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Un año de prisión preventiva contra Brayan Félix y otros tres imputados en asaltos

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SANTO DOMINGO. El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso un año de prisión preventiva contra todos los imputados por la Fiscalía de conformar una organización criminal dedicada a asaltar sucursales bancarias en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo.

La red estaba integrada por el fenecido John Percival Matos, y los coimputados Brayan Peter Félix Paulino (a) Mariachi, el mayor del Ejército Nacional Elvin Roberto Rodgers Rodríguez, Reyvi David Corporán Adames (a) Culebra y Javier de Jesús Fernández Perelló.

La Fiscalía, representada en audiencia por la procuradora fiscal titular Yeni Berenice Reynoso y la fiscal Elvira Rodríguez, le imputó a los encartados convertirse en una asociación de malhechores, que utilizando armas de fuego, traficadas, de altos calibres, cometieron asesinato y tentativa de asesinatos en perjuicio de guardianes de seguridad bancaria.

Los hechos ocurrieron en fecha 4 de agosto del 2016 en la sucursal del banco BHD-León de una plaza ubicada en Villa Mella; el 14 de septiembre, del mismo año, en Bella Vista Mall, donde sustrajeron valijas del Banco Promérica y de la compañía telefónica Claro, y el 26 de diciembre en la sucursal del Banco Popular de Plaza Lama, ubicada en la avenida 27 de Febrero con avenida Winston Churchill.

En el asalto de fecha 4 de agosto sustrajeron la suma de 1 millón 400 mil pesos, el 14 de septiembre 3 millones 621 mil pesos, y el 26 de diciembre lograron robar 3 millones 700 mil pesos y 25 mil dólares.

El juez, quien también declaró el caso como complejo, manifestó que los hechos tuvieron una repercusión social peligrosa para la sociedad dominicana.

Brayan Peter Félix Paulino (a) Mariachi fue enviado a cumplir la prisión preventiva a la Penitenciaria Nacional La Victoria, mientras que el mayor del Ejército Nacional Elvin Roberto Rodgers Rodríguez fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Polvorín para militares, ubicado en Villa Mella.

Con relación a los imputados Reyvi David Corporán Adames (a) Culebra y Javier de Jesús Fernández Perelló deberán cumplir la medida impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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