En la República Dominicana, el Proyecto de Modernización Fiscal presentado por el gobierno el lunes ha generado preocupación en el sector de bebidas alcohólicas, que solicita un análisis exhaustivo de la propuesta para evitar repercusiones negativas.

El gobierno plantea dos principales medidas para aumentar la recaudación en este sector: uno, impuesto específico por grado de alcohol. Se propone aumentar el impuesto específico de 724.12 a 840 pesos por litro de alcohol absoluto, afectando directamente los precios de las bebidas con mayor contenido alcohólico.

Además, el aumento de la tasa Ad-Valorem: se busca incrementar esta tasa de 10 % al 11 %, incrementando la carga fiscal para productores e importadores.

Ante este planteamiento, la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) rechaza estos aumentos, argumentando que resultarán en una carga tributaria del 52 % para el ron dominicano, con un impacto aún mayor en el segmento de bajo precio.

Circe Almánzar, portavoz de Adopron, advirtió que esto podría generar un aumento en el mercado ilícito y afectar a los consumidores de menor poder adquisitivo.

«Cualquier incremento adicional, como el que propone elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Específico, generaría un efecto nocivo, particularmente en los consumidores de menor poder adquisitivo», afirmó

Apuntó que los productores de ron no están solicitando incentivos; están pidiendo equidad.

«La industria del ron dominicano es un motor de divisas y empleo que contribuye significativamente a nuestra economía y nuestra identidad nacional. Repetir los errores del pasado sería un golpe innecesario e injusto», dijo Almánzar.

Cervecería
Por su lado, Fabián Suárez, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), expresó su preocupación por las posibles consecuencias del proyecto, recordando que el sector cervecero contribuye significativamente al PIB del país y genera miles de empleos.

«Claramente para nosotros es una afectación y estamos preocupados por lo que pueda llegar a significar, pero en este momento estamos analizando todas las implicaciones para poder dar una respuesta más concreta sobre qué significa», enfatizó el ejecutivo.

Suárez recordó que el sector cervecero genera el 2.7 % del PIB de la República Dominicana, aportando 41,335 millones pesos en impuestos anualmente y que, en el caso de la CND, es el quinto contribuyente fiscal del Estado dominicano.

La reforma de Modernización Fiscal impulsada por el gobierno también busca eliminar la deducción de los gastos educativos del Impuesto sobre la Renta (ISR) establecido desde hace 15 años mediante la ley 179-09.

Esta ley, que será eliminada con la reforma fiscal ya depositada en el Congreso Nacional, permite en la actualidad que las personas físicas, excepto negocios de único dueño, declarantes del Impuesto Sobre la Renta, puedan deducir de sus ingresos brutos los gastos realizados en la educación de sus dependientes directos no asalariados.

Esta deducción permitía una retribución a los padres por los gastos incurridos para cubrir la educación básica, media, técnica y universitaria propia y de los hijos.

La Ley 179-09 fue promulgada durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández y su objetivo era establecer un mecanismo para incentivar a las empresas a otorgar a sus empleados de menores niveles de salario retribuciones complementarias por concepto de educación.

Esta deducción era posible siempre que la prestación del servicio fuera facturada por la entidad educativa con comprobantes fiscales válidos para crédito fiscal y hasta un máximo del 10 % del ingreso gravado.

El último día laborable del mes de febrero es la fecha límite para la presentación de la declaración jurada del ISR de los contribuyentes.

El beneficiario debe ostentar un salario desde los 34,685 pesos para ser beneficiario de este incentivo como declarante del ISR.

Reforma fiscal
Este martes 8 de octubre, el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, con el busca aumentar los ingresos del Estado en alrededor de 122,000 millones de pesos al año.

El proyecto de reforma fiscal que abarca aumentos de impuestos al alcohol y a la renta, ampliación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis), y eliminación de exenciones tributarias y del anticipo para las personas físicas y las microempresas, entre otras medidas.

Aparte de las alzas de los tributos, la reforma plantea la persecución de la evasión y la modernización del sistema impositivo y tributario.

La eliminación de las exenciones afectará a la industria textil, al cine y al mecenazgo cultural.

También se modifican los incentivos para la instalación de industrias en la zona fronteriza, que en lo adelante se aplicarán a las inversiones de más de cinco millones de dólares y que generen 100 empleos locales.

Las rentas por encima de los 200,000 pesos mensuales serán afectadas por las nuevas propuestas y el impuesto subirá hasta un 27 % con base en una escala progresiva.

Otro impuesto tocado por la reforma será el concerniente a la propiedad inmobiliaria, cuya base de exención se situará en propiedades de hasta cinco millones.

En lo adelante, se establecerá la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos excedan los 624,329 pesos anuales.

No habrá deducciones por gastos educativos.

FUENTE: Diario Libre