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Ministerio Público apelará decisión que deja en libertad exfuncionario de la Alcaldía de Santiago

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SANTIAGO. El Ministerio Público informó este viernes que apelará la medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora, que le fue impuesta al exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santiago, René Guzmán Corporán, quien es vinculado a un fraude por igual monto en perjuicio de esa entidad.

A través de un comunicado de prensa, la institución manifestó su rechazo a la decisión del juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Cirilo Salomón, por considerar que no es una medida idónea por la evidente falta de arraigo y el comportamiento del imputado desde el momento en que se abre la investigación.

Resaltó que en su decisión, el juez no motiva las razones por las cuales no impone la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, consistente en prisión preventiva, lo cual dijo constituye una de las principales razones de la apelación.

En ese sentido, el Ministerio Público enfatizó en que este imputado no tiene arraigo porque la mayor parte de sus bienes, producto de la investigación, han sido incautados e inmovilizados, indica una nota de Diario Libre.

El órgano a cargo de la investigación recordó que Guzmán Corporán fue arrestado el pasado mes de marzo gracias a una alerta roja que la Procuraduría General de la República había puesto en el Sistema Migratorio Nacional.

El Ministerio Público detalló que la detención del exfuncionario se produjo en momentos en que éste retornaba al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en un vuelo procedente de España, luego que burlara las alertas de impedimento de salida que tenía en esa nación iberoamericana.

Asimismo, dijo que el imputado había sido arrestado en España y que mediante acta de audiencia del Juzgado Central de Instrucción No.005, de Madrid, el juez José De La Mata Amaya, dispuso su libertad bajo condición de entregar su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización.

Señala en ese orden, que no obstante esa decisión del tribunal español, Guzmán Corporán presumiblemente contaba con dos pasaportes a su nombre y al llegar a España el año pasado después de haberse iniciado el proceso judicial en su contra por su vinculación a este caso, solo habría entregado uno a las autoridades judiciales de esta nación, comprometiéndose a la vigilancia establecida, lo cual le permitió salir del país.

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Dictan coerción a La Tora por querella de Iluminada Muñoz

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A Claudia Pérez, conocida como la Tora, le fue impuesta la tarde del jueves una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante el Ministerio Público.

Las medidas de coerción buscan asegurar su asistencia al proceso por una querella en su contra interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz, quien la acusa de difamación e injuria.

Reseña Diario Libre que las medidas coercitivas fueron impuestas por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien en horas de la mañana había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias de la causa.

Pocas horas después de hacerse pública la orden de captura, «la Tora» se presentó, de manera voluntaria, al tribunal.

Emery Colomby Rodríguez, abogada de Muñoz, informó que Pérez «nunca ha dado la cara» ante la demanda interpuesta por su clienta, a pesar de haber sido citada en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público.

Sin embargo, al presentarse al tribunal, la Tora contradijo las declaraciones de su acusadora y aseguró que su ausencia en las audiencias previas se debió estrictamente a que nunca recibió las notificaciones legales de manera correcta.

Durante su comparecencia, la Tora también reveló que mantiene un proceso judicial activo en contra de Muñoz, a quien imputa de haberla denostado en un video difundido a través de la plataforma de contenido Cachicha.

Asimismo, aclaró que el conflicto legal entre ambas no tiene una duración de dos años como se ha divulgado, sino que llevan seis años enfrentándose en los tribunales.

«La Tora»: «La agraviada he sido yo»Claudia Pérez sostuvo ante el juez que la verdadera víctima en este conflicto ha sido ella, señalando directamente a la periodista Muñoz.

Pérez dijo que Muñoz se burla de ella públicamente y le atribuye de manera infundada conductas delictivas.Asimismo, explicó que estas declaraciones han afectado gravemente su estatus migratorio y su reputación como «empresaria próspera».

«Mi nombre quedó embarrado, hasta mi visa me la quitaron por ella», enfatizó la Tora.Agregó: «Yo tengo más de 20 años visitando este tribunal, la justicia dominicana y siempre he sido responsable en todos mis procesos».

Finalmente, manifestó su firme rechazo a cualquier posibilidad de conciliación con Muñoz.

Un historial recurrente en los tribunales

Hace apenas dos meses, Claudia Pérez Ramírez fue condenada a un año de prisión en la cárcel de Najayo Mujeres y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos, también por una demanda de difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).

Dicha sentencia aún no se ha ejecutado debido a que se encuentra en fase de apelación. En este proceso igualmente se llegó a emitir una orden de captura en su contra por incomparecencia a las audiencias.

El historial de arrestos de Pérez incluye un incidente en mayo de 2016, cuando fue detenida tras lanzar piedras y zapatos contra los militares y policías que custodiaban la Junta Central Electoral de Pedro Brand, demarcación donde aspiraba a regidora y perdió las elecciones.

Actualmente, tanto la Tora como su hija, Ingrid Jorge, enfrentan constantes procesos judiciales bajo acusaciones similares de vulnerar la honra de funcionarios, exfuncionarios y diversas personalidades públicas.

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Apresan en Jamaica a acusado de la muerte de conductor de camión de basura en Santiago

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La Policía Nacional informó la captura en Jamaica del dominicano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, chofer de un camión recolector de basura en Santiago.

La institución explicó que la captura fue posible gracias a labores de investigación y cooperación internacional, en las que participaron la INTERPOL Santo Domingo y las autoridades de Jamaica.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Metz Cruz habría utilizado un nombre falso para ingresar ilegalmente a Jamaica, a donde llegó por vía marítima.

Tras establecerse su ubicación, organismos de ambos países coordinaron labores de inteligencia que permitieron su captura. En el operativo también fueron detenidas otras personas de nacionalidad dominicana.

Metz Cruz era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-6332/4-2026, de fecha 19 de abril de 2026, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.

Según la Policía, el detenido es señalado como presunto autor, junto a una turba de motoristas, de la muerte de Abreu Quezada, quien habría sufrido una herida de arma blanca durante un incidente de tránsito ocurrido el 17 de abril de 2026, en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de Santiago.

Por este hecho, otros individuos ya han sido sometidos a la acción de la justicia.

Las autoridades dominicanas, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes, realizan las gestiones necesarias para el traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz a República Dominicana, donde será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.

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