La colaboración del exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta, quien es “testigo” del caso de corrupción a esa ARS estatal, hizo caer al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, detenido en “flagrante delito” recibiendo un soborno que había pedido al exfuncionario.

Según la solicitud de medida de coerción y la autorización de un allanamiento a Valdez Alcántara, este miembro del Ministerio Público, “el 13 de marzo, concretó un encuentro” en el parqueo de un establecimiento comercial en la avenida Jiménez Moya con “el testigo Roberto Canaán” a quien le propuso, “de manera explícita, alterar el curso del proceso en la fase de investigación a cambio de un beneficio económico directo”.

Reseña Diario Libre que entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público a la jueza control de la investigación contra el procurador fiscal, se incluye, cita la solicitud de medida de coerción, constancia de la entrega, en fecha 27 de marzo de 2026, “de la cantidad de diez mil dólares (US$10,000) en billetes de la denominación de US$100.00 al ciudadano Roberto Antonio Canaán Acta” por parte de la Procuraduría General (PGR) para “la entrega vigilada” al fiscal, “en virtud de una autorización judicial”.

El dinero era de la PGR, según fuentes.

A Valdez Alcántara se le señala de exigir a Canaán la suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), que luego redujo a US$150,000 mil, en una negociación en la que también pidió un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz.

Rechazó Volvo
De acuerdo con la autorización del allanamiento, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda” e insistió en la Mercedes Benz.

La Procuraduría lo imputa, además, de ejercer coacción continua vía telefónica contra Canaán, presionando incluso con la frase “¿para cuándo está la cosa?” y estableciendo como fecha límite de entrega el 24 de este mes de marzo.

Aplazan coerción
La jueza de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte, aplazó para el martes 7 de abril la solicitud de prisión preventiva por un año contra el procurador fiscal, quien estaba asignado a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca).

La vista se postergó a solicitud de Valentín Medrano, abogado de Valdez Alcántara, para conocer el expediente.

Medrano defendió la honestidad de su cliente, a quien, dijo, nunca se le ha endilgado una falta ni siquiera disciplinaria ni de haberse “pasado un semáforo en rojo”.

“Inaceptable”
El director de la Pepca, Wilson Camacho, calificó ayer como “repugnante, indignante e inaceptable” el accionar del imputado.

Pepca: no afecta expedientes
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que los casos de malversación en los que trabajó el fiscal de ese departamento, Aurelio Valdez Alcántara, no corren peligros porque es “una actuación particular” por parte de ese miembro del Ministerio Público.

“Ningún fiscal lleva un caso particular o aislado, los casos todos se trabajan en grupos o equipos de fiscales o fuerza de tarea”, explicó Ortiz al salir de audiencia del proceso que se le sigue al exdirector del Intrant, Hugo Beras.

En tanto que el abogado Carlos Balcácer calificó como “una iniquidad” la intención de algunos sectores de “satanizar” el trabajo que viene realizando el Ministerio Público por la imputación que hace el mismo órgano acusador a uno de sus integrantes, de haber solicitado soborno.

«Es una iniquidad porque si no se denuncia es malo. Y si se denuncia y se procede, entonces es peor. Porque así es que actúa el subdesarrollo”, dijo el togado.

De acuerdo con la orden de arresto contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, este sostuvo un encuentro el 13 de marzo con el exgerente de servicio al usuario del Senasa, Roberto Canaán, en el parqueo de un reconocido establecimiento comercial, donde supuestamente utilizó información privilegiada para coaccionarlo.

Según el relato del Ministerio Público, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de persecución del Ministerio Público, el fiscal exigió inicialmente US$200,000 dólares para alterar el curso de una investigación.

Tras una negociación, la suma se redujo a US$150,000, pero con exigencias adicionales: un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz, modelo 350 o 450, de color negro. El informe señala que el investigado rechazó ofertas de vehículos de menor gama, como Volvo o Mazda.

Reseña el Listín Diario que el Ministerio Público sostiene que el fiscal mantuvo una «coacción continuada» mediante llamadas telefónicas, presionando al testigo con frases como «¿Para cuándo está la cosa?».

Valdez Alcántara habría fijado el 24 de marzo como fecha límite para el pago, advirtiendo que, de no cumplir, procedería con la judicialización del caso del testigo.

Allanamiento «día y noche»
Dada la investidura del investigado y el riesgo de que se destruyan evidencias, la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz Almonte, autorizó el allanamiento en el domicilio del fiscal, ubicado en el Residencial Amanda II, Santo Domingo Este.

El fiscal enfrenta cargos preliminares por violación a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano (relativos a la corrupción y cohecho) y múltiples artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La autorización de la jueza de la instrucción especial se fundamenta en pruebas incipientes, incluyendo una nota de inteligencia y una autorización de entrega vigilada de dinero emitida previamente el 27 de marzo.