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Camacho sobre caso Coral: Tribunal pretende que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función

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“Este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”, lamentó el procurador adjunto Wilson Camacho al referirse a las decisiones judiciales que favorecen a acusados de sustraer fondos de los contribuyentes de distintas entidades del Estado.

Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, de disponer el cese de la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.

“Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función”, dijo. Pero, “eso no va a pasar”, añadió.

Precisó que, a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.

“Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones. Nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos investigando, no vamos a hacer otra cosa que no sea cumplir con el mandato de la ley”, dijo.

“El que en nuestros procesos haya violado la ley, se sentará en el banquillo de los acusados, independientemente de estos mensajes que pretenden que el Ministerio Público, repito, ejerza de manera irresponsable sus funciones”, enfatizó Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubren la fuente judicial.

Puntualizó la incoherencia de la decisión de la jueza, al indicar que “el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que en un caso muy complejo en consecuencia, necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones”.

Para explicar la complejidad de la labor que realiza el órgano de justicia en estos casos, el procurador adjunto sostuvo que para “procesar a 17 empresas, muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados”.

Camacho, quien estuvo acompañado en audiencia por los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemus y Jonathan Pérez, fue enérgico al criticar la protección que se brinda en los tribunales a los imputados por corrupción.

Recordó que a los acusados se les otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del Ministerio Público.

“Pero ahora el culpable es el Ministerio Público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Ahora bien, nosotros vamos a seguir con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todo el que tengamos evidencia de que ha violado la ley”, añadió.

Al favorecer a los imputados con la variación de la coerción, la jueza Rivas dispuso prisión domiciliaria para el general Cáceres y Nuñez de Aza. Además, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.

A Guzmán le estableió arresto domiciliario, impedimento de salida, la colocación de un grillete electrónico y una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía.

Mientras a Flete le fue colocado impedimento de salida, arresto domiciliario y un grillete electrónico.

El caso de Carmen Magalys Medina Sánchez
Al ser cuestionado sobre la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ordenó retirar los grilletes electrónicos a Carmen Magalys Medina Sánchez, imputada en el caso Pulpo, Camacho señaló que la prisión domiciliaria que pesa sobre ella, permitirá que siga presente en los demás actos del proceso.

Sin embargo, recordó que la imputada Medina Sánchez ha sido una imputada amenazante e insultante al Ministerio Público en los tribunales.

“Esta es la forma en la que se le responde desde el Poder Judicial”, deploró.

“En el caso de Magalys Medina, que es una acusada del caso Pulpo, seguirá con su medida de coerción de arresto domiciliario, por ende, nosotros entendemos que esa medida de coerción permitirá que siga presente en los demás actos del proceso”, dijo.

“Lo curioso es, que a este tipo de imputado, que han tenido comportamientos amenazantes en los tribunales e insultantes contra el Ministerio Público, esta es la forma en la que se le responde del Poder Judicial”, dijo.

Via Listin Diario

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El nuevo Código Penal castigaría a policías por revisiones injustificadas y arrestos ilegales

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Los agentes policiales estarán sometidos a mano dura por la justicia si se aprueba el proyecto del nuevo Código Penal que cursa en el Congreso.

La iniciativa, que ya ha agotado sus primeros pasos de aprobación en el Senado, impone sanciones contra los oficiales de la Policía Nacional si arrestan a ciudadanos ilegalmente, si revisan vehículos de forma injustificada, si se niegan a la grabación de un apresamiento o si maltratan o torturan a un arrestado.

Las penas, que varían de acuerdo al delito que cometa el agente, buscan evitar los abusos de poder y los maltratos de los policías a los ciudadanos, siempre que se demuestre la ilegalidad en las acciones, según lo que establece el proyecto aprobado en el Senado en primera discusión.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la penalización de la revisión injustificada de vehículos de motor.

El artículo 293 sanciona con prisión de quince días a un año a todo agente policial, militar o funcionario que revise un vehículo sin orden judicial, sin causa probable, fuera de las disposiciones que autoriza la ley y en contra de la voluntad del conductor.

Si en la revisión hay uso de fuerza, daños al vehículo o lesiones personales, la pena propuesta aumenta hasta dos años de prisión y una multa de tres a seis salarios mínimos.

La reforma a la legislación traería una novedad al Código Penal vigente en el país, que no sanciona ni castiga las revisiones injustificadas.

Arresto ilegal
El artículo 167 del proyecto castiga con dos a tres años de prisión a los policías que arresten, detengan o encierren a una persona sin que exista un motivo legal, como lo establece el Código Procesal Penal, que solo permite estas detenciones en caso de flagrante delito o por mandato judicial.

La pena propuesta aumenta de 20 a 30 años de cárcel si, durante el arresto, se causa daño se cometen actos de tortura y tratos crueles.

Estas disposiciones refuerzan sanciones que ya están contempladas en el Código Penal vigente.

El artículo 114 actual establece un castigo denominado como «degradación cívica» y también se reconoce el derecho del afectado a reclamar una indemnización.

Impedir grabaciones
El nuevo proyecto también penaliza a los agentes que impidan a los ciudadanos grabar un arresto, un registro o un allanamiento.

El artículo 292 establece una pena de quince días a un año de prisión y multa de una a dos veces el salario del agente.

El proyecto que ya aprobaron los senadores sigue poniendo mano dura a los agentes y en su artículo 291 establece sanciones de hasta un año de prisión a quien niegue a un detenido el derecho de llamar a un familiar, abogado o persona de confianza.

Además, el artículo 173 penaliza con uno a dos años de prisión y destitución del cargo a la autoridad que, tras apresar a un menor, no comunique el hecho en un plazo de dos horas a la familia y al juez competente.

Ambas disposiciones no tienen una sanción específica actual en el Código Penal actual, aunque la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Procesal Penal contienen mandatos sobre el trato adecuado a menores y personas detenidas.

Otros cambios
La iniciativa del Código Penal que estudió una comisión congresual también introduce cambios en el delito de la violación sexual, para la que se aumentan las penas máximas de 15 a 20 años de prisión y se incluyen agravantes que aumentarían la sanción si la infracción se comete contra los niños o si la víctima muere en el acto.

Además, la pieza aprobada contempla todo un capítulo para la corrupción administrativa con prisión que llega hasta los 20 años, a diferencia de la legislación vigente que no castiga meramente la corrupción, sino que impone sanciones por soborno o concusión, con penas que solo alcanzan los 10 años de cárcel.

Asimismo, el código vigente establece que la pena máxima para cualquier delito es de 30 años de cárcel, pero la nueva pieza que se mueve en el Congreso aumenta la sanción máxima a 40 años, con cúmulos de penas que pueden llegar hasta los 60 años.

Los acuerdos sostenidos en el Congreso también permitieron que se incluya el feminicidio como un delito.

El actual Código Penal que se usa en el país no condena los feminicidios, pero el nuevo proyecto congresual lo incluye con consecuencias de hasta 40 años de cárcel.

De acuerdo con el informe, el nuevo Código Penal incluirá la sanción de nuevos delitos como el sicariato, el genocidio, el hostigamiento, la actividad sexual no consentida, el daño con sustancias nocivas, la sobrevaluación de obras, la tortura, el arresto ilegal, la corrupción administrativa, infracciones por medios digitales, negocios piramidales y el bullying.

Tras una aprobación en primera lectura en el Senado, el proyecto de ley orgánica del Código Penal ahora queda pendiente para una segunda discusión.

Luego irá a la Cámara de Diputados para el mismo proceso y posteriormente se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

FUENTE: Diario Libre

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El Metro de SD suspende servicio desde hoy en estas cinco estaciones

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Desde de este miércoles 16 hasta el domingo 20 de julio estará suspendido el servicio de cinco estaciones del Metro de Santo Domingo, según informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Las estaciones están comprendidas entre la Mamá Tingó hasta la Hermanas Mirabal, en Villa Mella.

La institución detalló que del miércoles 16 al viernes 18 de julio, el servicio permanecerá interrumpido entre las estaciones José Francisco Peña Gómez, ubicada en el sector Los Guaricanos y Mamá Tingó, en Villa Mella. Mientras que el sábado 19 y el domingo 20, la suspensión abarcará el tramo comprendido entre las estaciones Hermanas Mirabal, cercana al Parque Mirador Norte, y Mamá Tingó.

Esta suspensión es debida a los trabajos finales para ampliar la capacidad de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo y permitir la circulación de trenes de seis vagones.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, la OPRET detalló que contará con el apoyo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para ofrecer unidades gratuitas cubriendo el trayecto entre Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, en ambos sentidos.

Asimismo, la institución agregó que durante la suspensión, las estaciones afectadas permanecerán abiertas para la venta y recarga de tarjetas, a fin de evitar acumulaciones y largas filas una vez reanudado el servicio.

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