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Dictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora
La coordinadora general queda en libertad pura y simple; Ministerio Público apelará
La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.
Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.
En el caso de la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.
La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.
“Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido”, explicó.
No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho
Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.
Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.
“Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso”, dijo Fermín.
El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.
“Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido”, expresó.
Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.
La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución “no está conforme con la decisión” y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.
“Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente”, declaró.
Vía Diario Libre
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Caso Senasa: Juez se reserva para este domingo fallo sobre medidas de coerción
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para este domingo, a las 6:00 de la tarde, la decisión sobre las medidas de coerción solicitadas contra los imputados en el caso Senasa, tras concluir la audiencia de conocimiento.
La decisión fue anunciada luego de una extensa jornada judicial que se prolongó por más de 12 horas, durante la cual el Ministerio Público concluyó la presentación de sus argumentos ante el tribunal.
La exposición estuvo a cargo de los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes detallaron los elementos que, según sostienen, comprometen la responsabilidad penal de los acusados.
Posteriormente, las defensas de los imputados hicieron uso de la palabra para responder a las acusaciones y presentar sus objeciones a la solicitud de medidas.
Operación Cobra
El Ministerio Público informó el pasado fin de semana el lanzamiento de la denominada “operación Cobra”, una investigación que busca esclarecer la presunta sustracción de fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Como parte de este operativo, las autoridades realizaron alrededor de una docena de allanamientos simultáneos, con la participación de más de 20 fiscales y aproximadamente 200 agentes policiales.
Entre los implicados figuran Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa entre 2020 y 2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución en el mismo período; y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del organismo.
También están vinculados al proceso Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud de Senasa; Ramón Alan Speakler Mateo, empleado de la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S. A.
La lista de imputados incluye además a Cinty Acosta Sención, gerente de Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó a las autoridades la tarde del martes 8 de noviembre; y Heidi Mariela Pineda.
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Dos imputados caso Senasa comerán lechón en su casa en Nochebuena
Ministerio Público pide variar a arresto domiciliario la medida de coerción para Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
El Ministerio Público solicitó al juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, variar su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Senasa, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
Los fiscales ahora están solicitando arresto domiciliario, garantía económica de millón de peso, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos.
Previamente, el Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de Read Estrella y Pineda.
Durante el pasado jueves, la defensa de Read Estrella, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y José Pablo Ortiz Giráldez, también conocido como «El Gordo».
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
Igualmente, Pineda admitió su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó a colaborar con las autoridades en el caso del Senasa.
El caso
El Ministerio Público anunció durante el fin de semana pasado la puesta en marcha de la denominada «operación Cobra», en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Este operativo conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales.
Hasta el momento los implicados en este caso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.
También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.
Conforme a los fiscales al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Vía Listín Diario
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