La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 12 meses de prisión preventiva contra Ángel del Pino Cuya, ciudadano peruano acusado de provocar una falsa alarma de bomba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero.

La medida, solicitada por el Ministerio Público, deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras tras la investigación ser declarada compleja.

El fiscal Andrés Mena indicó que la jueza Karen Minyeti acogió las pruebas presentadas al tratarse de una amenaza de bomba que resultó ser falsa y activó los protocolos de seguridad aérea de alcance nacional e internacional.

“El juez determinó que existen elementos suficientes que vinculan al imputado con los hechos y que justifican la imposición de la prisión preventiva”, indicó el representante del Ministerio Público.

Entre las pruebas presentadas figura el teléfono celular desde el cual se realizó la llamada que generó el aviso, evidencia que fue ocupada e incorporada al expediente acusatorio.

La investigación permanece abierta para establecer las circunstancias que rodearon el hecho.

Ángel del Pino Cuya, acusado de provocar una falsa alarma de bomba en el AILA, a su llegada al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)
Tras venir al país a pasar unas vacaciones, Angel del Pino decidió quedarse en el país, y ya lleva dos años y medio residiendo en República Dominicana.

Además laboraba en el entorno de aeropuertos, manifestó el fiscal.

Defensa rechaza medida
Por su parte, el abogado Rafael Lalane, defensa de Del Pino Cuya, calificó como desproporcionada la decisión del tribunal de imponer un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo.

“Desproporcionada apostando a la buena justicia y presunción de inocencia. La investigación puede continuar sin una medida tan agraviosa”, expresó.

Calificación jurídica
El Ministerio Público calificó los hechos como una violación a la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y a la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que contemplan penas de tres a 40 años de prisión, al tratarse de una conducta que afecta infraestructura crítica y la seguridad nacional.

Según la solicitud de coerción, el hecho ocurrió el 6 de enero de 2026, cuando el imputado realizó una llamada a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, que ya se encontraba en el aire con pasajeros y tripulación.

La advertencia obligó al retorno de la aeronave, a una inspección de seguridad y al desvío de otros vuelos hacia diferentes terminales del país, provocando la interrupción temporal de las operaciones del AILA.

El imputado fue arrestado el pasado 22 de enero en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, aunque con impacto directo en la operatividad aeroportuaria y la seguridad del transporte aéreo.

Vía Diario Libre

Miguel Valerio el abogado del doctor Santiago Hazim, dijo que su defendido padece esclerosis múltiple y ha experimentado una pérdida de peso de entre 70 y 80 libras mientras permanece privado de libertad, situación que, según indicó, fue comprobada mediante una resolución emitida por el juez de primer grado.

Valerio anunció la interposición de un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta a Hazim.

Señaló que el juez de la instrucción reconoció la condición médica del imputado y explicó que, en su momento, una junta médica evaluará formalmente su estado de salud para confirmar lo que ha sido planteado por la defensa.

El jurista indicó que la apelación presentada incluye una excepción de inconstitucionalidad, al considerar que la prisión preventiva resulta irracional y desproporcionada.

Defensa cuestiona fundamentos y solicita revisión de medida
En ese sentido, sostuvo que la ley establece revisiones periódicas de la medida y que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre los límites de la prisión preventiva, lo cual, afirmó, deberá ser tomado en cuenta por la Corte.

Valerio también cuestionó los fundamentos de la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva, al señalar que, a su juicio, no se abordaron aspectos como el peligro de fuga ni la posible destrucción de pruebas.

Indicó que la motivación de la decisión se apoyó en elementos ajenos al marco legal, lo cual, dijo, ha sido señalado por la defensa como una irregularidad.

El abogado manifestó que la defensa espera que la Corte varíe la medida de coerción impuesta al doctor Hazim, al entender que la resolución recurrida es nula y contraria a los principios del Estado de derecho.

Además precisó que el recurso presentado plantea la necesidad de revisar tanto el tiempo de la medida como su proporcionalidad, conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional.