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Sánchez Roa: “Haití ha aumentado interferencia radial, televisiva y telefónica en la frontera”

El senador Adriano Sánchez Roa afirmó que Haití ha aumentado su interferencia radial, televisiva y telefónica en los pueblos fronterizos dominicanos, pese a los esfuerzos del gobierno y a las sesiones de trabajo del senado en busca de correcciones que reduzcan el entorpecimiento provocado a estas poblaciones y que pone en riesgo la seguridad del país.
“Nos preocupa que esa influencia haitiana es notoria en franjas importantes de la juventud, lo que obliga al uso de equipos de empresas haitianas, agregándose la inseguridad, mientras crece la transculturación en los gustos musicales, culinarios, religiosos y hasta en la información pública”, dijo el legislador fronterizo.
En este tenor, el Senado acogiendo la resolución No.01957 de Sánchez Roa, dispuso que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, que preside el doctor José Rafael Vargas, investigara la situación, de donde se procedió a dar un tiempo para que en las conversaciones bilaterales entre los dos países se llegaran acuerdos.
Pero esta invasión en vez de reducirse, como se esperaba, esta radial, televisiva y telefónica se ha agravado con el activismo haitiano en su frontera, por lo que el senador por Elías Piña consideró que la comisión debe retomar la investigación ante el fracaso de las gestiones, pues
en la ocasión participaron en el Senado representantes del INDOTEL; Carlos Valcarcel y Daniela Collado, por Orange Dominicana; Desireé Logroño por Tricom Dominicana; Claudia García por Trilogy Dominicana/VIVA; Katia Saud, Takeshi Hiromitsu y Patricia Zorrilla por Claro Dominicana; y Eduardo Evertz, consultor en Telecomunicaciones.
Sin embargo, según Sánchez Roa, en vez de aminorar la interferencia ilegal, lo que ha ocurrido es un dominio determinante de la telefónica NATCOM, radicada en Haití, así como han sido ampliadas las frecuencias de radio y televisión, a tal extremo que en el propio territorio dominicano es necesario pagar roaming y escuchar emisoras haitianas en frecuencias dominicanas.
Sánchez Roa explicó que la trascendencia y serias repercusiones que podría revestir para el país la situación antes descrita, obliga al Estado dominicano a actuar con urgencia y determinación, pues se trata de la protección y defensa de la integridad del territorio nacional y de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, como lo ordena la Constitución a los poderes públicos correspondientes.
El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado precisó que la Constitución declara en su Artículo 10, “…de supremo y permanente interés nacional” la seguridad e integración comunicacional.
Así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano, para lo cual los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en la región fronteriza; empero, en esta misma zona se muestra un escaso desarrollo comunicacional, telefónico, radial y televisivo.
El Día

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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