos Bonilla se comprometió a cumplir las decisiones emanadas de la comisión para la habilitación del Centro de Corrección Las Parras e, igualmente, acordó llevar adelante las acciones necesarias para la puesta en marcha de este histórico proyecto.

Sobre la comisión
El Presidente de la República, Luis Abinader, emitió el pasado 5 de abril el decreto 186-24, el cual establece que la comisión colaborará con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto Las Parras, la adecuación de la infraestructura rescatable de La Victoria y otras tareas específicas que le sean asignadas por la Presidencia de la República.

Entre las tareas de la comisión se incluyen la colaboración con las autoridades correspondientes para finalizar los procedimientos legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto penitenciario “Las Parras” y la adecuación de la infraestructura de la penitenciaría nacional de La Victoria, de forma tal que en los mismos existan las condiciones para la corrección, reeducación reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad

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