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RD: Hay 878 armas de guerra de manos de los civiles

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Al menos 878 fusiles, 55,360 escopetas y 165,315 armas cortas están en poder de la población civil dominicana, con un número de 300,000 de estos artefactos en condición ilícita, según revela en su portal GunPolicy.org, un ente internacional que proporciona inteligencia basada en evidencias a través de una variedad de fuentes oficiales y académicas del mundo.

Estas cifras, indica el medio, colocan al país en una situación desfavorable en la clasificación mundial porque, al comparar esos números con el total de armas de fuego en particulares en 178 países, lo inscribe con el número 85.

Los fusiles son armas de fuego portátiles, de cañón largo, que disparan balas de largo alcance, siendo creada con propósitos ofensivos. Es la más utilizada en los ejércitos.

Las armas de fuego han sido el medio causante de la muerte de 20,445 personas durante los últimos 15 años en República Dominicana.

GunPolicy.org, que es accesible para publicaciones en internet sobre la violencia armada, la ley de armas de fuego y el control de armas, escribe que la tenencia privada de armas automáticas de asalto está prohibida aquí y la tenencia privada de pistolas y revólveres solo está permitida bajo licencia.

Subraya que la tenencia civil de fusiles/rifles y escopetas está regulada por la ley en República Dominicana y que la pena máxima que rige en el país por posesión ilegal de armas de fuego es de 2 años de prisión y una multa.

La legislación sobre su control incluye la Ley No. 36 de 1965 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, su reglamento, la Resolución 02-06, y la Resolución 01-07, sobre las Armerías e Importación de Armas y Municiones.

Psicólogos tratan el problema
En un estudio titulado “Los efectos del armamentismo en República Dominicana”, los psicólogos Mayra Brea de Cabral y Edylberto Cabral plantean que el problema de las armas de fuego en la población civil se recrudeció a partir del año 2000, constituyendo hoy “un factor de riesgo y una de las fuentes de abastecimiento del tráfico ilegal existente”.

Asimismo, exponen que la evolución de armas legales en la población civil al pasar de 30,516 armas debidamente registradas en el año 2000 a un volumen de 206,707 en el año 2011.

Fuente: Listín Diario

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

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Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.

“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.

“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.

El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.

“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.

Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.

Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud

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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.

La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.

Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».

Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.

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