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Fin del circo: Agente de Amet y la fiscal cristiana concilian

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Richardson Saba Núñez y la fiscal Sourelly Jáquez se disculparon mutuamente.

La Fiscalía del Distrito Nacional informó este martes que la procuradora fiscal de la Corte de Apelación, Sourelly Jáquez, y el agente de la Amet, Richardson Saba Núñez, conciliaron el caso surgido el pasado 10 de agosto en la avenida Enriquillo, en el contexto de una infracción de la Ley de Tránsito.

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, acogió el acuerdo y dijo que en virtud del mismo procedería al archivo definitivo del caso, en conformidad a lo que establece el artículo 281, inciso octavo, del Código procesal penal.

En una rueda de prensa celebrada en el quinto piso del edificio del Ministerio Público, Jáquez y Saba Núñez admitieron que ambos cometieron faltas.

El agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte lamentó que su familia tenga que ver este tipo de acciones y admitió que de manera involuntaria agredió a la magistrada Jáquez.

De su lado, la fiscal admitió que cometió una infracción de tránsito y que actuó de manera incorrecta, por lo que pagará la multa y pidió disculpa a la sociedad.

“Reitero mis disculpas al pueblo dominicano y a la Autoridad Metropolitana de Transporte, ya que el que me conoce y sabe mi trayectoria y de mi integridad y honestidad, sin embargo, como ser humano no soy perfecta e intento cada día ser mejor”, expresó la fiscal.

Yeni Berinece Reynoso ordenó la puesta en libertad inmediata del agente Saba, acorde con lo que indica el procedimiento legal.

Incidente
Al agente de la Autoridad Metropolitana del Trasporte (Amet) le había sido dictada prisión preventiva como medida de coerción, luego que protagonizara un incidente con la procuradora fiscal que estaba mal parqueada en la avenida Anacaona del Distrito Nacional.

Según se puede apreciar en un video que circula en las redes sociales, Saba Núñez, le pidió a la dama su licencia de conducir para multarla por violación a la Ley de Tránsito Terrestre, a lo que ésta se negó, supuestamente alegando que es fiscal.

A esto, la fiscal Surellys Jáquez se bajó de su yipeta dorada y le pidió al agente que dejara de grabarla con el celular e intentó despojarlo del mismo. Este se resistió, se produjo un forcejeo y la dama cayó al pavimento.

Ella alegó que el agente la golpeó en la cabeza y procedió a realizar varias llamadas telefónicas. Igual hizo el Amet, quien instruyó a su compañero que llamara a alguien identificado como Ubrí. (El Caribe)


Nuestra opinión

Fuegoalalata.do. Yo hubiese sido él cojo mi mes en prisión tranquilo o busco los medios de defenderme de la infamia de que golpee a la fiscal.

Pero nunca disculparme con una mujer que quiso crear una falso escenario de lo que realmente sucedió.

En todo caso quien debía disculparse era ella por irrespetar a una autoridad que la confrontó por una infracción que en principio se negaba a recibir.

Pero le escribieron un discurso de discukpa al pobre agente de AMET para que lo leyera, lo que me reafirma que vivimos en un circo. Por eso agarré mis palomitas temprano para esperar el desenlace.

Ahora dice la fiscal que pagará la multa ¿pero no fue eso lo que debió hacer ella desde un principio al admitir que estaba violando la ley? ¿Hubo que llegar a un acuerdo con ella para que aceptara la jodida multa que no pasa de mil pesos?

Curioso es que fue ahora que ella se dio cuenta que como autoridad y ciudadana debía dar el ejemplo y hasta una multa anda por ahí de un caso anterior por no portar seguro vehícular.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Abel Martínez se querella ante la inspectoría del Ministerio Público por allanamiento

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El abogado del alcalde Abel Martínez, Félix Portes, se querelló este lunes ante la Inspectoría del Ministerio Público en Santo Domingo por el allanamiento realizado el pasado viernes en el comando político de Martínez.

“Hemos depositado formal querella disciplinaria contra los fiscales actuantes en el Francisco Núñez y el fiscal David Barreras”, dijo Portes hoy.

El abogado sostuvo que la acción del pasado viernes “no fue un error». «Fue una trama orquestada con el ánimo de dañar la imagen y su honra (de Abel Martínez)”, agregó.

El pasado viernes la Fiscalía de Santiago encabezó un allanamiento, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en el inmueble que Abel Martínez mantiene arrendado para su comando político desde hace 15 años en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, ambos exmiembros de la Armada Dominicana desde hace más de diez años, a quienes vinculan al mundo de las drogas, así como al porte y tenencias de armas de fuegos de manera ilegal.

Fernando Ramírez, vocero del alcalde Abel Martínez, aseguró que desde el Ministerio Público no les han permitido demostrar la legalidad de las armas de fuego que les fueron ocupadas el pasado viernes en un allanamiento en su oficina política del sector El Paraíso, ubicado en la zona norte de Santiago.

De acuerdo con la Fiscalía el allanamiento no se realizó contra el alcalde de Santiago, sino contra los individuos que supuestamente frecuentan el lugar.

FUENTE: Diario Libre

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Juez dice no hay ley castigue “violación” del toque de queda

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El juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, afirmó que en el país no hay legislación que permita sancionar a una persona por violación al toque de queda.

Para el juez Vargas, lo que sí existe es una ley de salud, que no es lo mismo que una legislación de sanciones para los que violenten el toque de queda.

Indica El Nacional que por tal razón, propuso q ue el Poder Ejecutivo o la Procuraduría General de la República sometan al Congreso Nacional un proyecto de ley para perseguir y judicializar las violaciones del toque de queda por parte de algunos ciudadanos.

“No hay legislación para condenar a una persona que incumpla la disposición implementada para frenar el contagio por el coronavirus en el país”, manifestó el juez Vargas, en referencia al toque de queda.

Sostuvo que cuando las personas salen a las calles en el horario restringido para la circulación, incurren en la violación del toque de queda, no así en la Ley de Salud.

“Cuando las personas salen a las calles en horarios restringidos para la circulación incurren en la transgresión del toque de queda, no en la violación de la Ley de Salud, por lo que lo sensato sería que los legisladores se aboquen a aprobar una norma con sanciones rigurosas, delito de contravención, pero que logre su cometido”, manifestó Vargas.

El olvido
Hace poco, El Nacional publicó un reportaje bajo la firma del autor de esta información, en la que advertía que en el país no existe una ley de sanción a los violadores del toque de queda.

Este redactor en esa ocasión, tuvo acceso a datos relativos a la última reforma que se hizo a la Constitución de la República, en donde se consignó la creación de los estados de excepción, entre ellos, el estado de emergencia mediante el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

Se supo que cuando se aprobó la reforma constitucional con la creación de los estados de excepción, se acordó también aprobar más tarde una ley orgánica para el castigo de los violadores de dichos estados, pero nunca se hizo.

Estados de excepción
Los estados de excepción contemplados en el artículo 262 de la Constitución de la República, son tres: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. En este último es en el que se encuentra el país y por el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

El fallo
Sin embargo, no existe una legislación que contemple los castigos a imponer a los violadores de estos tres estados, consignados en la Constitución de la República.

Los Estados de Excepción son regulados por la Constitución y por la Ley 21-18, de fecha 25 de mayo del año 2018.

El artículo 262 de la Constitución Dominicana define los estados de excepción como, “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias”. La Constitución establece las circunstancias en que se decretan dichos estados.

Ilegalidad
De lo expresado por el juez José Alejandro Vargas, se desprende que no existe un marco de legalidad para que un juez de paz le imponga una multa a una persona por violar el toque de queda. La Procuraduría General de la República dispuso que las multas a los violadores del toque de queda sean puestas por los juzgados de paz.

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