El senador Adriano Sánchez Roa afirmó que Haití ha aumentado su interferencia radial, televisiva y telefónica en los pueblos fronterizos dominicanos, pese a los esfuerzos del gobierno y a las sesiones de trabajo del senado en busca de correcciones que reduzcan el entorpecimiento provocado a estas poblaciones y que pone en riesgo la seguridad del país.

“Nos preocupa que esa influencia haitiana es notoria en franjas importantes de la juventud, lo que obliga al uso de equipos de empresas haitianas, agregándose la inseguridad, mientras crece la transculturación en los gustos musicales, culinarios, religiosos y hasta en la información pública”, dijo el legislador fronterizo.

En este tenor, el Senado acogiendo la resolución No.01957 de Sánchez Roa, dispuso que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, que preside el doctor José Rafael Vargas, investigara la situación, de donde se procedió a dar un tiempo para que en las conversaciones bilaterales entre los dos países se llegaran acuerdos.

Pero esta invasión en vez de reducirse, como se esperaba, esta radial, televisiva y telefónica se ha agravado con el activismo haitiano en su frontera, por lo que el senador por Elías Piña consideró que la comisión debe retomar la investigación ante el fracaso de las gestiones, pues
en la ocasión participaron en el Senado representantes del INDOTEL; Carlos Valcarcel y Daniela Collado, por Orange Dominicana; Desireé Logroño por Tricom Dominicana; Claudia García por Trilogy Dominicana/VIVA; Katia Saud, Takeshi Hiromitsu y Patricia Zorrilla por Claro Dominicana; y Eduardo Evertz, consultor en Telecomunicaciones.

Sin embargo, según Sánchez Roa, en vez de aminorar la interferencia ilegal, lo que ha ocurrido es un dominio determinante de la telefónica NATCOM, radicada en Haití, así como han sido ampliadas las frecuencias de radio y televisión, a tal extremo que en el propio territorio dominicano es necesario pagar roaming y escuchar emisoras haitianas en frecuencias dominicanas.

Sánchez Roa explicó que la trascendencia y serias repercusiones que podría revestir para el país la situación antes descrita, obliga al Estado dominicano a actuar con urgencia y determinación, pues se trata de la protección y defensa de la integridad del territorio nacional y de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, como lo ordena la Constitución a los poderes públicos correspondientes.

El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado precisó que la Constitución declara en su Artículo 10, “…de supremo y permanente interés nacional” la seguridad e integración comunicacional.

Así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano, para lo cual los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en la región fronteriza; empero, en esta misma zona se muestra un escaso desarrollo comunicacional, telefónico, radial y televisivo.

El Día