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Camacho sobre caso Coral: Tribunal pretende que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función
“Este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”, lamentó el procurador adjunto Wilson Camacho al referirse a las decisiones judiciales que favorecen a acusados de sustraer fondos de los contribuyentes de distintas entidades del Estado.
Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, de disponer el cese de la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.
“Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función”, dijo. Pero, “eso no va a pasar”, añadió.
Precisó que, a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.
“Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones. Nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos investigando, no vamos a hacer otra cosa que no sea cumplir con el mandato de la ley”, dijo.
“El que en nuestros procesos haya violado la ley, se sentará en el banquillo de los acusados, independientemente de estos mensajes que pretenden que el Ministerio Público, repito, ejerza de manera irresponsable sus funciones”, enfatizó Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubren la fuente judicial.
Puntualizó la incoherencia de la decisión de la jueza, al indicar que “el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que en un caso muy complejo en consecuencia, necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones”.
Para explicar la complejidad de la labor que realiza el órgano de justicia en estos casos, el procurador adjunto sostuvo que para “procesar a 17 empresas, muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados”.
Camacho, quien estuvo acompañado en audiencia por los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemus y Jonathan Pérez, fue enérgico al criticar la protección que se brinda en los tribunales a los imputados por corrupción.
Recordó que a los acusados se les otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del Ministerio Público.
“Pero ahora el culpable es el Ministerio Público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Ahora bien, nosotros vamos a seguir con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todo el que tengamos evidencia de que ha violado la ley”, añadió.
Al favorecer a los imputados con la variación de la coerción, la jueza Rivas dispuso prisión domiciliaria para el general Cáceres y Nuñez de Aza. Además, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
A Guzmán le estableió arresto domiciliario, impedimento de salida, la colocación de un grillete electrónico y una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía.
Mientras a Flete le fue colocado impedimento de salida, arresto domiciliario y un grillete electrónico.
El caso de Carmen Magalys Medina Sánchez
Al ser cuestionado sobre la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ordenó retirar los grilletes electrónicos a Carmen Magalys Medina Sánchez, imputada en el caso Pulpo, Camacho señaló que la prisión domiciliaria que pesa sobre ella, permitirá que siga presente en los demás actos del proceso.
Sin embargo, recordó que la imputada Medina Sánchez ha sido una imputada amenazante e insultante al Ministerio Público en los tribunales.
“Esta es la forma en la que se le responde desde el Poder Judicial”, deploró.
“En el caso de Magalys Medina, que es una acusada del caso Pulpo, seguirá con su medida de coerción de arresto domiciliario, por ende, nosotros entendemos que esa medida de coerción permitirá que siga presente en los demás actos del proceso”, dijo.
“Lo curioso es, que a este tipo de imputado, que han tenido comportamientos amenazantes en los tribunales e insultantes contra el Ministerio Público, esta es la forma en la que se le responde del Poder Judicial”, dijo.
Via Listin Diario
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Mujer muere durante sesión de tatuaje tras recibir sedación en su vivienda
Lo que estaba previsto como una sesión de tatuaje a domicilio terminó con la muerte de Yenifer García, de 33 años, quien falleció el pasado 15 de agosto mientras se realizaba la tercera jornada de un tatuaje en la espalda y parte de los glúteos.
De acuerdo con versiones recogidas por medios colombianos, García había soportado las dos primeras sesiones sin medicamentos, pero para esta ocasión decidió recibir algún tipo de anestesia debido al dolor que implicaba el procedimiento.
Sedación intravenosa durante el tatuaje
La mañana del 15 de agosto, el tatuador llegó a la vivienda acompañado de un hombre que se presentó como anestesiólogo. Ambos llevaban una camilla, oxígeno y otros insumos médicos.
Sin embargo, lo que inicialmente habría sido presentado como anestesia local terminó con la aplicación de sedación intravenosa. Una de las hijas de García contó a Caracol Radio que le dijeron que permanecería despierta durante el procedimiento.
Según el relato familiar, la mujer comenzó a quedarse dormida mientras avanzaba la sesión. Al notar que su estado empeoraba, su hija llamó a los servicios de emergencia, cuyos operadores indicaron a las personas presentes que realizaran maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos médicos.
Después del fallecimiento, los familiares encontraron en la vivienda una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum, cuyo principio activo es midazolam, una jeringa marcada con esa sustancia, un polvo para preparar una solución inyectable y un tapón de heparina.
El esposo de la víctima, Jonathan Cantor, relató que, durante la emergencia, una profesional de la salud preguntó qué medicamentos habían sido suministrados. Según su versión, el acompañante del tatuador habría mencionado una dosis inicial de ketamina, otra adicional y otros medicamentos.
La familia también cuestionó el tipo de sustancias utilizadas y pidió que se determine, mediante la investigación, qué medicamentos recibió García, en qué cantidades y bajo qué condiciones.
Verificación del supuesto anestesiólogo
Uno de los principales puntos de la investigación es la identidad y formación de la persona que administró la sedación.
La Secretaría de Salud de Bogotá verificó su registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud y estableció que no aparece como anestesiólogo, sino como técnico laboral auxiliar de enfermería.
Las autoridades deberán determinar si estaba legalmente facultado para administrar los medicamentos utilizados durante el procedimiento y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte de la mujer.
Claudia García, hermana de Yenifer, explicó a Caracol Radio que su familiar aceptó recibir el servicio de sedación porque una amiga le recomendó a la persona que lo ofrecía.
Según su relato, el hombre habría aplicado medicamentos en varias ocasiones durante la sesión, cada vez que García manifestaba que todavía sentía dolor.
Yenifer García tenía tres hijos, de 19, 14 y 10 años, y trabajaba en labores relacionadas con la costura.
La mujer llevaba más de dos décadas de relación con el padre de sus hijos y tenía previsto viajar el próximo mes a San Andrés, junto a su familia, para celebrar los 15 años de su hija.
La investigación busca establecer las causas exactas de la muerte, los medicamentos administrados y las circunstancias en las que se realizó la sedación durante la sesión de tatuaje.
Noticias SIN
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Migración demanda por RD$50 millones al dueño de tienda Mudan
La Dirección General de Migración (DGM) mantiene una demanda por RD$50 millones contra el empresario Po Xie, propietario de la tienda Mudan, por un incidente ocurrido durante un operativo de control migratorio realizado en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional.
De acuerdo a Julio Ernesto Heredia, en Noticias SIN, la institución acusa al comerciante de presuntamente interferir en las labores que desarrollaban sus agentes y de participar en agresiones contra miembros del personal de Migración.
Reclaman indemnización por daños y perjuicios
Como consecuencia del incidente, la DGM reclama una indemnización de RD$50 millones por concepto de daños y perjuicios que, según sostiene la institución, habrían sido ocasionados durante el conflicto.
Las acusaciones forman parte de un proceso que se encuentra actualmente en los tribunales, por lo que corresponderá a la justicia determinar la veracidad de los señalamientos y las eventuales responsabilidades de las partes involucradas.
El caso todavía no llega al juicio de fondo
El expediente se encuentra en una etapa previa al conocimiento del juicio de fondo. Durante ese proceso deberán ser presentadas y evaluadas las pruebas, así como los argumentos de la Dirección General de Migración y de la defensa del empresario.
Hasta el momento no existe una condena judicial contra Po Xie por estos hechos. Los señalamientos realizados por Migración constituyen alegaciones dentro del proceso que deberán ser demostradas ante el tribunal correspondiente.
El caso ha generado atención debido tanto al monto de la indemnización reclamada como a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento durante el operativo migratorio realizado en una de las principales zonas comerciales de la capital
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