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Luis Abinader declara bienes por más de 4 mil millones de pesos

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El presidente de la República, Luis Abinader, realizó su declaración jurada de patrimonios, tal como establece la ley, en la cual informó que, junto a su familia, posee bienes ascendentes a 4 mil 177 millones con 25 mil 211 pesos.

La cifra está contenida en su declaración de bienes depositada en la Cámara de Cuentas, entidad en la que fue llevada ayer lunes, un día antes de que se cumpliera el plazo otorgado por el mandatario para que los funcionarios hagan lo propio.

En viviendas, el mandatario declaró poseer un apartamento valorado en RD$35.4 millones; una casa en US$1,339,410.00 y otro apartamento de RD$600.000.00.

La suma de RD$12 millones 692 mil 647 es lo que tiene en vehículos detallados de la siguiente manera: una camioneta Chevrolet de RD$1 millón 167 mil 224; una yipeta Chevrolet Tahoe de RD$1 millón 589 mil 638; dos Ford Escape, cuyo monto es RD$1 millón 618 mil cada una y el automóvil Tesla que adquirió hace poco por US$117,128.32, que equivale a RD$6,699,721, a una tasa de RD$57.20.

En efectos del hogar, la familia Abinader Arbaje declaró que tiene RD$40 millones 950 mil. En electrodomésticos hay RD$14 millones 625 mil; RD$ 2 millones 925 mil en equipos y aparatos audiovisuales y RD$ 23 millones 400 mil en muebles del hogar.

En tanto, en relojes y joyas tiene, conforme al documento, RD$31 millones 5 mil y en obras de artes, como esculturas y pinturas, el monto es de RD$ 15 millones 210 mil.

En bienes de sucesiones y donaciones el jefe de gobierno dijo tener RD$396 millones 352 mil 531 de parte de su padre José Rafael Abinader Wasaf (ya fallecido). De parte de su suegro identificado como Elías Arbaje Farah posee RD$3 millones 267 mil 484.

Cuentas de ahorro
Abinader y su familia poseen en cuentas de ahorros un monto RD$962,838 detallado de la siguiente manera: RD$14,698.34, RD$1,388.32, RD$359, 682.03, RD$431,283.25, RD$155,787.56. Este dinero está depositado en diferentes bancos.

FUENTE: Diario Libre

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Procuraduría dice indaga supuestas irregularidades en allanamiento realizado a oficina de Abel Martínez

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento realizado la mañana de este viernes en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que opera la oficina política delalcalde de esa ciudad.

El inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (DICTCI) y la división Santiago de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El allanamiento se realizó con una orden expedida por Cirilo Salomón, juez de la instrucción de este distrito judicial.

El alcalde Abel Martínez Durán denunció supuestas irregularidades en el procedimiento, una denuncia que busca esclarecer el inspector Medina de los Santos.

El fiscal de Santiago comunicó, luego del allanamiento, que no se trató de una operación en contra de Abel Martínez, como lo reportaron algunos medios informativos y que, aunque el allanamiento se ampara en el Auto No. 00217-2021, de fecha 13-1-2021, no fue dirigido en contra del alcalde.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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