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Sánchez Roa: “Haití ha aumentado interferencia radial, televisiva y telefónica en la frontera”
El senador Adriano Sánchez Roa afirmó que Haití ha aumentado su interferencia radial, televisiva y telefónica en los pueblos fronterizos dominicanos, pese a los esfuerzos del gobierno y a las sesiones de trabajo del senado en busca de correcciones que reduzcan el entorpecimiento provocado a estas poblaciones y que pone en riesgo la seguridad del país.
“Nos preocupa que esa influencia haitiana es notoria en franjas importantes de la juventud, lo que obliga al uso de equipos de empresas haitianas, agregándose la inseguridad, mientras crece la transculturación en los gustos musicales, culinarios, religiosos y hasta en la información pública”, dijo el legislador fronterizo.
En este tenor, el Senado acogiendo la resolución No.01957 de Sánchez Roa, dispuso que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, que preside el doctor José Rafael Vargas, investigara la situación, de donde se procedió a dar un tiempo para que en las conversaciones bilaterales entre los dos países se llegaran acuerdos.
Pero esta invasión en vez de reducirse, como se esperaba, esta radial, televisiva y telefónica se ha agravado con el activismo haitiano en su frontera, por lo que el senador por Elías Piña consideró que la comisión debe retomar la investigación ante el fracaso de las gestiones, pues
en la ocasión participaron en el Senado representantes del INDOTEL; Carlos Valcarcel y Daniela Collado, por Orange Dominicana; Desireé Logroño por Tricom Dominicana; Claudia García por Trilogy Dominicana/VIVA; Katia Saud, Takeshi Hiromitsu y Patricia Zorrilla por Claro Dominicana; y Eduardo Evertz, consultor en Telecomunicaciones.
Sin embargo, según Sánchez Roa, en vez de aminorar la interferencia ilegal, lo que ha ocurrido es un dominio determinante de la telefónica NATCOM, radicada en Haití, así como han sido ampliadas las frecuencias de radio y televisión, a tal extremo que en el propio territorio dominicano es necesario pagar roaming y escuchar emisoras haitianas en frecuencias dominicanas.
Sánchez Roa explicó que la trascendencia y serias repercusiones que podría revestir para el país la situación antes descrita, obliga al Estado dominicano a actuar con urgencia y determinación, pues se trata de la protección y defensa de la integridad del territorio nacional y de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, como lo ordena la Constitución a los poderes públicos correspondientes.
El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado precisó que la Constitución declara en su Artículo 10, “…de supremo y permanente interés nacional” la seguridad e integración comunicacional.
Así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano, para lo cual los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en la región fronteriza; empero, en esta misma zona se muestra un escaso desarrollo comunicacional, telefónico, radial y televisivo.

El Día
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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz
A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.
Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.
Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.
Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.
Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.
Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.
Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.
Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.
«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.
Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».
«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».
Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.
Un historial recurrente en los tribunales
Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).
Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.
El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.
Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.
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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago
La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.
La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.
De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.
Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.
Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.
Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.
Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.
Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.
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