Un anteproyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar que prohibiría la venta de comida chatarra o ultraprocesada en centros de estudios públicos y privados y en sus alrededores para promover hábitos alimenticios saludables desde las aulas, fue llevado a la Cámara de Diputados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao, por sus siglas en inglés).

La propuesta también apuesta a que la cocción de los alimentos dirigido a la población estudiantil del sector público se realice en cocinas dentro de las escuelas de manera progresiva.

De ser aprobada esta normativa, quedarán prohibidas por ley las cafeterías en las escuelas, así como la venta de alimentos en el entorno de 500 metros de los centros educativos.

Mientras que los colegios privados que dispongan de cafeterías, casetas o vendedores particulares, deberán supervisar los productos que son consumidos por los estudiantes para garantizar la prohibición de venta de productos ultra procesados y bebidas azucaradas.

Asimismo, estaría prohibida la promoción de alimentos y bebidas que no sean saludables para la niñez y adolescencia en el entorno escolar.

La iniciativa fue entregada a una comisión de diputados perteneciente al Frente Parlamentario contra el Hambre, encabezados por la legisladora Soraya Suárez que lo someterá a la consideración de las cámaras legislativas.

El director del Inabie, Víctor Castro, explicó que existe un clamor de que los alimentos se cocinen en los centros educativos y en ese sentido respalda que mediante ley se establezca que suplidores cocinen en las escuelas, de acuerdo con los menús establecidos por el equipo de especialistas del Inabie.

La propuesta establece que en el caso de que las condiciones del centro educativo no permitan una instalación de cocina, que sean elaborados en establecimientos que no estén a una distancia superior a mil metros de éste, todo esto con la finalidad de prevenir cualquier riesgo de contaminación y enfermedades transmitidas por alimentos.

También el anteproyecto de ley promueve la integración de la agricultura familiar al Programa de Alimentación Escolar y la integración de productores locales y con esto se establecería una política de Estado para regular el tema y así poder tener mayor garantía de lo servido.

Al hablar sobre la iniciativa legislativa, la diputada Soraya Suárez destacó que esta pieza posiblemente sea una de las más importantes en ser introducidas en este período porque beneficiará a los estudiantes que son quienes dirigirán el país.

En la comisión que hizo la entrega estuvo Mariella Ortega y Guadalupe Valdez en presentación de la FAO, así como la consultora Dorina López, quienes participaron en la elaboración de la propuesta.

Por el Inabie estuvo la doctora Ana Carolina Báez, directora de Formulación y Evaluación Nutricional y el director de Planificación Gerard de Los Santos.

Novedades de la pieza
El anteproyecto, que será sometido por la diputada Suárez, también busca que el Estado priorice las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable gratis y permanente en los planteles escolares.

Igualmente, prohíbe la venta de comida chatarra o ultraprocesada en centros públicos y privados y en sus alrededores para promover hábitos alimenticios saludables desde las aulas.

La Ley de Alimentación es fruto del extenso trabajo participativo de representantes del Inabie, la Fao, el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros), entre otras entidades, así como las consultas a más de una veintena de actores clave en territorio nacional, del área de agricultura, salud, educación, nutrición, compras y contrataciones y líderes de organizaciones de la sociedad civil, así como leyes dominicanas y extranjeras en materia de alimentación escolar.

El anteproyecto entregado a la Cámara de Diputados consta de 105 artículos y seis capítulos con los que se busca dotar a la República Dominicana de una ley que garantice los derechos de los estudiantes del sistema público y privado en materia de alimentación y nutrición.

El ámbito de aplicación de la normativa solo excluye a los colegios privados en lo referente a las disposiciones y requerimientos sobre el Programa de Alimentación Escolar que se entrega únicamente en centros públicos habilitados por el Ministerio de Educación.