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Ayuntamiento de Santiago rechaza fallo en el que embargan cuenta personal del alcalde Abel Martínez

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La Dirección Legal del Ayuntamiento de Santiago, aclaró que el embargo sobre las cuentas personales del alcalde Abel Martínez, obedece a una decisión distorsionada y arbitraria por parte del magistrado Ramón Francisco Ureña Ángeles, juez de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial.

El embargo de las cuentas personales del Banco Popular del alcalde de Santiago, viene a raíz de los cobros realizados por una firma de abogados, en representación de una empresa suplidora de la gestión pasada que dirigía el entonces sindico José Enrique Sued Sem.

El vocero del alcalde Fernando Ramírez, describió la sentencia del Juez, Ramón Francisco Ureña Ángeles, como arbitraria y sin fundamentos relégales.

La dirección legal del Ayuntamiento de Santiago, criticó además la actitud del Banco Popular, que no se detuvo a analizar que esta no era una demanda de responsabilidad patrimonial, ni personal, según los representantes legales del ayuntamientos el tribunal nunca estableció que se condenaba de manera solidaria al alcalde Martínez, tampoco puntualiza sobre en qué consiste su responsabilidad.

La sentencia civil marcada con el número 367-2018-SSEN-001699, de la Tercera Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Santiago, en la cual se ordena el pago de facturas de servicios a favor del nombrado Ignacio Paulino, ascendente a unos RD$ 5,272,339.20, por concepto de alquiler de equipos a esa entidad edilicia durante los años 2008 y 2009.

Los representantes legales tanto del Ayuntamiento como del alcalde también criticaron la forma que de manera, “alegre e irresponsable” la entidad de intermediación financiera Banco Popular y sus ejecutivos procedieron a emitir una certificación, que hoy es utilizada con malas intenciones, en todos los medios de comunicación de masas y redes sociales.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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La Policía Nacional investiga muerte de la influencer Melissa Medina

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La Policía Nacional informó que mantiene abierta una investigación, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer las circunstancias en que falleció la joven influencer Melissa Medina, de 22 años, cuyo deceso ocurrió durante la madrugada del pasado martes en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que los organismos investigativos están entrevistando a las personas que acompañaban a la joven al momento del suceso, quienes son una joven de 21 años y un hombre de 60 años.

Pesqueira precisó que, por el momento, las identidades de ambos acompañantes se mantienen bajo reserva, a fin de no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

Espera de informe forense y curso de las pesquisas
Asimismo, el portavoz policial indicó que las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), los cuales serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento.

La Policía Nacional señaló que el proceso investigativo continúa en curso y que se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las diligencias correspondientes.

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Condenan a 20 años de prisión madre que decapitó a su hija de 6 años

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El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a la médico y exmilitar Ana Josefa García Cuello, encontrada culpable de la muerte de su hija de seis años, a quien decapitó el 15 de agosto de 2024 en la residencia familiar, ubicada en el sector Hainamosa.

La sentencia establece que García Cuello deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, donde permanecía recluida desde agosto de 2024.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo una acusación por homicidio con premeditación y asechanza, fundamentada en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal dominicano.

La muerte de la niña ocurrió en un apartamento del residencial La Razón I, donde residía junto a su madre y otros familiares.

Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Policía Nacional arrestaron a García Cuello, quien era médico y miembro del Ejército de la República Dominicana.

El 20 de agosto de 2024, cinco días después del crimen, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso 12 meses de prisión preventiva.

La discusión sobre su salud mental
Uno de los aspectos centrales del proceso judicial fue la condición de salud mental de la acusada, cuyo equipo de abogados sostuvo que padecía trastornos psiquiátricos que impedían atribuirle responsabilidad penal.

La defensa solicitó que García Cuello fuera declarada inimputable, amparándose en el artículo 64 del Código Penal, que contempla la situación de personas que se encontraban en estado de demencia al momento de cometer un hecho.

El 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de inimputabilidad y la realización de nuevas evaluaciones mentales.

La magistrada explicó entonces que ese planteamiento podía formularse en otra etapa del proceso judicial.

En marzo de 2026, el abogado Julio Alberico Hernández, quien también es psiquiatra forense, reiteró que su defendida padecía trastornos severos y cuestionó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

El jurista sostuvo que los exámenes realizados a la procesada respaldaban su posición sobre la condición psiquiátrica de García Cuello.

Durante la investigación, la acusada fue sometida a evaluaciones psiquiátricas para determinar su capacidad de responder ante los tribunales.

La decisión podrá ser recurrida conforme a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal dominicana.

Vía Diario Libre

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