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Ministerio Público apelará decisión que deja en libertad exfuncionario de la Alcaldía de Santiago
SANTIAGO. El Ministerio Público informó este viernes que apelará la medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora, que le fue impuesta al exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santiago, René Guzmán Corporán, quien es vinculado a un fraude por igual monto en perjuicio de esa entidad.
A través de un comunicado de prensa, la institución manifestó su rechazo a la decisión del juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Cirilo Salomón, por considerar que no es una medida idónea por la evidente falta de arraigo y el comportamiento del imputado desde el momento en que se abre la investigación.
Resaltó que en su decisión, el juez no motiva las razones por las cuales no impone la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, consistente en prisión preventiva, lo cual dijo constituye una de las principales razones de la apelación.
En ese sentido, el Ministerio Público enfatizó en que este imputado no tiene arraigo porque la mayor parte de sus bienes, producto de la investigación, han sido incautados e inmovilizados, indica una nota de Diario Libre.
El órgano a cargo de la investigación recordó que Guzmán Corporán fue arrestado el pasado mes de marzo gracias a una alerta roja que la Procuraduría General de la República había puesto en el Sistema Migratorio Nacional.
El Ministerio Público detalló que la detención del exfuncionario se produjo en momentos en que éste retornaba al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en un vuelo procedente de España, luego que burlara las alertas de impedimento de salida que tenía en esa nación iberoamericana.
Asimismo, dijo que el imputado había sido arrestado en España y que mediante acta de audiencia del Juzgado Central de Instrucción No.005, de Madrid, el juez José De La Mata Amaya, dispuso su libertad bajo condición de entregar su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización.
Señala en ese orden, que no obstante esa decisión del tribunal español, Guzmán Corporán presumiblemente contaba con dos pasaportes a su nombre y al llegar a España el año pasado después de haberse iniciado el proceso judicial en su contra por su vinculación a este caso, solo habría entregado uno a las autoridades judiciales de esta nación, comprometiéndose a la vigilancia establecida, lo cual le permitió salir del país.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
