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RD: Hay 878 armas de guerra de manos de los civiles
Al menos 878 fusiles, 55,360 escopetas y 165,315 armas cortas están en poder de la población civil dominicana, con un número de 300,000 de estos artefactos en condición ilícita, según revela en su portal GunPolicy.org, un ente internacional que proporciona inteligencia basada en evidencias a través de una variedad de fuentes oficiales y académicas del mundo.
Estas cifras, indica el medio, colocan al país en una situación desfavorable en la clasificación mundial porque, al comparar esos números con el total de armas de fuego en particulares en 178 países, lo inscribe con el número 85.
Los fusiles son armas de fuego portátiles, de cañón largo, que disparan balas de largo alcance, siendo creada con propósitos ofensivos. Es la más utilizada en los ejércitos.
Las armas de fuego han sido el medio causante de la muerte de 20,445 personas durante los últimos 15 años en República Dominicana.
GunPolicy.org, que es accesible para publicaciones en internet sobre la violencia armada, la ley de armas de fuego y el control de armas, escribe que la tenencia privada de armas automáticas de asalto está prohibida aquí y la tenencia privada de pistolas y revólveres solo está permitida bajo licencia.
Subraya que la tenencia civil de fusiles/rifles y escopetas está regulada por la ley en República Dominicana y que la pena máxima que rige en el país por posesión ilegal de armas de fuego es de 2 años de prisión y una multa.
La legislación sobre su control incluye la Ley No. 36 de 1965 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, su reglamento, la Resolución 02-06, y la Resolución 01-07, sobre las Armerías e Importación de Armas y Municiones.
Psicólogos tratan el problema
En un estudio titulado “Los efectos del armamentismo en República Dominicana”, los psicólogos Mayra Brea de Cabral y Edylberto Cabral plantean que el problema de las armas de fuego en la población civil se recrudeció a partir del año 2000, constituyendo hoy “un factor de riesgo y una de las fuentes de abastecimiento del tráfico ilegal existente”.
Asimismo, exponen que la evolución de armas legales en la población civil al pasar de 30,516 armas debidamente registradas en el año 2000 a un volumen de 206,707 en el año 2011.
Fuente: Listín Diario
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
