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Un taxista y un supuesto delincuente mueren en tiroteo tras intento de secuestro en Baní
Un taxista y un supuesto delincuente fallecieron durante un tiroteo que escenificaron miembros de la Policía Nacional y un grupo de hombres acusados de intentar asaltar a un comerciante en Baní, provincia Peravia.
Según la Policía, el taxista muerto es Rubén Darío Díaz Pimentel, de 50 años, quien fue impactado por una bala durante el fuego cruzado cuando se desplazaba por la carretera que conduce del citado municipio a Villa Sombrero, en la provincia Peravia, en un automóvil Toyota Camry, gris, placa A059417.
El supuesto delincuente también fallecido es Ramón Antonio Pérez Mejía (a) El Primo y/o El Mecánico, de 39 años.
Una comunicación de prensa de la Policía explica que el incidente se produjo cuando un grupo de hombres armados, quienes se desplazaban en una yipeta y cuatro automóviles se disponían a asaltar al comerciante Roy Peña, residente en el sector José del Carmen, en Baní, pero que no llegaron a ejecutar el asalto debido a la presencia de miembros de la Subdirección Adjunta de Investigaciones Criminales.
Agrega que en el incidente se apresaron seis hombre y se ocupó cinco vehículos.
Los detenidos son Edgar Paniagua (a) Oreja, de 26 años, Richard Castaños García (a) Canita, de 37 años, Nicolás Hernández Morillo (a) El Gordo, Deivi Ariel Pimentel Mejía, de 32 años, Rafael King Guzmán (a) Ángelo, y Pedro Junior Nolasco (a) El Flaco y/o Pantera.
Como integrantes del grupo la Policía persigue a cuatro hombres identificados como “El Mono de Capotillo”, “Vicentico”, “Culebra” y Félix Pozo (a) Félix Nike.
Durante la intervención los agentes ocuparon un automóvil Hyundai Sonata, gris, placa A650991, el cual era conducido por el occiso Pérez Mejía (a) El Mecánico; el Toyota Camry, gris placa A059417, que conducía el taxista herido; una yipeta Hyundai Tucson, negra, sin placa; un automóvil Toyota Corolla, blanco, placa A214259; un automóvil marca Huyndai, gris, placa de exhibición X270154; y un Honda Accord, verde, placa A378817.
Dentro de los vehículos ocupados los agentes ocuparon una pistola Colt, calibre 45 milímetros, con su cargador y dos cápsulas; cuatro gorras negras con las iniciales de la Policía Nacional; cuatro chalecos antibalas, un pasamontaña, un pantalón negro y dos t-shirts.

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Abinader plantea eliminar término “doméstica” por considerarlo insultante
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.














