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Estados Unidos resalta su apoyo a República Dominicana en la pandemia

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El gobierno de Estados Unidos resaltó su apoyo y solidaridad hacia República Dominicana para dar respuesta a la pandemia del Covid-19, cuyos aportes ascienden a más de US$12 millones en asistencia.

Dijo que estos recursos no se han limitado a la donación de equipos y suministros médicos y de protección personal, asistencia técnica, educativa y servicios sociales, sino que además parte de los fondos se han destinado a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la protección social de grupos vulnerables, como las personas que viven con VIH y familias de escasos recursos, amenazados ante la crisis por el COVID-19.

Indicó que el Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés) brinda asistencia técnica para maximizar la calidad, cobertura e impacto de la respuesta al VIH/SIDA en la República Dominicana, a través de la oficina de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Según las guías del CDC, las personas que viven con VIH forman parte de los grupos más propensos a enfermarse gravemente a causa del COVID-19 y el riesgo es aún mayor, si no se encuentran bajo un tratamiento eficaz de terapia antirretroviral.

El 24 de marzo de 2020, a menos de una semana de declararse el primer estado de emergencia en la República Dominicana, PEPFAR apoyó al Ministerio de Salud Pública en la redacción e implementación de una directriz clínica para el abastecimiento y la dispensación de medicamentos antirretrovirales (ARV) durante la emergencia del COVID-19.

En el documento se establecieron las recomendaciones necesarias para salvaguardar los derechos de las personas que viven con VIH y asegurar que quienes asistían regularmente a los centros de Servicios de Atención Integral (SAI) del Ministerio de Salud Pública recibieran su terapia de ARV durante todo el período de emergencia. La directriz clínica aprobó la entrega suficiente de ARV para uso durante 3-6 meses y la distribución comunitaria de ARV para evitar las aglomeraciones en los servicios de salud y la exposición innecesaria.

Agrega que debido a la implementación de las medidas para prevenir y erradicar el coronavirus en el país, muchas personas se vieron imposibilitadas de acudir a los SAI para retirar sus medicamentos, PEPFAR propuso acelerar la implementación de los modelos diferenciados para el VIH, particularmente la distribución comunitaria de ARV por un período máximo de seis meses, según la disponibilidad, para aquellos pacientes que no podían asistir a los SAI o que no tenían un familiar o contacto autorizado disponible para recoger los medicamentos.

Así como también apoyar a las autoridades en el proceso de planificación y la gestión de suministros relacionados a la respuesta al VIH/SIDA, incluyendo los ARV.

Mediante la resolución ministerial No. 00003 05-2019, la República Dominicana aprobó la introducción de los modelos diferenciados de atención, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, considerando los nuevos retos que enfrentaba el sistema de salud nacional debido a la pandemia del COVID-19, se utilizó esta oportunidad para promover su implementación y se lograron distribuir medicamentos antirretrovirales, adquiridos por el Gobierno dominicano a través del Servicio Nacional de Salud, a aproximadamente 15,000 personas en distintas provincias, utilizando la modalidad de multi dispensación, ya sea por dos, tres o seis meses continuos.

Señala que en el marco de la asistencia de los EE.UU. a la República Dominicana en respuesta a la pandemia del COVID-19, se incluye el apoyo de PEPFAR en la cadena de suministro y la implementación de los programas de ayuda alimentaria del Gobierno dominicano a través de fondos proporcionados a ONG locales de seguridad alimentaria, canalizados a través de la USAID y los CDC.

Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos informó que ha entregado más de 150 toneladas de alimentos a familias de escasos recursos. Así como también, la distribución de más de 10,000 kits de higiene para la prevención del COVID-19, estos kits contienen artículos como mascarillas y guantes desechables, gel antibacterial, jabón y otros desinfectantes para limpieza de superficies.

Agrega que a través del proyecto ACHIEVE, un modelo comunitario de gestión de casos dirigido a las personas con VIH y sus familias también financiado por PEPFAR, en coordinación con la alianza empresarial Sanar una Nación, se han distribuido más de 60,000 raciones de alimento fortificado a unas 3,000 familias afectadas por el VIH/SIDA, beneficiando de manera directa a aproximadamente 12,000 personas.

«Adicionalmente, se han suministrado paquetes de alimentos de manera bimensual aproximadamente a 5,000 personas que viven con VIH, en situación vulnerable que desde el inicio de la pandemia reciben la terapia ARV directamente en sus comunidades o en los SAI», precisa un comunicado.

En total, los esfuerzos implementados desde ambas agencias del Gobierno estadounidense han beneficiado a miles de personas y familias que viven en comunidades vulnerables del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, Puerto Plata, Pedernales, Valverde, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Vega, San Cristóbal y La Romana.

El Gobierno de los Estados Unidos reconoce que la pandemia del COVID-19 ha afectado con especial gravedad a las personas vulnerables y marginadas en todo el mundo y continúa liderando la respuesta a la pandemia insistiendo en un enfoque basado en la equidad, por lo que sus agencias gubernamentales con presencia en la República Dominicana, han reforzado los proyectos e iniciativas que benefician de manera directa a estas poblaciones.

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La JCE realiza primera prueba regional del cómputo electoral

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La Junta Central Electoral (JCE) realizó este sábado la primera prueba regional del cómputo electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo de 2024.

En esta jornada se lograron instalar en el tiempo programado los equipos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos (EDET); escanear las actas de votaciones y transmitir y divulgar los resultados electorales comprobando así la efectividad del proceso y el buen funcionamiento del sistema que se empleará.

La prueba se realizó en 1,700 colegios electorales de 90 demarcaciones en 50 municipios de las 32 provincias del territorio nacional y se involucraron cerca de cinco mil personas, entre las que destacan supervisores de informática y técnicos de soporte, supervisores de elecciones, técnicos de recintos, sustitutos de secretarios, presidentes de colegios, seguridad militar y civil, responsables del cómputo electoral en la JCE y miembros de 50 Juntas Electorales.

Esta primera prueba regional del cómputo electoral de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo contó con la presencia a nivel nacional de los delegados de las organizaciones políticas observando el desarrollo de la prueba.

Johnny Rivera, director nacional de Informática de la JCE y responsable de dirigir la prueba del cómputo electoral, informó que a las 2:30 de la tarde, al concluir el ejercicio en un esquema 360 que puso a prueba en un estrés extremo todo el sistema, se alcanzó el 100 % del ejercicio al procesarse la digitalización, transmisión y cómputo de las 5,100 relaciones de votaciones de los niveles presidencial, senatorial y de diputaciones desde los 1,700 colegios electorales en prueba. También se puso a prueba la eficiencia de la Mesa de Ayuda, responsable de ir dando soluciones a las incidencias que se van presentando.

Rivera resaltó la integración de los delegados de las organizaciones políticas y refirió el trabajo de los auditores del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)/Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), que estuvieron verificando la incorporación al sistema de las recomendaciones de la auditoría realizada por ellos a los EDET.

Pleno de la JCE supervisa prueba del cómputo desde los colegios electorales

Durante toda la mañana los miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral se desplazaron por distintas partes del país para supervisar el montaje y desarrollo de la primera prueba del cómputo electoral con miras a las elecciones del 19 de mayo próximo.

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, recorrió varios recintos en los cuales operaron numerosos colegios de votaciones del Gran Santo Domingo.

Visitó el liceo Víctor Garrido Puello, del barrio Invi, del Distrito Nacional; el liceo Pedro Henríquez Ureña, de La Guáyiga, en Pedro Brand; y los colegios en prueba instalados en el liceo Hermanas Mirabal, de Pantoja, en Los Alcarrizos.

En tanto que la miembro titular Dolores Altagracia Fernández, supervisó la provincia Duarte iniciando su recorrido en el recinto 33, ubicado en el Liceo Secundario Ercilia Pepín, de San Francisco de Macorís, corroborando que el montaje y la transmisión se realizaron de manera exitosa.

Luego se trasladó al recinto electoral 136 al Centro Educativo Camila Henríquez en el Distrito Municipal de Cenoví, donde se realizó la segunda prueba de manera exitosa igualmente en seis colegios electorales.

En la región Este la miembro titular del Pleno de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua, supervisora de la zona Este, recorrió los recintos de San Pedro Macorís, habilitados para la prueba y confirmó que durante la prueba no se registraron fallas en la primera evaluación a los equipos EDET.

En tanto que los miembros titulares Rafael Vallejo Santelises y Samir Chami Isa, estuvieron en desde la sede de la JCE, comprobando la recepción de la transmisión de los resultados de la prueba.

Mientras que a la provincia Santiago de los Caballeros se desplegó una comisión encabezada por Prado López e Hirayda Fernández, miembros suplentes, quienes supervisaron diversos recintos de la zona

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Inician los trabajos de Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria

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La Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria informó que concluyó la primera reunión de trabajo para la habilitación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, cuyo objetivo principal es disminuir la sobrepoblación de la Penitenciaria Nacional de La Victoria, además de dignificar las condiciones de los privados de libertad que se encuentran recluidos en este recinto.

La comisión, creada por el decreto 186-24, está conformada por el Expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, además de los decanos de las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Subero Isa, quien preside la comisión, detalló que no tuvo lugar ninguna objeción para que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) inicie los trabajos de licitación relativos al proyecto de Las Parras, todo esto bajo previa comprobación de los términos de referencia por parte de los miembros.

“Creo que la República Dominicana ha salido ganando con esta decisión, es una muestra más de transparencia y del compromiso que muchos dominicanos tenemos con nuestro país; igualmente valoro este hecho como un paso de avance importantísimo, por lo cual agradezco la buena voluntad y el empeño de cada uno de los comisionados” sostuvo Subero Isa.

Durante la reunión, el titular del MIVED, el Ministro Carlos Bonilla se comprometió a cumplir las decisiones emanadas de la comisión para la habilitación del Centro de Corrección Las Parras e, igualmente, acordó llevar adelante las acciones necesarias para la puesta en marcha de este histórico proyecto.

Sobre la comisión
El Presidente de la República, Luis Abinader, emitió el pasado 5 de abril el decreto 186-24, el cual establece que la comisión colaborará con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto Las Parras, la adecuación de la infraestructura rescatable de La Victoria y otras tareas específicas que le sean asignadas por la Presidencia de la República.

Entre las tareas de la comisión se incluyen la colaboración con las autoridades correspondientes para finalizar los procedimientos legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto penitenciario “Las Parras” y la adecuación de la infraestructura de la penitenciaría nacional de La Victoria, de forma tal que en los mismos existan las condiciones para la corrección, reeducación reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad

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